El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas publicó en octubre el World Social Report 2026. El documento sostiene que la inclusión social debe incorporarse desde el inicio a las transformaciones económicas, digitales y energéticas para que estas sean sostenibles y distribuyan sus beneficios.
El informe identifica la protección social como una de las bases de esa capacidad de adaptación. En 2023, el 47,6% de la población mundial, unos 3.800 millones de personas, no recibía ninguna prestación de protección social. Si se mantiene el ritmo de avance registrado desde 2015, la cobertura universal de al menos una prestación no se alcanzaría antes de 2073.
Una simulación incluida en el reporte compara los efectos acumulados de ampliar la protección social entre 2025 y 2045. Iniciar la inversión en 2025 produciría ganancias descontadas equivalentes al 22,2% del PIB de 2025 utilizado como base. Comenzar diez años después las reduciría al 10,3%. La diferencia se aproxima al 12% del PIB base de 2025.
Ese 12% no representa una pérdida observada ni un costo anual. El cálculo reúne estimaciones de ocho países y supone un crecimiento anual de referencia del 3%, una tasa de descuento del 2% y una incorporación gradual de los efectos durante cinco años. Tampoco compara la protección social con otros usos del gasto público ni modela las restricciones de financiamiento de cada país.
La urgencia de ampliar esas capacidades aparece junto con una mayor desigualdad interna. Entre 2000 y 2024, más de 50 países registraron un aumento de la desigualdad de ingresos; 23 de ellos pertenecen al grupo de ingresos altos. En 2025, el número de multimillonarios superó por primera vez las 3.000 personas y su patrimonio conjunto llegó a US$ 18,3 billones, un 81% más que en 2020.
El informe relaciona la inclusión con la capacidad de las personas para influir en las reglas, las instituciones y las tecnologías que afectan su trabajo. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la densidad sindical pasó del 26% de las y los trabajadores en 1990 al 13% en 2019. Esa caída redujo uno de los canales de participación en las decisiones sobre salarios, condiciones laborales y adaptación económica.
En materia de inteligencia artificial (IA), Naciones Unidas cita un estudio basado en datos de Estados Unidos. El empleo de trabajadores de 22 a 25 años en las ocupaciones más expuestas a la IA se sitúa un 19% por debajo de lo que habría alcanzado si hubiera seguido el ritmo de sus pares en ocupaciones menos expuestas. La cifra corresponde a una comparación contrafactual para ese grupo y ese país; no describe una caída observada del 19% en el empleo juvenil general.
El reporte plantea que la adaptación requiere formación, protección y participación. Entre las respuestas menciona el perfeccionamiento y la recapacitación de quienes deben cambiar de actividad. Como ejemplo, recoge un programa en Chile que forma a ex trabajadores del carbón en centros técnicos para construir líneas de transmisión eléctrica.
La propuesta se organiza en un pacto de políticas conectado por cuatro áreas: desarrollo de capacidades; acceso universal a infraestructura digital y energética; mercados laborales inclusivos; y prosperidad compartida. El esquema combina educación y aprendizaje continuo con protección social, trabajo decente, representación laboral y mecanismos para distribuir las ganancias de productividad.
La política tributaria y las transferencias también muestran diferencias entre grupos de países. Según los últimos datos disponibles que reúne el informe, la reducción mediana del coeficiente de Gini alcanza el 36,8% en las economías desarrolladas y el 5,8% en las economías en desarrollo. La comparación no corresponde a un único año: utiliza la observación más reciente de cada país entre 2005 y 2025, y más del 65% de los registros se concentra entre 2021 y 2024.
Para comparar la relación entre cambio e inclusión, Naciones Unidas construyó el índice de transformación socialmente inclusiva (SIT, por su sigla en inglés) para 168 países. El indicador combina avances en transformación económica, digital y energética con resultados de equidad económica y social. Un puntaje más alto indica un mejor desempeño comparativo, pero no significa que un país haya completado su transformación o alcanzado la inclusión.
Chile obtiene 122,36 puntos, frente a una mediana mundial de 105. El resultado se compone de 50,30 puntos en transformación y 72,06 en inclusión. Se trata de un puntaje compuesto y no de una posición en un ranking; su objetivo es mostrar cómo se relacionan ambos pilares durante el período 2000-2024.
El informe concluye que la respuesta no depende de una sola institución. Los gobiernos, las empresas, quienes desarrollan tecnología y las organizaciones de trabajadores deben coordinar la formación, la protección y la participación antes de que las decisiones tecnológicas y productivas queden consolidadas. Para el mundo del trabajo, el alcance concreto es que la reconversión laboral, la representación y el reparto de los beneficios deben formar parte del diseño de las transformaciones, no agregarse después.