La Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizó en un informe publicado en agosto de 2026 cómo las empresas multinacionales pueden utilizar sus relaciones comerciales y cadenas de suministro para promover la formalización laboral, mediante prácticas que van desde los procedimientos de contratación y compras hasta la capacitación, la transferencia de conocimientos, la protección social y el apoyo al cumplimiento. Según el documento revisado por RH Management, estas acciones adquieren especial relevancia en un escenario donde cerca del 60% del empleo mundial y el 80% de las empresas se encuentran en la informalidad.
El desafío se concentra especialmente entre las organizaciones más pequeñas. Más del 75% del empleo informal está presente en empresas con menos de diez trabajadores y, dentro de las cadenas de suministro, estas unidades suelen ubicarse en sus niveles inferiores. Allí enfrentan problemas como acceso limitado al financiamiento, infraestructura inadecuada y débil aplicación de las regulaciones, factores que restringen su capacidad para mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia la formalidad.
La OIT sostiene que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de desarrollar un marco integrado de políticas que facilite esta transición, mediante legislación adecuada y efectivamente aplicada, simplificación del registro empresarial, cumplimiento normativo y extensión de la seguridad social. Al mismo tiempo, reconoce que el sector privado puede desempeñar un papel complementario, particularmente cuando las empresas multinacionales conectan a proveedores de menor tamaño con mercados, tecnología, conocimientos y nuevas capacidades.
Más que exigir
Uno de los elementos que atraviesa el informe es que las exigencias de cumplimiento pueden combinarse con mecanismos concretos de apoyo a los proveedores. En Tailandia, por ejemplo, dos multinacionales incorporaron tecnologías de trazabilidad digital y registros electrónicos entre sus subcontratistas del sector pesquero para reducir actividades ilegales, mejorar el cumplimiento regulatorio y formalizar las relaciones con proveedores.
Las compañías también asumieron parte de los costos asociados al cumplimiento, considerando los estrechos márgenes operacionales de sus proveedores. Paralelamente, los planes de acción correctiva derivados de las exigencias de sostenibilidad fueron utilizados para mejorar prácticas laborales. El proceso favoreció, entre otros aspectos, la utilización de contratos laborales regulares y el pago de horas extraordinarias. La OIT señala que todavía debe observarse el impacto de largo plazo de estas iniciativas.
Otro mecanismo es facilitar que trabajadores informales se organicen dentro de estructuras formalizadas. En Argentina, Aguas Danone de Argentina utilizó su demanda de PET reciclado para apoyar la incorporación de recolectores informales de residuos a cooperativas registradas. Estas recibieron equipamiento, apoyo operacional y capacitación en seguridad y salud, habilidades para la vida y educación financiera.
El proyecto integró formalmente a alrededor de 5.000 trabajadores en 48 cooperativas. Además, permitió que accedieran por primera vez a pensiones, licencias de maternidad y otros beneficios de seguridad social disponibles mediante la pertenencia formal a estas organizaciones. Según el informe, los recolectores participantes pueden obtener ingresos entre tres y cinco veces superiores a quienes permanecen en la actividad informal.
Capacidades y protección
Las experiencias recopiladas muestran también que la formalización puede abordarse mediante el fortalecimiento de la protección social. En Indonesia, la OIT y Fast Retailing, empresa matriz de la marca Uniqlo, iniciaron en 2019 una colaboración orientada a trabajadores afectados por desempleo y desplazamiento laboral. La alianza permitió entregar asistencia técnica al gobierno y a los actores sociales del país y contribuyó a la creación de un seguro de desempleo en 2021, junto con servicios vinculados al empleo y una reforma del sistema nacional de protección social.
En República Democrática del Congo, en tanto, un proyecto iniciado en 2018 buscó que mineros artesanales informales de cobalto pasaran a desempeñarse como subcontratistas registrados en una cooperativa formal. La iniciativa incorporó información geológica, asistencia mecanizada, capacitación, equipamiento de seguridad y acceso directo al comprador, reduciendo la dependencia de intermediarios. El informe señala mejoras en productividad, condiciones laborales e ingresos, aunque advierte que se requiere mayor análisis para determinar completamente su impacto y costo-efectividad.
El documento también destaca Better Work, alianza entre la OIT y la IFC que opera en 11 países y alcanza a más de 2.000 fábricas y 3,4 millones de trabajadores. Entre sus resultados, en Indonesia el incumplimiento relacionado con acuerdos laborales escritos cayó del 74% al 4% durante la última década, mientras en Haití disminuyó del 13% al 0%. En Jordania, el incumplimiento de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social pasó del 33% al 11%.
Una tarea compartida
Pese a estos avances, la OIT enfatiza que incorporarse a una cadena de suministro o acceder a mercados de exportación no garantiza por sí mismo la creación de empleo formal. Cuando existen marcos regulatorios insuficientes, instituciones públicas débiles, sistemas de cumplimiento ineficaces o problemas de gobernanza, las barreras a la formalización pueden mantenerse. La presión competitiva también puede llevar a proveedores locales a recurrir a trabajadores informales o temporales, perpetuando precisamente el problema que se busca resolver.
Por ello, las experiencias analizadas apuntan a una combinación de exigencias y apoyo: estándares laborales y de sostenibilidad acompañados de capacitación, transferencia tecnológica, protección social, acceso a mercados y mecanismos que permitan a empresas pequeñas adaptarse a los nuevos requisitos. La OIT identifica entre los beneficios potenciales mejores condiciones y seguridad laboral, mayor cobertura de protección social, aumento de productividad, reducción de prácticas ilícitas, mayor trazabilidad y desarrollo de las comunidades.
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