Salarios justos, ¿más mercado, mejores políticas públicas o nueva constitución? Vol. 2

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Conversamos con un experto en derecho laboral y un doctor en historia económica, además de economistas y especialistas en compensaciones de consultoras internacionales. Conoce las reflexiones de Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer Chile y economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina; Mario Matus, doctor en historia  económica de la Universidad de Barcelona  y profesor asociado en el Departamento de Ciencias Históricas de la U. de Chile;  Alex Jaques, country leader de Korn Ferry; Sergio Gamonal, director académico del magíster en derecho laboral de la UAI; Juan Bravo, director Observatorio del Contexto Económico UDP y Marco Kremerman, economista e investigador Fundación Sol.  

Con todos los antecedentes recogidos en nuestro Vol. 1 quisimos preguntar a varios expertos sus puntos de vista respecto a las cifras y las consecuencias de los contextos sociopolíticos de los que somos testigos. El objetivo: poner argumentos nuevos para entender qué hacer frente a los cambios en curso, y, por cierto, cómo mejorar la situación salarial de la mayoría de nuestra fuerza laboral.

Agustina Bellido: más transparencia y garantizar equidad salarial

Agustina Bellido, líder de carrera en Mercer Chile y economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina, clarifica el rol de las empresas y sus accionistas en relación a tener salarios más justos a la altura de los tiempos. Afirma que se debe “indagar un poco respecto al concepto de “capitalismo de las partes interesadas”. Este concepto largamente promovido por el World Economic Forum, WEF, pone a las empresas como parte de esta red de actores fundamentales en la generación de un ambiente sostenible… Este concepto responsabiliza a las compañías de aspectos ambientales, sociales y gubernamentales. En resumen, las organizaciones no sólo deben velar por su negocio sino que por el mundo en el que están insertas. Aquellas que verdaderamente lo hagan en forma responsable serán más prósperas y perdurarán, en gran medida porque el mercado las valorará más (mediante el precio de la acción por ejemplo o, la preferencia de los consumidores) como también atraerán mejor talento que acelerará el crecimiento. Entonces, como parte de esto, las compañías tienen el rol social de trabajar sobre su “población”: empleados. Deben brindar una propuesta de valor equilibrada y garantizar la equidad salarial. Este concepto no tiene muchos años y recién en la post pandemia está siendo crítico para las compañías chilenas. Esto debería ir evolucionando”. 

Respecto al por qué de la precariedad laboral en Chile, la experta enfatiza que no hay una causa única. “En muchos casos la falta de transparencia o visibilidad de las realidades hacia los accionistas por ejemplo, no ayuda. Adicionalmente, el poco incentivo o peso que se le da a la capacitación para el “upskilling o reskilling”. En muchos casos, las organizaciones no han invertido en generar empleabilidad futura, en brindar las herramientas para que los empleados tengan desarrollo interno vertical o que puedan salir fuera de la empresa mejor preparados”, agrega.

Asimismo, argumenta que no tiene la “verdad absoluta” para explicar cómo se resuelve la desigualdad salarial. Sostiene que “es muy relevante que las compañías y el Estado se comprometan a trabajar en las brechas. Los países desarrollados tienen pirámides mucho menos verticales o jerárquicas de las de Chile porque trabajan en el desarrollo de su gente, aumentando la complejidad de los roles y la productividad. Adicionalmente, la transparencia es un camino muy bueno como también la gestión de compensaciones con políticas salariales estructuradas y con un governance firme por parte del liderazgo y accionistas (por ejemplo en garantizar equidad de género, reclutar en banda)”.

Bellido reflexiona en torno al por qué los modelos económicos y salariales en países Ocde son menos desiguales. Argumenta que “son, en general, más evolucionados que Chile respecto a transparencia, han generado políticas de empleabilidad, poseen empleos menos precarios, entre otros puntos. Además, empiezan el camino desde la educación primaria con políticas más inclusivas, desarrollan el talento “generalista”. Pero atención, en Chile esto se está iniciando. En industrias como el retail está empezando a haber posiciones más híbridas que son capacitados para realizar más de un rol en la tienda, por ejemplo. Esto también sucede en industrias con alto nivel de automatización como la minería en dónde se reentrena a los empleados para realizar otras tareas incluso fuera del área de expertise de los colaboradores. Queda camino por recorrer pero en algún punto podemos decir que hay un poco más de consciencia respecto al tema y más presión de los distintos actores de la sociedad”.

