Redes que desenredan

Según Américo Ibarra Lara, director del Observatorio en Política Pública del Territorio de la Universidad de Santiago de Chile, las redes de trabajo interorganizacionales se posicionan como esenciales para la implementación de políticas públicas, facilitando una gestión pública más colaborativa y efectiva en la era de la interconexión.

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Por Américo Ibarra Lara, director Observatorio en Política Pública del Territorio, Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido, Universidad de Santiago de Chile.

Las redes de trabajo interorganizacionales se han convertido en un elemento cada vez más relevante y común en el entorno actual. Estas redes representan muchas veces relaciones horizontales entre organizaciones que se respaldan mutuamente, sin que ninguna de ellas tenga la capacidad de imponer acciones comunes a las demás. Esta modalidad de trabajo se manifiesta de diversas formas y está adquiriendo una importancia creciente también en la esfera de la administración del estado. En el sector público, una red implica un conjunto seleccionado, persistente y estructurado de organizaciones autónomas que colaboran en la producción de bienes y servicios públicos, basándose en contratos implícitos y abiertos para adaptarse a las contingencias del entorno y coordinar los intercambios de manera eficaz.

Las redes de trabajo se perciben como una combinación entre los mercados y las jerarquías, y suelen clasificarse en un continuo que va desde los cuasi-mercados hasta las cuasi-jerarquías. En cualquier caso, las redes son estructuras de interdependencia que implican a múltiples organizaciones o partes, donde cada unidad no está subordinada formalmente a las demás en una jerarquía, aunque puedan exhibir cierto grado de estabilidad estructural y extenderse más allá de las tareas inicialmente establecidas. Las redes de trabajo interorganizacionales se caracterizan entonces, por ser espacios de diálogo, cooperación y coordinación entre distintos actores. A través de la articulación de esfuerzos y recursos, se logra potenciar las capacidades de cada una de las organizaciones participantes, generando sinergias que favorecen el diseño, la implementación de políticas públicas y la ejecución de proyectos de interés común.

Un ejemplo claro de esto son las relaciones entre el gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos locales, las que incluso pueden extenderse hacia el sector privado u organizaciones sin fines de lucro, con el fin de implementar políticas públicas de manera más efectiva, eficaz y eficiente. Los Gobiernos Regionales, dada su estructura normativa (Ley 21.074) y las limitaciones que esta les impone, han promovido y encontrado en las redes de trabajo una oportunidad para influir y fortalecer su rol como entidades descentralizadas y con ello promover y colaborar al desarrollo territorial de manera integral. A la colaboración público -privada, han incorporado también con éxito la participación de la sociedad civil permitiéndoles no sólo identificar y priorizar las necesidades de cada región, sino que también legitimar o sustentar las diversas políticas y acciones.

Considerando que el presupuesto anual 2024 de los gobiernos regionales es de MM de $1.765.548 de los cuales el 93% se destina a inversión regional, conseguir políticas armónicas y consensuadas requiere renunciar a la soberbia de las jerarquías y exponer los desafíos y objetivos de las distintas acciones al escrutinio de una cada vez más amplia red de actores potencialmente involucrados, capaces de actuar colaborativamente sin otro fin más que la búsqueda del bien común, la transparencia y el fortalecimiento de la gobernanza y la democracia.

Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management.

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