Por RH Management
A comienzos de junio de 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó Magic, una base de datos destinada a comparar subsidios y otras formas de apoyo industrial. El organismo concluyó que las empresas manufactureras radicadas en China reciben más respaldo que sus competidoras de otras regiones y que esos instrumentos contribuyen a aumentar su participación en los mercados globales. El hallazgo reforzó una explicación conocida: una parte importante del ascenso industrial chino se debería al apoyo estatal. El debate es cuánto explica realmente ese factor frente a las capacidades acumuladas durante décadas.
El 17 de julio, el economista Kai Guo publicó en “Project Syndicate” una columna que cuestionó esa explicación: “Los subsidios no explican la competitividad de China” (Subsidies do not explain China’s competitiveness). “Como toda gran economía, China utiliza política industrial y sus subsidios han importado”, escribe. Pero sostiene que esos apoyos ya no explican por sí solos cómo sus empresas alcanzaron posiciones de liderazgo mundial en vehículos eléctricos, baterías, robots industriales, paneles solares e inteligencia artificial. La Ocde, afirma, estaría aplicando “un marco viejo a una economía que cambió”.
La primera objeción de Guo es metodológica. Según explica, la Ocde clasifica como financiamiento subsidiado los préstamos otorgados por debajo de la Loan Prime Rate (LPR), referencia utilizada por los bancos chinos para sus créditos comerciales. Guo cuestiona esa comparación porque la LPR no sería una tasa estatal preferencial, sino algo cercano al promedio del sistema bancario.
Para respaldar su reparo, compara la LPR a cinco años, cercana al 3,5%, con el costo al que se financia el Estado chino: aproximadamente 2,2% en bonos a 30 años y 1,7% en los de 10 años. En términos simples, una empresa que obtiene un préstamo a una tasa cercana a la LPR paga un interés mayor que el gobierno. Para Guo, clasificar automáticamente ese crédito como subsidiado puede convertir un préstamo comercial ordinario en prueba estadística de apoyo público.
Los datos que cita agregan otra dificultad. A partir de más de 5.300 empresas no financieras que cotizan en bolsa, Guo señala que el grueso de los préstamos sigue dirigiéndose a compañías estatales de sectores tradicionales, mientras muchas firmas competitivas dependen cada vez más de sus utilidades, la emisión de acciones y los mercados de capital. También destaca que, entre 2023 y 2025, la intensidad de los subsidios en empresas de la “nueva economía” disminuyó, al mismo tiempo que esas industrias seguían avanzando. Esa coincidencia no vuelve irrelevantes los subsidios, pero obliga —según Guo— a buscar una explicación más amplia.
Capital ingeniero
Para Guo, la competitividad china nace de la interacción entre organización industrial, capital humano, innovación y escala. China reúne distintas etapas de desarrollo dentro de un mismo mercado nacional: metrópolis tecnológicamente avanzadas conviven con extensas redes manufactureras, lo que permite trasladar parte de la producción hacia regiones interiores de menor costo sin abandonar el ecosistema productivo.
Un producto puede diseñarse, probarse, fabricarse y comercializarse dentro de una estructura integrada, antes de desplegarse sobre un mercado de más de 1.400 millones de personas. La ventaja no está solo en la escala, sino en su relación con redes de proveedores densas y especializadas, competencia intensa y capacidad técnica. Los proveedores acortan el tiempo entre un problema y su solución; el mercado interno acelera la comercialización; y la presión competitiva obliga a innovar con rapidez.
Guo destaca un activo por encima de los demás: China gradúa cada año alrededor de 3,6 millones de profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, incluidos 1,3 millones de ingenieros. Esa fuerza laboral calificada mejora procesos, adapta tecnologías, resuelve obstáculos productivos y participa cada vez más en la innovación. “El mayor activo industrial de China hoy probablemente no sea el capital financiero, sino el capital ingeniero”, concluye.
El concepto conecta con una discusión que RH Management viene sosteniendo hace meses. Un ecosistema productivo y “capital ingeniero” no describen a un Estado que solo subsidia empresas, sino a uno que crea condiciones para aprender, producir y avanzar tecnológicamente. El historiador Flavio Altamirano lo formuló así: en China “el Estado no combate al mercado: lo repara”. Isabella Weber y Hao Qi hablan de una “economía de mercado constituida por el Estado”, mientras el doctor Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre advierte que la oposición entre Estado y mercado resulta “un poco tramposa” para comprender el caso chino.
Karl Polanyi había planteado décadas antes una idea similar. Este historiador económico y antropólogo húngaro fue uno de los grandes críticos del siglo XX a la creencia de que el mercado puede regularse por sí solo. En “La gran transformación” (1944), mostró que el mercado autorregulado no constituye un estado natural: fue el propio Estado el que creó y sostuvo los mercados nacionales europeos mediante leyes, instituciones, administración y poder. Desde esa mirada, dejarlo todo “al libre mercado” también supone construir y administrar un determinado orden.
Capacidad pública
El Estado que construye capacidades no es una rareza china. Durante la edad de oro del capitalismo, entre 1950 y 1973, Europa occidental vivió su expansión más acelerada sobre una arquitectura de pleno empleo, inversión pública, regulación y Estado de bienestar. Como recuerdan Enric Tello y Francisco Comín, la ampliación de la capacidad pública contribuyó a sostener ese ciclo.