Mario Matus: mayor compromiso fiscal y redistributivo 

El doctor en historia económica de la Universidad de Barcelona y profesor asociado en el Departamento de Ciencias Históricas de la U. de Chile, Mario Matus, opina que el debate entre un salario justo (fijado) y un salario de mercado le parece bastante superficial, ”porque la inflación y los ajustes macro que se están haciendo para corregirla desplazarán continuamente los rangos de lo que en un momento determinado se podría establecer como justo”. No obstante, acá el historiador ve una importante oportunidad para construir una “cultura salarial participativa dentro de las empresas, que también impregne a los sindicatos”.

Para Matus el tema clave en realidad es cómo elevar los ingresos de las familias, lo que comprende los ingresos autónomos (las remuneraciones) y los aportes del Estado a través de bienes públicos fundamentales (subsidios a educación, salud, pensiones, vivienda y transportes). “De hecho, los trabajos de Piketty, Milanovic, y muchos otros que los antecedieron, demuestran que la desigualdad se redujo en Europa Occidental no porque subieran mucho los salarios reales, sino más bien porque los sistemas impositivos se fueron haciendo más progresivos y en general se elevó la carga fiscal, y todo eso permitió que el Estado aportará por lo bajo un 40% de los ingresos totales de las familias”. 

En consecuencia, recalca, no se necesita subir tanto los salarios reales. “Lo que se requiere es hacer un mayor compromiso fiscal y redistributivo por parte del Estado… Se requiere un pacto trilateral moderno entre empresarios, Estado y sindicatos”, agrega.

Mirando los procesos históricos le preguntamos, ¿cómo se resuelve la desigualdad salarial en Chile? Nos dice que cuando hay desigualdad permanente y riqueza extrema naturalizada se genera a largo plazo un escenario social y político pendular, “que va desde momentos de mucha confrontación y estallidos sociales, a momentos donde soluciones de tipo autoritario logran calmarlos sólo por un período momentáneo”. 

A su juicio, la historia nos muestra que el escenario es de suma cero, “donde ningún grupo logra visualizar que si la torta crece, todos ganan”. Por lo tanto, cuando se generan crisis de tipo redistributiva surgen las fuerzas pendulares y hace más difícil “escapar de esta lógica institucional informal perversa”. Asegura que el modelo vigente está marcado por este orden porque está grabado en la actual constitución. 

Sugiere que se requiere promover “nuevas reglas del juego económico que integren a los actores, que les permitan sentirse partícipes de la prosperidad y que generen actitudes más centrípetas que centrífugas, como ocurre actualmente. Todo eso pasa por un entorno institucional que incentive otro tipo de comportamientos, más bien colaborativos y de convergencia entre empresarios, Estado y trabajadores”. 

En relación al escenario constituyente y su impacto en los salarios, el doctor en historia económica subraya que “es fundamental, porque puede promover la ramificación de sistemas normativos de segundo y tercer nivel con naturalezas muy distintas”. Y agrega, “en el caso de la constitución de 1980, a pesar de las reformas introducidas durante el período de Lagos en el ámbito político, en lo fundamental no se alteró la arquitectura institucional perversa que se esconde tras la falsa pretensión de que promueve una economía social de mercado, como sí lo hacía, por ejemplo, la alemana de Erhard. Básicamente, Guzmán y sus seguidores pervirtieron el concepto de economía social de mercado que habían creado los alemanes tras la segunda guerra mundial y convirtieron el instrumento de la subsidiariedad del Estado en una forma solapada de jibarización extrema del Estado, que no ocurrió en el caso alemán, sino todo lo contrario”. 

Al respecto, Matus es categórico en mostrar las incongruencias y “aberraciones” de la constitución elaborada en dictadura. “En el modelo ordoliberal alemán, el Estado nunca transfirió la provisión esencial y mayoritaria de bienes públicos fundamentales al sector privado, desplazando renta recaudada, incluso desde los más pobres, para financiar sistemas educacionales, sanitarios y de pensiones”, subraya. En el caso chileno estos dineros se los llevaron grandes grupos económicos vía isapres, clínicas, AFP, universidades privadas, entre otros. “Tal aberración es la antítesis de una economía social de mercado. Por lo tanto, el desafío que encara esta nueva constitución es precisamente asumir el rol fundamental del Estado como proveedor de bienes públicos y evitar que los recursos estatales sean apropiados, a través de negocios privados lucrativos que se apartan de su naturaleza”, concluye.

