La transición justa se instala como uno de los principales desafíos para empresas, gobiernos y trabajadores en el marco de la economía verde, según un artículo de investigación publicado por Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul en 2026, que analiza el caso de Türkiye y sus impactos laborales en sectores como energía, industria, agricultura y servicios. El estudio plantea que el avance hacia una economía baja en carbono no solo requiere cambios tecnológicos y regulatorios, sino también políticas de gestión de personas capaces de proteger empleos, desarrollar nuevas habilidades y evitar que los costos de la descarbonización recaigan sobre los grupos más vulnerables.
El documento sostiene que el cambio climático ya está modificando las condiciones del mundo del trabajo. Sus efectos se expresan en pérdida de empleos, menor productividad laboral, riesgos para la salud y seguridad ocupacional, desplazamientos de trabajadores y mayor presión sobre sectores dependientes de los ecosistemas. Agricultura, pesca, silvicultura, turismo, transporte, energía e industria aparecen entre las actividades más expuestas, tanto por los impactos físicos del clima como por las medidas de mitigación orientadas a reducir emisiones.
A la vez, el estudio remarca que la transición verde también abre oportunidades. La expansión de energías renovables, eficiencia energética, reciclaje, agricultura sostenible y nuevas tecnologías puede generar empleos verdes. Sin embargo, esa oportunidad no está garantizada por sí sola. Para que la transición sea justa, esos nuevos puestos deben ser también empleos decentes, con ingresos adecuados, condiciones seguras, protección social, derechos laborales y participación de las personas trabajadoras en las decisiones que afectan su futuro.
Brechas laborales
El informe advierte que los efectos del cambio climático no se distribuyen de manera homogénea. Mujeres, trabajadores migrantes, personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, personas con discapacidad y otros grupos marginados enfrentan una mayor exposición a los riesgos ambientales y laborales. Esta desigualdad puede profundizar la segmentación del mercado laboral y limitar la movilidad desde empleos precarios hacia trabajos de mejor calidad.
En el caso de Türkiye, el análisis muestra que la transición afecta especialmente a los sectores vinculados con combustibles fósiles, minería, agricultura e industrias intensivas en carbono. La dependencia energética y el peso de actividades tradicionales plantean una tensión central: avanzar hacia metas climáticas sin dejar atrás a quienes dependen de empleos que podrían desaparecer o transformarse. Por eso, el estudio subraya la importancia de políticas de reconversión laboral, protección de ingresos y apoyo territorial para regiones expuestas a cierres, ajustes productivos o cambios tecnológicos.
La investigación también señala que el aumento de temperaturas puede deteriorar las condiciones de trabajo y reducir la productividad. El calor extremo, los eventos climáticos y los cambios en patrones de lluvia afectan tanto a trabajadores al aire libre como a sectores industriales y de servicios. En ese contexto, la gestión de personas deberá incorporar la adaptación climática como parte de su agenda de salud ocupacional, continuidad operacional y bienestar laboral.
Habilidades verdes
Uno de los ejes más relevantes del estudio es la necesidad de anticipar las habilidades que demandará la economía verde. La transición justa requiere identificar capacidades transferibles, diseñar programas de formación y facilitar la movilidad laboral desde sectores en declive hacia actividades emergentes. No se trata solo de capacitar para nuevos empleos, sino de construir trayectorias laborales sostenibles en un mercado que cambiará por exigencias ambientales, regulatorias y tecnológicas.
El documento destaca que muchos trabajadores de sectores intensivos en carbono poseen habilidades que podrían ser útiles en nuevas industrias, siempre que existan programas adecuados de recapacitación y acompañamiento. Esto implica fortalecer sistemas públicos de empleo, orientación laboral, certificación de competencias, formación técnica y colaboración con empresas. Para las organizaciones, el desafío se traduce en planificar dotaciones, anticipar brechas de talento y vincular la estrategia climática con la estrategia de personas.
La transición justa también obliga a revisar cómo se distribuyen los beneficios y costos del cambio. El estudio plantea que las políticas climáticas deben combinar creación de empleo, inclusión social y protección de quienes resulten afectados por la transformación productiva. En esa línea, recuerda una frase instalada en el debate laboral internacional: “There are no jobs on a dead planet.” La advertencia sintetiza que no hay futuro laboral posible sin sostenibilidad ambiental, pero también que la sostenibilidad no puede construirse debilitando derechos laborales.
Diálogo social
El artículo enfatiza que una transición justa requiere una arquitectura institucional sólida. Gobiernos, empresas, sindicatos y comunidades locales deben participar en la definición de planes de transición, especialmente en territorios dependientes de industrias intensivas en carbono. La negociación colectiva y el diálogo social aparecen como herramientas clave para prevenir conflictos, acordar reconversiones, proteger ingresos y asegurar que las decisiones no se adopten de manera unilateral.
El estudio compara experiencias internacionales y destaca que los mecanismos más robustos combinan financiamiento, inversión regional, capacitación, asistencia en búsqueda de empleo y apoyo a pequeñas y medianas empresas. La Unión Europea aparece como una referencia por su Mecanismo de Transición Justa, orientado a apoyar regiones vulnerables, diversificar economías locales y financiar planes territoriales. España, Alemania y Canadá también son mencionados como casos donde el cierre o transformación de industrias contaminantes ha requerido acuerdos, recursos públicos y políticas de largo plazo.
Para el mundo de la gestión de personas, el mensaje es claro: la transición climática ya no es solo una agenda ambiental. Es una agenda laboral, organizacional y de liderazgo. Implica rediseñar competencias, proteger empleabilidad, actualizar políticas de salud y seguridad, dialogar con representantes de trabajadores y preparar a las organizaciones para una transformación que puede afectar estructuras completas de empleo.
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