La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en 2026 el Perfil nacional de seguridad y salud en el trabajo de Panamá, un diagnóstico elaborado por la consultora externa y especialista en Seguridad Social, gestión y políticas públicas, Pamela Gana que revisa el sistema de SST del país y busca servir como insumo para el debate tripartito orientado a formular una futura Política y Programa Nacional de SST. Según informó Gana en LinkedIn, el documento fue construido participativamente y aprobado por unanimidad por los actores tripartitos del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo de Panamá.
El diagnóstico plantea que el fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo requiere una mirada compartida entre Estado, empleadores y trabajadores. En ese esquema, las empresas ocupan una posición central por su responsabilidad en la gestión cotidiana de los riesgos laborales, la inversión preventiva, la implementación de sistemas de gestión y la contratación de servicios técnicos especializados.
La prevención adquiere especial relevancia ante las características del mercado laboral panameño. Según los antecedentes incluidos en el perfil, en 2024 el 56,9% de las personas ocupadas se encontraba en la informalidad y la cobertura de seguridad social, calculada como el porcentaje de ocupados que cotiza al sistema, alcanzaba un 43%. El documento también señala que la legislación panameña no contempla disposiciones diferenciadas de SST según tamaño de empresa, pese a que las organizaciones más pequeñas pueden enfrentar mayores dificultades para disponer de especialistas dedicados exclusivamente a esta función.
Gestión preventiva
El perfil sostiene que Panamá cuenta con un marco jurídico y normativo significativo en materia de SST y que este incorpora el principio de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, identifica oportunidades para actualizar, armonizar y sistematizar sus disposiciones, considerando tanto la antigüedad de algunas normas como los cambios productivos, organizacionales y tecnológicos.
Entre las medidas planteadas aparece la posibilidad de desarrollar normas, códigos de práctica, guías y herramientas técnicas que faciliten la evaluación y gestión de riesgos laborales. El documento menciona particularmente la exposición a plaguicidas, los trastornos musculoesqueléticos y los riesgos psicosociales en el trabajo como ámbitos que podrían ser considerados en el desarrollo de protocolos específicos. También propone actualizar guías prácticas de prevención según sectores económicos y riesgos, con especial atención a empresas de menor tamaño.
En el ámbito de las organizaciones, todos los empleadores están obligados a organizar sistemas propios de salud, seguridad e higiene en el trabajo, con participación de los trabajadores. Estos sistemas deben considerar, entre otros componentes, vigilancia de las condiciones laborales y de la salud, información y educación, procedimientos seguros, equipos de protección personal y planes de emergencia cuando corresponda. Para las empresas con 20 trabajadores o menos, las funciones recaen en el empleador; entre 21 y 99 trabajadores se contempla además la designación de trabajadores capacitados en SST; y las organizaciones con 100 o más trabajadores procurarán contar con asesoría de profesionales especializados.
Nuevos riesgos
El diagnóstico también abre la discusión sobre cómo preparar la seguridad y salud laboral para las transformaciones del trabajo. Entre sus consideraciones transversales propone incorporar en la gestión preventiva los riesgos emergentes vinculados con el desarrollo tecnológico, la automatización, la robotización y el uso de inteligencia artificial en los procesos productivos.
La formación aparece como otro componente relevante. El documento propone entregar conocimientos básicos y transversales de SST a las personas trabajadoras, con distintos niveles de profundización según sus funciones, junto con fortalecer la formación y perfeccionamiento permanente de especialistas y de integrantes de los Comités de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo. También plantea ampliar talleres y capacitaciones priorizando sectores, territorios y grupos con mayor exposición a riesgos laborales.
El desafío preventivo está acompañado por limitaciones en la información disponible. El perfil advierte que Panamá no dispone de información pública suficiente para calcular indicadores centrales como la tasa de accidentabilidad y señala posibles problemas de subregistro. Los datos disponibles muestran que en 2024 se registraron 8.198 eventos de riesgos laborales que generaron pagos de subsidios por incapacidad temporal o fallecimiento, incluyendo 6.359 accidentes de trabajo, 1.742 accidentes de trayecto, 72 enfermedades profesionales y 25 fatalidades. El propio informe indica que estas cifras deben analizarse con “extrema precaución” debido al posible subregistro.
Cultura preventiva
Frente a esas brechas, el perfil propone fortalecer los sistemas de información y avanzar hacia una mayor interoperabilidad entre los distintos actores. Entre otras medidas, plantea facilitar el registro digital de accidentes y enfermedades profesionales, estandarizar variables y definiciones, mejorar la validación de datos y utilizar la información para orientar inspecciones, investigaciones y acciones preventivas. El documento también releva el diálogo social y la coordinación entre empleadores y trabajadores. A nivel de empresa, los Comités de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo tienen funciones relacionadas con educación, investigación de accidentes, definición de acciones correctivas y vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas. En paralelo, el perfil plantea evaluar apoyos específicos para micro, pequeñas y medianas empresas y considerar las particularidades de la población trabajadora indígena en las actividades de formación y difusión.
Así, el diagnóstico sitúa la seguridad y salud en el trabajo no solo en el terreno del cumplimiento de obligaciones, sino también en el fortalecimiento de capacidades preventivas dentro de las organizaciones. El propio informe sostiene que la construcción de entornos laborales seguros y saludables constituye un proceso dinámico y compartido, donde Estado, empleadores y trabajadores intervienen tanto en el cumplimiento normativo como en el desarrollo de capacidades técnicas, innovación preventiva y consolidación de una cultura de prevención.
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