Alex Jaques: mentalidad de crecimiento mejora salarios

Para Alex Jaques, country leader de Korn Ferry,  las empresas y sus accionistas están mejorando las condiciones salariales para que sean más justas. Señala que “la evidencia del mercado muestra que las compañías han comenzado a invertir en el desarrollo de carreras tanto para cargos profesionales como administrativos y operativos”. Asegura que esto se está haciendo dentro de sus procesos de transformación y que, en su opinión, “representa el punto de inflexión que se conectará con productividad”. A su juicio, el desarrollo de carrera es un mecanismo justo para dar oportunidad a los colaboradores en el logro de sus objetivos y, por consiguiente, “un nivel de agregación de valor mayor que conduzca a un salario de mayor competitividad”. 

Según Jaques la desigualdad salarial en Chile por parte de las y los trabajadores se resuelve con mayor productividad, “a través de aprender y aplicar nuevas formas de hacer las cosas”. Por el lado del mercado, sostiene, “generando desarrollo de carreras y oportunidades de crecimiento organizacional, entendiendo que esto conduce a mejores resultados totales en costos, producción, seguridad, ambiente laboral, a la vez que permite a los colaboradores crecer tanto en satisfacción personal como en ingresos”.

El country leader de Korn Ferry afirma que para lograr mejores salarios y justicia social se están dando pasos sostenibles en esa dirección. “ Nuestra data muestra que las empresas trabajan fuertemente el concepto de equidad salarial que no significa igualdad, sino que a responsabilidades similares los sueldos deben ser similares. Nosotros manejamos los conceptos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Ambas forman hoy parte de las culturas organizacionales en las empresas chilenas. Mientras más cerca estás de una cultura de mentalidad fija, menos posibilidad hay de cambiar la situación actual, ya que el paradigma es que el ser humano no es capaz de desarrollarse y crecer, y por lo tanto queda estancado, o que si crece se nos va. Por el contrario, donde existe una mentalidad de crecimiento se observa la movilidad social, el crecimiento personal, la capacidad de asumir funciones distintas y/o de mayor responsabilidad. La respuesta es: una cultura organizacional que cuente con la mentalidad, valores, comportamientos, procesos, sistemas y estructuras que conduzcan y faciliten el crecimiento de las personas, ese es el camino”, recalca.

Sergio Gamonal: normas laborales del primer mundo 

Para Sergio Gamonal el rol de las empresas y sus accionistas es clave para mejorar salarios, sin embargo, no observa voluntad de hacerlo. “En Chile no ha habido una voluntad de mejorar salarios porque forma parte del esquema del negocio pagar poco. Cada año tiene que haber más ganancias y esto redunda de que cuando ya no hay más, se va por los salarios o el medioambiente, o ambas. Hay poca sensibilidad y poco ánimo de buscar pagar mejor y obtener un intercambio justo”, señala. 

Asegura que los salarios precarios no son solo consecuencia de la productividad. “El país ha crecido y las empresas han tenido utilidades considerables el último tiempo y eso no se refleja en su mejora, salvo en los salarios de los gerentes, dado que ellos sí cuentan con poder de negociación”, asevera. 

En otras palabras, analiza: “intentar justificar la brecha salarial en una supuesta baja productividad es una excusa. Si la productividad fuera negativa, el país no habría crecido desde 1990. Entonces, uno puede preguntarse, por qué los choferes, basureros, asistentes de enfermería y cajeros de supermercado tienen un salario relativamente bajo aunque sus labores fueron esenciales durante la pandemia. y la respuesta no es que sean improductivos, sino que no cuentan con poder negociador, de hecho, casi no negocian colectivamente. Se trata del poder”.

Opina que una economía de libre mercado, sin regulación, no tiene ninguna respuesta para la mejora salarial, “ya que el más fuerte se va a aprovechar del más pequeño y débil”. 

En cuanto al proceso constituyente asevera que las constituciones son claves por muchas razones. Afirma que representan el acuerdo social mínimo para el desarrollo de un país. Sin embargo, no son suficientes para que las cosas cambien. “Necesita ser complementada con leyes y deben existir actores políticos que desde la democracia confirmen la voluntad de transformación, pero también pueden surgir los Trump o Bolsonaro que desde adentro la destruyan. Las constituciones inciden en el día a día de las personas. En nuestro orden jurídico actual es evidente su impacto. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Bachelet se implementaron políticas en favor de las y los trabajadores, y el Tribunal Constitucional las frenó porque la constitución del ´80 ampara su explotación”, enfatiza.

En relación con la nueva constitución y a su impacto en los salarios, Gamonal es claro. “La propuesta nos instala en el primer mundo. Acá se consagra un Estado social de derecho, democrático, plurinacional, paritario y con respeto al medio ambiente. Es un camino de 10 a 20 de años de cambios con leyes de complemento y que deben reflejar su espíritu de transformación. De aprobarse la constitución en el mediano plazo se va a reforzar lo sindical y tendremos negociación ramal, lo que será clave para la brecha salarial, en su mejora y será el inicio del fin de los trabajos precarios. Por último, la mejora salarial constituye un buen camino al desarrollo de nuestro país, armonizando crecimiento con redistribución del ingreso”, concluye. 

