Por RH Management
¿Con quiénes se conversó la megarreforma? ¿Qué actores estuvieron sentados cuando se diseñó una ley que redefine simultáneamente la carga tributaria, el sistema de permisos, la relación laboral y las finanzas municipales? ¿Quién representó al 55,7% de las personas ocupadas que ganan $600.000 líquidos o menos cuando se decidió reemplazar la indemnización por años de servicio? ¿Y por qué un informe de 35 páginas destinado a reactivar el empleo —el de la Mesa de Reactivación Laboral, de junio— no menciona la palabra “sindicato” ni una sola vez?
No son preguntas retóricas. Son preguntas de diseño, y de ellas depende algo más que la justicia de una ley: depende su durabilidad y sostenibilidad.
El proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social ingresó a la Cámara el 22 de abril con la máxima urgencia y salió despachado tres meses después, con 38 artículos permanentes y 25 transitorios. Rebajó el impuesto corporativo de 27% a 23%, reintrodujo la integración tributaria, estableció invariabilidad para inversionistas, simplificó permisos ambientales y eximió de contribuciones a los mayores de 65 años. Hubo audiencias en comisión y votaciones apretadas. También hubo un número inusual de reservas de constitucionalidad: seis en el Senado, una de ellas del propio Ejecutivo, y tres en la Cámara. En paralelo avanza una reforma laboral que sustituye la indemnización por años de servicio por una cotización de 1,8%, anualiza la jornada de 40 horas sobre 52 semanas y financia sala cuna universal desviando entre 0,3% y 0,35% del seguro de cesantía.
El diagnóstico
Conviene empezar por donde el gobierno tiene razón, porque si no la conversación se vuelve inútil.
El Estado chileno es lento y presenta espacios de captura. No es una acusación de trinchera: es un dato que la propia literatura sistémica usa como ejemplo. En “La fascinante complejidad de nuestros sistemas”, publicado en abril de 2025, Jeannette von Wolfersdorff —ingeniera comercial, fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal, primera mujer en el directorio de la Bolsa de Santiago y hoy integrante del Consejo Fiscal Autónomo— recurre a Chile para ilustrar la parálisis regulatoria: el debate de la ley de instrucción primaria obligatoria duró dos décadas y se promulgó recién en 1920; la reforma al sistema de seguros privados de salud se discute desde 2008 sin acuerdo. Su pregunta es incómoda para todos: “¿Pretendemos seguir así y, por ejemplo, hacernos cargo de la regulación de la inteligencia artificial recién cuando esté completamente integrada en nuestra vida cotidiana?”.
Von Wolfersdorff describe además una patología que ningún gobierno de los últimos veinte años puede eludir: la coexistencia de una sobreburocratización crónica con una subregulación igualmente crónica. Demasiados trámites y demasiado poco control donde importa. Quien haya intentado sacar un permiso en Chile, y quien haya seguido un caso de colusión, reconoce las dos mitades.
Hasta ahí, el diagnóstico del gobierno y el de la literatura coinciden. La discrepancia empieza en la dirección de la salida.
Achicar no es simplificar
La tesis central del libro es que la pregunta “¿más Estado o menos Estado?” está mal planteada. Más del Estado actual, escribe, “sería una dosis de veneno” porque profundizaría la burocracia sin corregir la subregulación. Menos del Estado actual tendría “un efecto parecido al de fertilizar las malezas de la economía”. Su propuesta es una tercera: complejizar el Estado —hacerlo más especializado, más ágil, más distribuido y más alejado del poder económico—.
El argumento que sostiene esa propuesta es técnico, no ideológico. Von Wolfersdorff recurre al principio de “variedad requerida” del experto en cibernética Ross Ashby, según el cual “los sistemas son viables si su complejidad es mayor o igual a la complejidad de su entorno”. De ahí extrae una consecuencia regulatoria: cuando aumenta la variedad y complejidad de los participantes en el mercado, también debe aumentar la variedad de respuestas de las instituciones públicas. Si eso no ocurre, el regulador no desaparece: simplemente deja de responder de forma adecuada.
