Por Luis Araya Castillo, decano, facultad de ingeniería y empresa, Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH).
En la discusión pública de Chile se observan distintas posturas sobre el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 40 horas, de las 45 horas semanales que rigen actualmente. La propuesta establece que la rebaja se hará de manera gradual, sin que implique una reducción de sueldo para los trabajadores; y, además se regulan las horas extraordinarias y su compensación, entre otras materias.
El factor tiempo aplicado a la jornada laboral resulta especialmente sensible a los cambios económicos, sociales y culturales, y a sus repercusiones jurídicas. Esto porque en etapas de expansión económica, por ejemplo, se tiende a recurrir a los contratos de duración indefinida e, incluso, la jornada laboral del trabajador se prolonga a través del mecanismo de las horas extraordinarias.
En tanto que, en periodos de crisis o de recesión económica, los intereses empresariales reclaman por mayor flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado laboral, y en este contexto algunas empresas optan por la precarización y los contratos temporales; así como reclaman menos legislación restrictiva tanto de la “flexibilidad externa” (despido), como de la “flexibilidad interna” (modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducción de jornada, etc.).
Se postula que la reducción de la jornada laboral implicaría un aumento del costo salarial por hora, y con esto la posibilidad de que se incremente el desempleo; y que esta propuesta significa un retroceso y un perjuicio al proceso de modernización del mercado laboral, y a la apertura a los mercados internacionales.
Pero también se argumenta que esta iniciativa está en línea con la promoción del trabajo decente, que garantice a las y los trabajadores un ingreso justo, un ambiente de trabajo seguro, el reconocimiento de los derechos laborales individuales y colectivos, la protección social, la igualdad de género, el fortalecimiento sindical, la negociación colectiva, el equilibrio entre vida y trabajo, y la mejora en la calidad de vida.
Lo que se busca o se pretende con la disminución de las horas de trabajo de los individuos, es que éstos tengan o cuenten con más tiempo para la realización de diversas actividades que van enfocadas a mejorar el bienestar personal y familiar.
En efecto, la calidad de vida del trabajador mejorará en el sentido de que dispondrá de más tiempo para compartir con sus familiares, y también podrá utilizar el tiempo libre para el perfeccionamiento profesional o para el goce de actividades recreativas, que contribuyan psicológica y físicamente a tener una mente menos agotada y más sana, evitando con esto enfermedades tanto físicas como psíquicas, y por consiguiente que se refuerce la productividad.
Esto es relevante, puesto que los individuos se motivan por necesidades que no están satisfechas, y en este sentido, tener una vida equilibrada facilita que las personas se sientan comprometidas con las empresas u organizaciones, y que esto se vea reflejado en la mejora del clima laboral, en la disminución de las tasas de rotación y de licencias médicas, en incrementos de los niveles de productividad, y en una menor ocurrencia de la adopción de comportamientos contraproducentes (por ejemplo, consumo de alcohol, tabaco, automedicación, falta de ejercicio).
De igual manera, los límites de horas de trabajo pueden reducir las horas excesivas que tienden a ser perjudiciales para la salud, y que contribuyen a una disminución del rendimiento del trabajador y a elevar la comisión de errores y accidentes que lesionen su integridad y la de otros trabajadores; y asimismo que se generen pérdidas en instalaciones, materias primas y otros activos de la compañía. Es por esto que la reducción de la carga horaria permitiría disminuir el estrés y, por lo tanto, aumentar también la motivación, el nivel de compromiso, y la obtención de altos niveles de desempeño.
Por tanto, es posible concluir que la reducción de la jornada laboral tiene impactos sociales, permite disminuir la desigualdad, desarrollar proyectos y estimular la industria del ocio; y que las normas que limitan la jornada de trabajo son necesarias para garantizar la competencia justa entre los países de un mundo cada vez más globalizado. En términos económicos, se observa que la tendencia general es que los países con jornadas menos extensas presentan mayores niveles de productividad, y al mismo tiempo una fuerza laboral más numerosa (aunque no se puede atribuir una relación causal).
Sin embargo, el proceso de implementación de la reducción de jornada no será inmediato, sino que se llevará a cabo de manera gradual en un plazo máximo de 5 años, disminuyendo a 44 horas en 2024, 42 horas en 2026 y finalmente a 40 horas en 2028. Es así, ya que mientras una reducción de golpe podría crear empleos (por la redistribución del empleo), o en su defecto incrementar las tasas de desocupación (por el aumento del costo salarial), las reducciones lentas pueden verse absorbidas por los aumentos de productividad.
