Por Magdalena Garcés, Académica Escuela de psicología universidad Católica de Chile y Rodrigo Finkelstein, Investigador postdoctoral, Escuela de Trabajo Social UC. Docente y autor de libros sobre salud y bienestar laboral.
En los días previos a las elecciones, específicamente el 10 de octubre – día mundial de la salud mental- que este año la OMS dedicó a la salud mental en el trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social publicó el informe anual de la evaluación de los riesgos psicosociales del trabajo realizado con el cuestionario Ceal-Sm durante el año 2023. Lamentablemente, los resultados no son para nada alentadores. Chile vive una crisis de salud mental en el trabajo, que debemos abordar desde la institucionalidad, considerando la magnitud del problema y sus implicancias a nivel social y de la salud poblacional.
Uno de los aspectos más preocupantes de este informe, apunta a que estos resultados corresponden sólo al 27% de los(as) trabajadores(as) que deberían haberse evaluado en el año 2023, a pesar de que la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales es obligatoria para aquellas empresas públicas y privadas con 10 o más trabajadores/as. Esto no sólo nos impide conocer el real alcance de esta problemática en nuestro país, sino que también instala la pregunta respecto de qué está sucediendo a nivel de gestión y fiscalización por parte de las entidades regulatorias y los organismos administradores del seguro (Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad, Instituto de Seguridad del Trabajo e Instituto de Seguridad Laboral). Estos últimos, no solo deben capacitar, asistir y asesorar en la evaluación e implementación de medidas correctivas, sino que también debieran informar a la autoridad sanitaria (Minsal) o a la Dirección del Trabajo sobre aquellas empresas que estando sujetos a evaluación no han comenzado sus procesos o bien han incumplido la normativa. Por lo tanto, una tasa del 27% de cumplimiento para una regulación obligatoria merece una explicación.
Además, el informe revela que el 75% de los centros de trabajo evaluados presentan niveles de riesgo medio y alto en salud mental, situación que el mismo informe determina como un alerta sobre la mala salud mental que necesita de una acción inmediata. Al respecto, el informe literalmente señala que estamos frente a una: “verdadera urgencia en la gestión del riesgo psicosocial”. Esta situación no debiera dejarnos impávidos, pues como investigadores/as expertos/as en salud y bienestar laboral han evidenciado, los índices de salud y bienestar en el trabajo correlacionan directamente con la salud mental de la población de un país. Es por ello, que cuando hablamos de una crisis de salud mental a nivel laboral, de algún modo estamos también hablando de lo que está sucediendo con este tema a nivel país.
Por otra parte, de las 12 dimensiones del riesgo psicosocial evaluadas, 7 se encuentran en nivel medio y alto en más del 50% de los centros de trabajo, resultados que demandan una intervención decidida según lo estipulado por el método Ceal-Sm. De estas 7 dimensiones, la vulnerabilidad y la carga de trabajo lideran la lista. En el 89,4% de los centros de trabajo los trabajadores/as se encuentran expuestos a riesgo medio y alto en la dimensión vulnerabilidad y en el 87,5% de estos, los trabajadores/as se encuentran expuestos a riesgo medio y alto en la dimensión carga de trabajo. Con estas cifras, cabe preguntarse por el rol y la eficacia que está teniendo la institucionalidad asociada a esta materia.
En síntesis, estos resultados no hacen más que plantearnos una serie de preguntas, ¿Qué está ocurriendo que las cifras no han podido revertirse? ¿Qué tan eficiente son las intervenciones que promueven los organismos administradores? ¿Cuánto tiempo más esperaremos para abordar esta problemática de una manera efectiva?
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management.