Ese es el marco. La aplicación al momento chileno es nuestra. Mientras la economía se vuelve más compleja —concentración creciente, inteligencia artificial, cadenas globales, riesgo climático—, varias respuestas recientes han apuntado a reducir capacidades, gasto o instrumentos estatales. El ajuste fiscal de mayo alcanzó $1,28 billones —unos US$1.434 millones— repartidos en 17 carteras, con Salud, Vivienda y Educación concentrando cerca del 57%. La franquicia tributaria de capacitación del Sence fue casi eliminada sin un mecanismo de reemplazo. Ya lo dijimos en este medio cuando ocurrió: la franquicia arrastraba críticas fundadas por bajo impacto, concentración en grandes empresas y mal uso, pero una mala política no se corrige con un vacío —menos en plena automatización—.
Reglas congeladas
Hay un punto donde el libro entra derechamente en nuestro terreno, y conviene detenerse ahí.
Antes de hablar de mercados, Von Wolfersdorff dedica un capítulo a los equipos de trabajo. Su conclusión desarma buena parte del sentido común de la gestión: lo que mejor predice la inteligencia de un equipo no es el talento de quienes lo componen, sino la calidad de la interacción entre ellos, y contratar a una “superestrella” puede empeorar el desempeño del conjunto en lugar de mejorarlo. Un equipo rinde cuando hay tensiones que se equilibran; se deteriora cuando todo se alinea detrás de una sola voz.
Esa misma lógica, sostiene, opera a escala de un mercado. Para nombrarla toma del Nobel de Física Giorgio Parisi la palabra “frustración”: la tensión entre fuerzas que empujan en direcciones distintas y que ningún sistema vivo puede perder sin empobrecerse. Cuando unas pocas empresas concentran demasiado poder, esa tensión se debilita y el mercado se vuelve más estático. Para quien trabaja, eso puede significar menos empleadores disputándose su experiencia, más barreras para irse a otra parte y un sueldo con menor capacidad de moverse. Un mercado excesivamente concentrado pierde tensión y tiende a congelarse. Ahí aparece una diferencia práctica entre una economía más inclusiva y una más extractiva: no solo cuánta riqueza genera, sino quién puede discutir cómo se reparte.
De ahí la duda sobre la invariabilidad tributaria, que es la misma que cabe plantear frente a lo laboral: cuánto de lo aprobado queda cerrado y por cuánto tiempo. Quienes la defienden sostienen que reduce incertidumbre y favorece inversiones de largo plazo. El problema aparece cuando la certeza se convierte en inmovilidad. Una regla clara y una congelada no son lo mismo: la primera da certeza; la segunda saca una materia de la conversación futura por la vía del contrato. Von Wolfersdorff advierte contra las normas que se dictan como si el diseño quedara resuelto para siempre y propone intervenir por etapas, medir qué ocurre y corregir.
Esa advertencia pesa todavía más en materia laboral, porque ahí lo que hay que medir son personas. La indemnización por años de servicio, la anualización de la jornada y el financiamiento de la sala cuna no son parámetros que se fijen de una vez: son condiciones de vida que se comportan distinto según el tamaño de la empresa, el sector, la rotación y el turno. Sesenta y tres artículos que reordenan cuatro sistemas a la vez, tramitados en tres meses con máxima urgencia, dejan poco margen para observar cómo caen en la práctica y corregir si caen mal.
Conviene precisar la distinción. Una reforma por etapas puede ser una buena herramienta, pero solo si quienes soportan sus costos tienen alguna capacidad real de detener, discutir o corregir el diseño. Chile conoce el problema: el Plan Laboral de 1979 reformuló la negociación colectiva después de la disolución violenta de la central sindical que habría podido disputar sus términos. Hubo correcciones posteriores —entre ellas, la prohibición del reemplazo en huelga en 2016—, pero la negociación restringida al nivel de la empresa sigue siendo uno de sus pilares. El problema no fue probar algo nuevo, sino hacerlo sin una contraparte con poder suficiente para suspender la prueba.
