Las mujeres del quintil de menores ingresos concentran una de las expresiones más severas de desigualdad del mercado laboral chileno. Según publicó La Tercera, a partir de un informe elaborado con datos de la Casen 2024 por ChileMujeres, Ocec UDP y la Cámara de Comercio de Santiago, solo el 29,2% de ellas participa en la fuerza laboral, una cifra que contrasta con el 46,2% de los hombres del mismo tramo y con las ocho de cada diez mujeres que participan en el quintil de mayores ingresos.
El dato instala una doble exclusión: ser mujer y pertenecer al segmento de menores ingresos amplifica la distancia frente al empleo. El hallazgo central del estudio muestra una diferencia de 48,8 puntos porcentuales entre la participación laboral femenina del quintil más pobre y la del quintil más rico, lo que deja en evidencia que la desigualdad no solo se expresa entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres de distintos niveles socioeconómicos.
En 2024, 3.478.364 personas se encontraban en situación de pobreza por ingresos y el 54,4% de ellas eran mujeres. En ese marco, el informe plantea que la agenda de género y la agenda de pobreza no pueden analizarse por separado. La brecha de participación laboral, de hecho, cambia según el nivel de ingreso: en el quintil I llega a 17 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, mientras en el quintil V baja a 10,9 puntos.
Carga de cuidado
Uno de los principales factores que explica esta exclusión es el trabajo de cuidado no remunerado. En el quintil I, el 15,3% de las mujeres en edad de trabajar está fuera de la fuerza laboral por razones de cuidado de niños, adultos mayores u otros familiares. En los hombres del mismo segmento, esa cifra es de 2,0%. La diferencia muestra que la disponibilidad de tiempo para participar en actividades remuneradas sigue marcada por una distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado.
La presión de esa carga no termina en la salida del mercado laboral. Entre quienes sí logran emplearse, más de la mitad de las mujeres del quintil de menores ingresos trabaja en jornada parcial, con un 53,6%, frente al 31,0% de los hombres. Entre las mujeres pobres con empleo, la proporción alcanza el 50,9%. El informe interpreta este comportamiento no como una preferencia del mercado por jornadas reducidas, sino como el resultado de restricciones concretas para delegar el cuidado a terceros.
A esa menor disponibilidad de tiempo se suma una barrera adicional de acceso al empleo. La tasa de desempleo femenino en el quintil I llega a 26,7%, por encima del 24,5% masculino. Entre las personas pobres, la desocupación también afecta más a las mujeres, con 26,4%, frente al 23,4% de los hombres. El cuadro revela que incluso cuando las mujeres de menores ingresos intentan ingresar al mercado laboral, enfrentan más obstáculos para conseguir trabajo.
El informe también apunta a que parte de esas dificultades se relaciona con el diseño de las normas laborales vinculadas al cuidado, en la medida en que siguen descansando principalmente en las madres. Desde esa perspectiva, mecanismos como la sala cuna y los permisos asociados al cuidado inciden en el costo relativo de contratación femenina, especialmente en segmentos de menor calificación, donde el salario mínimo deja menos margen de ajuste.
Empleo precario
La exclusión tampoco termina cuando las mujeres pobres consiguen una ocupación. El estudio muestra que el 60,4% de las mujeres ocupadas del quintil I trabaja en la informalidad. Entre las mujeres pobres, la cifra es de 58,8%, mientras entre las no pobres llega a 24,3%. La distancia confirma que la inserción laboral femenina en los sectores de menores ingresos suele producirse en condiciones mucho más frágiles y con menor acceso a protección social.
El avance frente a la medición anterior es además muy acotado. Respecto de la Casen 2022, la informalidad en mujeres ocupadas del primer quintil solo se redujo en 0,8 puntos porcentuales en dos años. Esa variación marginal refuerza la idea de que el problema no responde a un desajuste transitorio, sino a una estructura persistente que combina pobreza, desigual distribución del cuidado, desempleo y empleos sin formalización.
La ausencia de cotizaciones previsionales y de salud extiende esa precariedad a lo largo de toda la trayectoria laboral. No se trata únicamente de una dificultad presente para generar ingresos, sino también de una menor red de protección futura. En ese sentido, la informalidad aparece como una capa adicional de vulnerabilidad sobre mujeres que ya enfrentan una participación laboral muy por debajo del resto de la población femenina.
Frente a este escenario, las entidades que elaboraron el informe coinciden en que no existe una sola medida capaz de revertir el problema. Entre las propuestas planteadas aparecen la sala cuna universal, el acceso garantizado a cuidados de calidad, la capacitación laboral y el diseño de incentivos concretos para facilitar la formalización de actividades que hoy permanecen fuera del sistema. Más que una brecha aislada, el informe describe un entramado de desventajas que se refuerzan entre sí y que encuentran en las mujeres pobres su expresión más crítica dentro del mercado laboral chileno.