Juan Bravo: productividad y crecimiento 

Para Juan Bravo, director Observatorio del Contexto Económico UDP, los salarios se determinan por la productividad, confirmando así la mirada clásica de este mundo respecto a las causas de los bajos salarios. “Si los países logran mayores índices de productividad, los trabajadores acceden a mayores ingresos laborales”, afirma. Recalca que los datos constatan que mientras más alto es el nivel de educación de las personas, mayores son sus ingresos.

Sin embargo, asegura que en un corto plazo hay que atender aquellos casos de trabajadores con jornada completa y donde su salario igual los hace pobres.  Enfatiza que como sociedad debemos tener un “principio”, que ningún trabajador y sus familias estén por debajo de la línea de la pobreza como consecuencia de un salario precario de jornada completa. En este sentido, asevera que la políticas públicas y la mirada social juegan un rol vital, ya que la mejora en la productividad toma muchos años. 

Según el economista UDP, hoy existe la herramienta del ingreso mínimo garantizado, pero está mal diseñada. Sostiene que se debe corregir por cargas familiares, ya que la línea de la pobreza se mide desde ahí. Asimismo, insiste, en que los montos asignados se ajusten para asegurar que se llegue a la línea de pobreza, y no quedar abajo, como es hasta ahora.  

Para el especialista, las leyes laborales son las que tienen un rol mayor en especificar su marco de funcionamiento. En cambio, asegura, son las constituciones las que deben remitirse a consagrar los grandes principios rectores. 

A su juicio, la propuesta de nueva constitución avanza en alguna de esas directrices. “Por ejemplo, consagra el derecho al trabajo y el trabajo decente”. Sin embargo, afirma que “es el crecimiento el que garantiza más y mejores empleos”. Por lo tanto, destaca, que lo planteado en la propuesta depende de las condiciones económicas. 

En relación al crecimiento, Sergio Gamonal dice que Chile ha tenido mucho crecimiento pero este no se reflejó en los salarios, sólo en las utilidades, y se pregunta: “¿qué país con crecimiento desregulado, como el nuestro, ha podido mejorar los salarios?”. Para tener mejores sueldos el abogado insiste en que ese crecimiento debe ser con equidad. 

Otro avance de la nueva propuesta constitucional, continua Juan Bravo, “es que tiene un compromiso más férreo en cuanto a no discriminación arbitraria en lo laboral”, ya que no le permite al legislador hacer ninguna excepción a no ser que sea por capacidad e idoneidad personal. 

Respecto a las sombras de la propuesta, asevera, que hay aspectos que pueden generar incertezas jurídicas como el articulado que se refiere al derecho de las y los trabajadores de participación en las decisiones de la empresa, vía sindicatos. Afirma que, a pesar de dejar en manos del legislador la regulación, “sí consagra el derecho, por lo tanto no puede existir oposición”, y de este modo la compañía estará obligada a acatar. Y agrega. “Ese derecho debilita el derecho de propiedad, ya que significa disponer libremente de los bienes que se posee”. Para Bravo la incertidumbre estará hasta que se regule.

En relación a la participación en las decisiones de una organización, Sergio Gamonal cree que la evidencia internacional muestra muchos matices, como sucede con las países escandinavos y Alemania, donde hay participación “sin conflicto”. Agrega: “Acá el sindicato no decide dónde va a invertir la empresa, por ejemplo, esas son decisiones de sus accionistas o dueños”. Respecto a si afecta a la propiedad, subraya que “la empresa no es dueña de sus trabajadores y ellos sí se juegan la vida en su trabajo, por lo tanto un sindicato puede decir si una faena es peligrosa o no. Enfatiza que el derecho a participación en países desarrollados tiene que ver en cómo organizar el trabajo, y en nada más. 

Otro aspecto conflictivo, señala el economista de la UDP, “es que la huelga se puede volver un derecho ilimitado”. Afirma que solo se les prohíbe a las policías y las FF.AA. como en gran parte de otras constituciones. En cambio en esta nueva propuesta constitucional ya no se le podría prohibir a nadie, solo se limita de manera excepcional. 

