Según un editorial publicado en Crisis, un grupo internacional de especialistas llamó a gobiernos y reguladores a reconocer, medir y prevenir los suicidios relacionados con el trabajo, en un contexto global marcado por transformaciones laborales, precarización y creciente presión sobre la salud mental de las personas trabajadoras. El texto plantea que este fenómeno sigue siendo un punto ciego para las políticas públicas y los sistemas de seguridad y salud ocupacional, pese a que las condiciones laborales pueden causar o agravar situaciones de suicidabilidad.
El documento, titulado “Suicide and the Workplace – A Call for Action”, fue elaborado por Sarah Waters, Jorgen Gullestrup, Anthony D. LaMontagne, Tania King, Sally Spencer Thomas, Christine Genest, Dolores Angela Castelli Dransart y Carmen Chui Shan Lai. Allí se sostiene que, aunque el suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, cuando el trabajo o sus condiciones inciden en el riesgo, esos factores deben ser abordados desde la prevención.
Los autores advierten que el suicidio relacionado con el trabajo permanece, en la mayoría de los países, legalmente no reconocido, estadísticamente no registrado y excluido de los marcos diseñados para proteger la seguridad de los trabajadores. Esa invisibilidad, señalan, impide investigar las causas, implementar medidas preventivas y proteger a otros empleados expuestos a condiciones similares.
Riesgo laboral
El editorial recoge estimaciones recientes que indican que entre 10% y 13% de todos los suicidios, equivalentes a al menos 70 mil casos a nivel global, estarían relacionados con el trabajo o exacerbados por factores laborales. También destaca que una alta proporción de suicidios ocurre entre personas en edad laboral, muchas de ellas empleadas al momento de su muerte.
La evidencia citada en el texto muestra diferencias relevantes por sector y ocupación. Construcción, agricultura, cuidados sociales y salud aparecen entre las áreas con mayores tasas de suicidio. En el caso de la construcción en Estados Unidos, un estudio citado por los autores detectó tasas cuatro veces superiores al promedio nacional.
El análisis también identifica factores laborales específicos asociados al riesgo, entre ellos la sobrecarga de trabajo, jornadas extensas, inseguridad laboral, falta de control, turnos rotativos, acceso a medios letales, exposición a trauma, acoso, hostigamiento y culturas de gestión dañinas. Una revisión de 22 estudios independientes concluyó que la exposición a estresores psicosociales laborales se asoció con mayor riesgo de ideación, intentos y muerte por suicidio.
Punto ciego
Uno de los principales cuestionamientos del editorial es que los sistemas de información laboral no registran adecuadamente estos casos. Los autores sostienen que los datos son esenciales para la prevención, porque permiten identificar patrones, tendencias y grupos afectados. Sin información, el problema queda fuera del campo de acción pública.
El texto muestra que solo algunos países han avanzado en este ámbito. Estados Unidos registra suicidios laborales desde 1992 a través del Census of Fatal Occupational Injuries, aunque el propio documento advierte críticas por subregistro. Japón incluye el trabajo como causa identificable en sus estadísticas policiales. Francia ha desarrollado criterios para presumir un vínculo laboral cuando el suicidio ocurre en el lugar de trabajo, durante el trayecto laboral, cuando existe una carta o testimonio que lo vincula al empleo, cuando se usa una herramienta de trabajo o cuando la persona viste ropa laboral.
Australia también es mencionada como un caso de avance reciente, luego de incorporar el suicidio o intento de suicidio relacionado o presuntamente relacionado con el trabajo dentro de sus regulaciones de seguridad y salud laboral. En contraste, el Reino Unido aparece como ejemplo de exclusión, ya que sus lineamientos de reporte dejan fuera explícitamente los suicidios, aun cuando exige informar otras muertes vinculadas a accidentes laborales.
Prevención urgente
La carta abierta citada por el editorial propone cinco acciones concretas para gobiernos y reguladores: definir el suicidio relacionado con el trabajo, identificar e investigar los casos potenciales, registrarlos y monitorearlos, regular los factores de riesgo laboral, y establecer compensaciones equivalentes a otras lesiones o muertes vinculadas al trabajo.
Para los autores, la falta de reconocimiento legal no solo dificulta la prevención, sino que también deja a las familias en una situación de injusticia, sin mecanismos claros de reparación legal o financiera. En países como Japón, Francia, Bélgica, España e Italia existen distintos niveles de reconocimiento, mientras que en otros sistemas el suicidio laboral sigue siendo descartado como muerte relacionada con el empleo.
El editorial también recuerda casos de alta exposición pública, como Foxconn, Dentsu y France Télécom, donde suicidios de trabajadores fueron asociados a condiciones laborales severas, sobrecarga, reorganizaciones empresariales o culturas de gestión dañinas. Estos casos, plantea el texto, muestran que el problema no se limita a una industria ni a un país, sino que puede aparecer en distintos sectores y modelos organizacionales.
La principal advertencia es que, cuando no se investigan los factores laborales presentes en un suicidio, las mismas condiciones pueden seguir afectando a otros trabajadores. Por eso, los autores insisten en que la prevención no puede depender solo de iniciativas externas o comunitarias, sino que debe integrarse en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, con obligaciones claras para empleadores y autoridades.
Revisa la editorial completa acá: Suicide and the Workplace
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