Uruguay establece nuevas categorías salariales para el trabajo doméstico tras 20 años de reformas

Desde marzo de 2026, el trabajo doméstico remunerado en Uruguay cuenta con tres categorías laborales y salarios mínimos diferenciados según las funciones desempeñadas. La medida es resultado de un proceso de regulación, formalización y negociación colectiva iniciado en 2006, que ha permitido consolidar mecanismos permanentes de diálogo social en el sector.

Uruguay incorporó en marzo de 2026 tres categorías laborales con salarios mínimos diferenciados para el trabajo doméstico remunerado, como resultado del acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 durante la más reciente ronda de negociación colectiva. La medida, que distingue entre trabajo general, cocina y cuidados, constituye un nuevo avance en el reconocimiento de las funciones y responsabilidades de un sector históricamente feminizado y caracterizado por elevados niveles de informalidad. Según un artículo publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la decisión forma parte de un proceso de transformación de las relaciones laborales que comenzó hace dos décadas con la aprobación de la Ley 18.065.

La nueva clasificación establece diferencias según las actividades desarrolladas. La categoría de trabajo general comprende tareas de limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y mandados, mientras que la de cocina considera la elaboración y planificación de menús. Por su parte, la categoría de cuidados incluye la atención de niños, personas mayores y personas con necesidades especiales. Esta diferenciación permite reconocer la diversidad de funciones existentes dentro del trabajo doméstico remunerado mediante una estructura salarial más específica.

El acuerdo se inscribe en una trayectoria de veinte años de reformas orientadas a equiparar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas con las del resto de las personas asalariadas. Durante ese período, Uruguay avanzó en la regulación del sector, la incorporación de mecanismos de negociación colectiva y el desarrollo de iniciativas destinadas a promover la formalización y el cumplimiento de los derechos laborales.

Regulación laboral

El proceso comenzó en agosto de 2006, cuando Uruguay aprobó la Ley 18.065, que estableció un marco normativo para regular las jornadas de trabajo, los salarios, los aportes a la seguridad social y otras condiciones laborales, como descansos y vacaciones. La legislación representó un cambio relevante para una actividad que hasta entonces presentaba importantes dificultades en materia de reconocimiento y protección de derechos.

Uno de los principales desafíos fue incorporar el trabajo doméstico remunerado a los mecanismos de negociación colectiva que el país había reinstalado en 2005 mediante los Consejos de Salarios. A diferencia de otros sectores económicos, esta actividad no contaba con antecedentes de negociación colectiva ni con representaciones claramente constituidas para participar en las conversaciones entre empleadoras y trabajadoras.

Para abordar esta situación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió facultades para articular las condiciones necesarias para el diálogo. La representación de las empleadoras quedó en manos de la Liga de Amas de Casa (LAC), mientras que las trabajadoras fueron representadas por el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD). Ambas organizaciones recibieron apoyo técnico y jurídico de la Universidad de la República, lo que contribuyó a desarrollar capacidades de negociación y relaciones de confianza.

Este trabajo permitió incorporar al sector 21, correspondiente al trabajo doméstico remunerado, a los Consejos de Salarios de 2008. En noviembre de ese año se alcanzó el primer acuerdo colectivo, dando inicio a una trayectoria de negociación que posteriormente se mantendría de manera ininterrumpida.

Negociación colectiva

Desde 2008, el sector ha participado en nueve rondas de negociación colectiva, consolidando un mecanismo permanente para discutir condiciones salariales y laborales. La continuidad de este proceso constituye uno de los elementos distintivos del modelo uruguayo, al transformar el diálogo entre empleadoras y trabajadoras en una práctica institucionalizada.

La experiencia también adquirió relevancia internacional. Las representaciones uruguayas participaron activamente en las discusiones desarrolladas durante las Conferencias Internacionales del Trabajo de 2010 y 2011, que culminaron con la adopción del Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

En junio de 2012, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en ratificar este convenio, posicionándose como referente en el reconocimiento de derechos laborales para el sector. La experiencia contribuyó a orientar otros procesos de ratificación, particularmente en América Latina y el Caribe, región a la que pertenecen 19 de los 40 países que han ratificado el instrumento.

La continuidad de las negociaciones también permitió avanzar hacia acuerdos más específicos. En ese contexto, la incorporación de categorías salariales diferenciadas representa una nueva etapa, al introducir criterios asociados a las funciones desarrolladas y las responsabilidades presentes en las distintas actividades del trabajo doméstico remunerado.

Formalización y derechos

Junto con la legislación y la negociación colectiva, Uruguay implementó iniciativas para fortalecer la formalización laboral. Desde comienzos de la década de 2010 se desarrollaron campañas de sensibilización dirigidas a trabajadoras y empleadoras sobre la importancia de contar con contratos laborales y realizar aportes al Banco de Previsión Social.

Las medidas incluyeron acciones orientadas a trabajadoras domésticas migrantes, servicios gratuitos de asesoramiento jurídico para ambas partes y mecanismos de fiscalización. También se impulsaron programas de formación profesional con enfoque territorial, desarrollados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Estas iniciativas reflejan que el fortalecimiento de las condiciones laborales requiere complementar los avances normativos con instituciones capaces de facilitar su cumplimiento, organizaciones representativas y espacios estables de negociación.

A veinte años de la Ley 18.065, la experiencia uruguaya muestra cómo la continuidad del diálogo social puede contribuir a identificar nuevas brechas y avanzar en el reconocimiento de las distintas responsabilidades laborales. La Conferencia Internacional sobre Trabajo Doméstico, prevista para noviembre de 2026, abrirá un nuevo espacio para examinar los resultados alcanzados y los desafíos pendientes en la promoción del trabajo decente.

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