Sin embargo, para el director académico del magíster en derecho laboral de la UAI, sostener que la huelga es ilimitada, “es una interpretación mañosa”. Explica que “en Chile ninguna huelga podrá afectar la vida, la salud o seguridad y en el artículo 264 letra n de la nueva constitución dice que la ley deberá regular la materia laboral sindical de huelga y negociación colectiva”. Y “acá hay un límite claro”, remarca. 

Pare el investigador del Observatorio del Contexto Económico UDP, el derecho a huelga es positivo y relevante, no obstante no es “absoluto”, ya que choca con otros de mayor jerarquía (salud, vida). Se muestra crítico respecto al derecho de huelga en el sector público, ya que generaría varias complicaciones, una de ellas sería que negocian con el erario nacional. 

Gamonal, no obstante, se pregunta si hay algún país en el mundo que prohíba la huelga en el sector público. “En la mayoría de los países de la Ocde existe derecho de huelga del sector público, salvo en Chile”. 

Marco Kremerman, modelo laboral cambia con nueva constitución 

El economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, señala que los accionistas y empresas juegan un rol clave en lo salarial, más aún en un mercado altamente concentrado como el chileno. Y agrega un dato: “las grandes empresas generan cerca del 40% del trabajo… no es el 80%”. La influencia de las compañías de gran tamaño, según el investigador, determina cómo se mueve la estructura salarial completa. “La Pyme no está en una isla separada del resto de la economía, en muchos casos son proveedoras, contratistas o competidoras, y las condiciones de las grandes terminan afectando a toda la economía como un domino”. 

Por lo tanto, recalca que la desigualdad se alimenta “cuando existen directorios o dueños que conciben que lo más importante es generar utilidades, a veces ilimitadas y con niveles de rentabilidad anormales”. Afirma que la generación de utilidades es legítima, pero no puede ser a todo evento y a costa de pagar salarios de pobreza. Acá el especialista pone una alerta ética. A su juicio, esos mismos empresarios son quienes prestan el dinero que sostienen la demanda interna, gracias al endeudamiento masivo de trabajadores con sueldos precarios.

Kremerman sostiene que “lamentablemente cuando vemos los resultados de la encuesta INE, aunque en las empresas grandes los sueldos son más altos, uno no ve un nivel salarial que pueda concluir que están en una buena situación”.

En relación con la discusión sobre productividad y crecimiento como palanca para mejorar sueldos, el investigador de la Fundación Sol, aporta una mirada distinta. Plantea que si Chile fuese un país donde los salarios alcanzaran para poder vivir normalmente, uno podría hablar de productividad y crecimiento como la manera para escalar en los ingresos. Pero remarca, no es nuestra realidad. De su reflexión se desprende un componente ético ausente en la ecuación. Se pregunta ¿cómo es posible tener una economía donde un trabajador de jornada completa genere un ingreso que no supera la línea de la pobreza versus cuantiosas ganancias?

Asevera que tenemos que ponernos de acuerdo antes para medir desde la productividad y el crecimiento. Enfatiza que hoy la línea de pobreza está en 530 mil pesos para un hogar con 4 personas y el INE nos dice que el 50% de la fuerza laboral con jornada completa gana 458 mil pesos líquidos. “No es posible que una persona con su trabajo no pueda sacar a su familia de la línea de subsistencia”, recalca. 

Para el experto, la visión sobre crecimiento y productividad se impone de forma unilateral. Y aquí, afirma, se debe tener un discusión democrática que defina un nuevo marco de relaciones laborales con una cancha nivelada de igual a igual entre empresarios y sindicatos, y “no como el modelo unilateral actual donde la empresa propone y dispone, y donde además, el 10% de las y los trabajadores que negocian, lo hacen de forma muy adversa”, indica.

Al reflexionar sobre la nueva constitución y salarios, Marco Kremerman enfatiza que “un cambio constitucional es una condición necesaria pero no suficiente”, vale decir, agrega: “es muy importante que una constitución esboce los principios” de cómo se va ordenar una sociedad. 

En este sentido destaca, que el modelo de relaciones laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga, incorporados en la propuesta constitucional, “cambian el paradigma” y son un avance que permite empezar a desmontar el plan laboral diseñado por José Piñera en la dictadura, “y que nos rige en un 95%”, enfatiza.    

Finaliza advirtiendo que, a pesar de los cambios constitucionales que podrían ser aprobados el 4 de septiembre y que  darán el rayado de cancha a futuras legislaciones, no será suficiente, ya que se requiere el impulso de los gobiernos de turno y de mayorías en el parlamento que los permitan.  

En foto de izquierda a derecha: Agustina Bellido, Mario Matus, Alex Jacques, Sergio Gamonal, Juan Bravo y Marco Kremerman. 

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