La reciente publicación del Decreto Supremo N° 6 por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social introduce un marco reglamentario que regula la calificación de empresas estratégicas que, por su carácter esencial, no podrán ejercer el derecho a huelga en procesos de negociación colectiva. La medida, vigente desde el 27 de junio y difundida por Lizama Abogados, responde a lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo y tendrá vigencia bianual.
El reglamento especifica criterios, procedimientos y plazos concretos para que tanto empresas como sindicatos soliciten ser incluidos o excluidos del listado de entidades cuya paralización afectaría gravemente la salud, el orden público, la economía o el abastecimiento básico de la población. A su vez, la normativa deja claro que serán los ministerios del Trabajo, Defensa y Economía quienes, de forma conjunta, resolverán cada solicitud.
La Dirección del Trabajo asume un rol técnico y administrativo clave en el proceso, al recibir las solicitudes, validar su admisibilidad y coordinar con las carteras ministeriales. Las resoluciones deben publicarse antes del 31 de julio y tienen una vigencia de dos años, sin posibilidad de impugnación administrativa, aunque sí mediante recurso judicial.
El procedimiento parte con la presentación de solicitudes antes del 31 de mayo de cada bienio, ya sea por parte de la empresa, una corporación o un sindicato, quienes deben hacerlo por la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo (o de forma presencial si esta no se encuentra habilitada). Una vez ingresada la solicitud, la contraparte tiene cinco días hábiles para ser notificada y un plazo adicional de 15 días corridos para emitir observaciones o antecedentes complementarios.
Luego, en los primeros cinco días de julio, el expediente completo se remite a los ministerios involucrados, quienes deben resolver antes del 31 del mismo mes. En esta resolución conjunta se determinará cuáles empresas cumplen los requisitos legales para ser consideradas estratégicas. La decisión debe estar debidamente fundada, especificando las solicitudes aprobadas, rechazadas o inadmisibles.
En términos jurídicos, este proceso se ajusta al principio de certeza y transparencia, otorgando mayor seguridad tanto a empleadores como a trabajadores. No se exige la presentación de antecedentes por parte de los sindicatos, salvo en lo que respecta a las causas legales invocadas por la empresa.
Criterios para calificar como empresa estratégica
Para que una empresa o corporación sea incluida en el listado de aquellas donde se restringe el derecho a huelga, debe demostrar que su paralización generaría un daño grave en alguna de las siguientes áreas: salud pública, seguridad nacional, economía del país o abastecimiento esencial de bienes y servicios. El reglamento no limita la solicitud a un solo criterio, lo que amplía las posibilidades argumentativas para quienes soliciten su inclusión.
En caso de ser considerada estratégica, la empresa no solo pierde el derecho a huelga durante el proceso de negociación colectiva reglada, sino que también queda sujeta al cumplimiento de servicios mínimos para garantizar la continuidad operativa.
La resolución ministerial es publicada en el Diario Oficial y su aplicación es inmediata. De acuerdo con el reglamento, no existe un recurso administrativo para impugnarla, aunque sí se puede recurrir ante la justicia en conformidad con el artículo 402 del Código del Trabajo.
Trámite digital y periodo de transición
Uno de los elementos más destacados del nuevo reglamento es la incorporación de una plataforma electrónica para gestionar solicitudes, observaciones y expedientes. Esta herramienta, administrada por la Dirección del Trabajo, permitirá un acceso más ágil y transparente a la información.
Sin embargo, se estableció un periodo transitorio de cuatro meses desde la publicación del decreto para su implementación, lo que significa que durante ese tiempo las solicitudes deberán presentarse físicamente en las oficinas de partes.
Esta modernización busca estandarizar y fortalecer institucionalmente un proceso que, hasta ahora, carecía de formalización clara. También refuerza el papel técnico de la Dirección del Trabajo, permitiéndole organizar, validar y transmitir los antecedentes necesarios para una toma de decisiones informada por parte de los ministerios.
Implicancias laborales y desafíos futuros
El Decreto Supremo N° 6 representa un cambio relevante en la relación entre derechos colectivos y seguridad pública. Desde el punto de vista laboral, establece límites claros a la huelga en sectores donde la interrupción del servicio pueda generar consecuencias críticas. Este enfoque responde a la necesidad de equilibrar el ejercicio de derechos laborales con el interés general, especialmente en rubros como energía, salud, transporte o agua potable.
Al mismo tiempo, abre un nuevo espacio de análisis jurídico respecto a la constitucionalidad y aplicación efectiva de estas restricciones, en particular frente a posibles tensiones con tratados internacionales sobre libertad sindical.
En definitiva, el reglamento aporta orden, procedimientos definidos y mayor previsibilidad a un ámbito clave del derecho colectivo del trabajo, cuyo impacto será observable en el corto plazo una vez se publique la resolución con el listado de empresas estratégicas para el periodo 2025–2027.