El espejo chileno
Aquí el libro tiene un límite y Chile tiene una historia.
El límite: en 231 páginas, sindicatos, negociación colectiva y salarios están prácticamente ausentes. La captura que Von Wolfersdorff describe es la del regulador por el incumbente, nunca la del contrato de trabajo. Su marco sirve para pensar la arquitectura; no alcanza para pensar quién se sienta en ella.
La historia chilena agrega una advertencia estructural. Ricardo Nazer documentó que entre 1990 y 2010 los grupos económicos pasaron de 26 a 113, y Javier Rodríguez Weber ha mostrado que el poder de las élites se apoya tanto en la concentración de riqueza y la estructura oligopólica de los mercados como en su influencia sobre gobiernos e instituciones. No es un fenómeno nuevo ni de un solo sector político: Chile ha cambiado de modelo productivo varias veces sin modificar en la misma proporción quién tiene capacidad para escribir las reglas.
Esa continuidad también aparece en el lenguaje. En julio de 2026, el presidente de la Mesa de Reactivación Laboral explicó por televisión que, desde la perspectiva del empleador, “cada persona es un cacho”. La frase se dijo sin ánimo de ofender, y por eso mismo es reveladora: el trabajador todavía puede aparecer ante quien decide como costo, riesgo o problema, y no como contraparte de un acuerdo.
La teoría institucional de los últimos Nobel aporta un punto que aquí basta formular de manera simple: el crecimiento y la innovación dependen de reglas capaces de distribuir poder, no solo de producir eficiencia. Acemoglu y Johnson lo llevan directamente al terreno laboral en “Poder y progreso”: el cambio tecnológico no eleva por sí solo los salarios; los trabajadores necesitan capacidad de negociación para participar de sus beneficios.
Nada de esto obliga a defender el statu quo laboral chileno. Este medio no defendió acríticamente el proyecto de negociación multinivel que se retiró en marzo: sus riesgos de diseño eran reales en un país con 18,9% de sindicalización. Pero retirar la conversación no es lo mismo que corregir un proyecto. Y una reforma que redefine la indemnización, la jornada y el financiamiento de la sala cuna sin que la palabra sindicato aparezca en el informe que la fundamenta no está simplificando el Estado: está reduciendo la mesa.
¿Es sostenible?
La pregunta final es la que ordena todas las anteriores, y es una pregunta de sistemas antes que de política.
Von Wolfersdorff sostiene, siguiendo al economista Brian Arthur, que todos los sistemas complejos creados por el ser humano terminan expuestos a la captura por intereses particulares. Por eso hacen falta contrapesos explícitos, iteración, transparencia y métricas que se revisen. Un ordenamiento construido con un solo interlocutor no falla solo porque pueda ser injusto. Se avería porque un sistema sin fuerzas contradictorias pierde capacidad de corregirse y, cuando llega el shock —una crisis fiscal, una automatización acelerada, un ciclo del cobre a la baja—, tiene menos respuestas disponibles.
Chile ha atravesado distintos ciclos de crecimiento y modernización. La dificultad persistente ha sido convertirlos en una distribución más equilibrada de poder, salarios, seguridad y capacidades productivas. Cambiar la forma de producir riqueza no garantiza cambiar quién tiene poder para apropiarse de ella.
Por eso lo que está en juego no es si esta reforma atraerá inversión —puede que sí—, sino si un acuerdo construido entre pocos puede sostenerse en el tiempo. Un país puede bajar impuestos, acelerar permisos y flexibilizar la jornada, y aun así seguir sin resolver quién gana, quién decide y quién queda esperando que el progreso se traduzca en vida digna. Nadie discute la necesidad de reglas claras. Pero siempre resultan más nítidas para quien estuvo en la sala donde se escribieron.
