Según publicó El Mostrador, siete trabajadores vinculados a operaciones de la industria salmonera murieron en enero de 2026 en las regiones de Aysén y Los Lagos, en medio de cuestionamientos a las condiciones de seguridad del trabajo submarino y a una cadena laboral en la que contratistas y subcontratistas cumplen un rol central, mientras el país espera la puesta en marcha de la ley 21.789.
Uno de los casos ocurrió el 8 de enero, cuando el buzo comercial Manuel Esteban Matus Caamaño, de 29 años, murió durante una faena en el canal King, cerca de Melinka, en el centro de engorda Martita, instalación de Australis Mar. El trabajador prestaba servicios para DM Services, empresa subcontratista, y su fallecimiento dio origen a una investigación de la Fiscalía de Puerto Cisnes. Veinte días después, el catamarán Koñimó I se hundió en el fiordo de Reloncaví y murieron seis tripulantes que trabajaban para la contratista Agua Santa en labores para Salmones Austral y Trusal.
Ambos episodios volvieron a instalar una pregunta de fondo sobre la organización del trabajo en el sector. Según estimaciones recogidas en la nota, alrededor del 40% de los buzos que operan en centros de cultivo lo hace bajo esquemas de subcontratación, muchas veces mediante contratos temporales por obra o faena. En la práctica, buena parte de estas tareas no son ejecutadas por trabajadores contratados directamente por las salmoneras, sino por firmas externas que reclutan, pagan y supervisan al personal.
Modelo laboral
La estructura descrita en la publicación adquiere especial relevancia porque el trabajo submarino aparece como una función crítica dentro de la cadena productiva. Más de 6.000 buzos participan en labores ligadas a la acuicultura, como mantención de redes, inspección de estructuras y reparación de instalaciones bajo el agua. Esa centralidad convive con una red amplia de servicios externos, transporte marítimo y empresas especializadas, lo que ha reforzado el debate sobre el alcance efectivo de la responsabilidad de las compañías principales frente a accidentes fatales y lesiones graves.
La ley 21.789, aprobada por el Congreso en diciembre de 2025 y publicada en enero de 2026, busca intervenir precisamente en ese punto. La norma crea por primera vez un contrato laboral específico para buzos profesionales en centros de cultivo, establece obligaciones de seguridad y dispone que las empresas principales que contratan servicios de buceo deben supervisar el cumplimiento de las normas por parte de contratistas y subcontratistas. Además, el artículo 145 bis E presume que toda actividad de buceo desarrollada en concesiones o instalaciones de centros de cultivo se realiza bajo régimen de subcontratación.
La misma ley también establece que las empresas mandantes serán solidariamente responsables de las indemnizaciones por daño moral y lucro cesante en caso de muerte o lesiones de un trabajador. Sin embargo, la publicación advierte que su impacto concreto sigue abierto, porque la entrada en vigencia está fijada para el 1 de julio de 2026 y depende de un reglamento que todavía no existe. Allí deberán definirse aspectos decisivos, como horas máximas de buceo, descansos entre inmersiones, métodos prohibidos, protocolos de emergencia y acceso a cámaras hiperbáricas.
Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, advirtió que “el verdadero desafío” está en la implementación del reglamento, que a tres meses de la entrada en vigencia de la ley todavía no contaba con un borrador público. Según la misma fuente, la elaboración de esa normativa secundaria está a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto con la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social y Directemar, sin participación vinculante de organizaciones de buzos ni sindicatos.
Riesgos vigentes
La discusión no se limita al diseño contractual. La nota sostiene que persisten observaciones sobre materias que la ley no resolvió de forma expresa. Entre ellas aparece la recomendación de un estudio de la Superintendencia de Seguridad Social de 2020, que proponía jornadas de buceo de no más de cinco horas diarias, y la ausencia de una prohibición explícita del llamado buceo yo-yo, práctica en la que los trabajadores bajan y suben repetidamente sin pausas adecuadas de descompresión.
El antecedente de Katherine Pérez Moraga, fallecida en 2022 mientras trabajaba para la subcontratista Austral Service en un centro de cultivo ubicado dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini, aparece en el reportaje como uno de los casos que empujó la discusión legislativa. La trabajadora realizaba labores a una profundidad mayor a la prevista para el equipo utilizado, y su muerte llegó al Congreso tras denuncias públicas en Magallanes. El episodio fue presentado como un punto de inflexión para instalar la necesidad de una regulación específica del buceo en la industria salmonera.
Cifras cruzadas
Sobre el alcance del problema, la publicación recoge cifras contrapuestas. Ecoceanos afirma que 90 trabajadores han muerto en actividades vinculadas a la industria salmonera en los últimos doce años y que la mayoría de esos casos correspondía a esquemas de subcontratación. A la vez, datos de Directemar citados en la nota indican que entre 2004 y 2026 se registraron 274 accidentes de buzos en centros de cultivo salmoneros, de los cuales 49 terminaron con la muerte del trabajador.
SalmonChile, por su parte, cuestionó la comparación de cifras y señaló que “circulan cifras inexactas” al mezclar accidentes laborales, de trayecto, operaciones de buceo y otros hechos que no responderían a una misma categoría. El gremio añadió que trabaja con datos oficiales para mejorar estándares de seguridad, sostuvo que la tasa de accidentabilidad bajó de 3,0% en 2019 a 1,7% en 2024, y reconoció que aún existen desafíos relevantes en la gestión de seguridad en distintas faenas.
La secuencia de enero dejó así algo más que dos tragedias separadas. Expuso, otra vez, que una parte sustantiva del trabajo más riesgoso de la industria salmonera descansa sobre una estructura tercerizada y que el cambio legal recién aprobado todavía no ofrece certezas operativas. En ese escenario, la discusión ya no se limita a cuánto produce el sector, sino a cómo se organiza, quién responde por las condiciones de trabajo y qué tan efectiva será la fiscalización cuando la nueva normativa entre en vigencia.