Algunos instrumentos de estabilización, como las reservas públicas de bienes esenciales, recogieron antecedentes de los “Graneros siempre normales” de la China imperial, según documentan Weber y Qi. El punto no es atribuir el keynesianismo a Confucio, sino recordar que los mercados estables también son construcciones institucionales y que las ideas económicas han circulado en más de una dirección.
La capacidad estatal china, sin embargo, tiene una cara laboral que no conviene idealizar. Guido Weksler, en “China como ruptura de la dinámica de desarrollo del Este Asiático” (Editorial Larga Marcha, 2025), analiza la formación, durante los años noventa, de un enorme “ejército de reserva”: una masa de trabajadores disponibles que compiten por los empleos y presionan los salarios a la baja.
También examina la segmentación producida por el hukou, sistema que vincula el acceso a salud, educación y seguridad social con el lugar de registro; la precariedad de los trabajadores migrantes —un 43% sin contrato en 2018, según los datos que recoge—; y las jornadas extremas del régimen “996”: trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. Nada de eso desaparece por reconocer los logros productivos.
A lo largo de esa misma trayectoria también se produjo una mejora material de escala histórica. Cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema en cuatro décadas. Los salarios reales urbanos crecieron con fuerza durante los años 2000 y la expansión educativa permitió que hijos de campesinos se incorporaran como trabajadores calificados y profesionales. Esa movilidad fue desigual, pero estuvo acompañada por políticas científicas, tecnológicas y educativas del Estado.
El “capital ingeniero” que destaca Guo es el resultado de ese proceso: primero una puesta al día tecnológica apoyada en inversión extranjera y transferencia de conocimientos; después, la acumulación de capacidades propias.
El análisis exige sostener ambas dimensiones. Weksler observa las condiciones concretas de quienes trabajan: salario, contrato, seguridad social y jornada. La perspectiva del “trabajo decente”, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, agrega otra exigencia: que el empleo respete derechos y condiciones mínimas. Las fracturas son evidentes: hukou, precariedad y 996. También lo son el progreso material y la transformación productiva. Lo serio es mantener ambas dimensiones, sin idealizar ni reducir todo a explotación.
Reducir o construir
Puestas una al lado de la otra, aparecen dos maneras de entender cómo una sociedad construye prosperidad. En Chile y en parte de Occidente reaparece el impulso de leer al trabajador como costo, riesgo o carga; reducir el Estado, recortar derechos laborales por caros, bajar impuestos al capital y esperar que el bienestar llegue después. Como mostramos en “Del peón alzado al cacho” y en “Estado, mercado y trabajo”, la prosperidad no nace de demoler las capacidades que la hacen posible.
China siguió otra trayectoria. Construyó “capital ingeniero”, ecosistema industrial, mercado unificado, educación, ciencia y tecnología; aprendió de su historia, experimentó y corrigió errores sin abandonar una dirección estratégica. No es un modelo para copiar: el régimen 996, el hukou y las restricciones políticas y laborales representan costos reales. Pero sí es un espejo que obliga a revisar las categorías con las que Occidente interpreta el desarrollo.
Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, mostraron cómo las instituciones influyen en la prosperidad a partir, principalmente, del estudio de aquellas que las potencias coloniales europeas implantaron en distintos territorios. Su concepto de instituciones inclusivas se construye desde una tradición liberal occidental: derechos ampliamente distribuidos, participación política, límites al poder y oportunidades económicas.
China se distancia de varios de esos criterios, especialmente en participación política, límites al poder y derechos laborales. Pero tampoco puede evaluarse exclusivamente desde una tradición institucional construida a partir de una historia diferente. La experiencia china puede leerse, al menos parcialmente, desde otra concepción de legitimidad: aquella que vincula la autoridad del Estado con su capacidad para asegurar estabilidad, empleo, educación, progreso material y una mejora perceptible entre generaciones.
La tradición confuciana ya relacionaba el poder del gobernante con su responsabilidad hacia el bienestar del pueblo. Mencio (372 – 289 AEC), uno de los principales continuadores de Confucio, sostuvo que quien gobernaba como tirano y abandonaba a su población perdía legitimidad. No se trata de equiparar esa tradición con la participación democrática contemporánea, sino de reconocer que existen otras formas históricas de entender la responsabilidad del poder.
La cuestión no es simplemente si China posee instituciones inclusivas según la definición occidental. Es si la incorporación de cientos de millones de personas al empleo, la educación, la seguridad material y la movilidad social puede entenderse como una forma de inclusión material y social, aunque conviva con exclusiones políticas y laborales persistentes. Esa tensión impide convertir su trayectoria en una receta, pero también descartarla mediante categorías que explican solo una parte de su experiencia.
Para las gerencias y las áreas de personas, el desafío no consiste en decidir si China “tiene razón” o si Occidente “está equivocado”, sino en observar qué sucede cuando una organización reduce a sus trabajadores a un costo que debe comprimir, o cuando un país hace lo mismo con su capacidad pública. Esa estrategia puede ofrecer eficiencia en el corto plazo; en cambio, construir conocimiento, derechos, voz y cooperación permite desarrollar capacidades que perduran.
La idea de Kai Guo merece viajar más allá de China: el principal activo de una sociedad probablemente no sea su capital financiero, sino aquello que decide aprender, desarrollar o desmantelar. Cuando dejemos de medir a los trabajadores y al Estado únicamente por lo que cuestan, y comencemos a valorar lo que somos capaces de construir con ellos, habrá comenzado otra historia.
