Por RH Management
Una sociedad puede multiplicar sus recursos de alivio y, aun así, no reducir las causas del sufrimiento. Esa es, probablemente, una de las preguntas más difíciles de esquivar en la conversación actual sobre salud mental.
Los datos globales no permiten trivializar el problema. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que más de mil millones de personas viven con trastornos mentales y que, solo por depresión y ansiedad, se pierden cada año alrededor de 12 mil millones de jornadas laborales, con un costo cercano a un billón de dólares en productividad. Además, la propia OMS advierte que los riesgos no están fuera del trabajo: la discriminación, la desigualdad, las cargas excesivas, el bajo control sobre la tarea y la inseguridad laboral forman parte del entorno que deteriora la salud mental.
Chile tampoco puede mirar este debate como si ocurriera en otra parte. La undécima ronda del Termómetro de Salud Mental Achs-UC mostró en 2025 la menor tasa de problemas generales de salud mental desde que comenzó esa medición: 12,7%. El dato merece ser registrado. Pero conviene no leerlo como una señal de que el problema se disipó. Eso es lo que muestra esa medición, en ese momento. Y lo que esa misma ronda muestra, al mismo tiempo, es que 25,8% de las personas reportó síntomas moderados o severos de ansiedad, 13% síntomas moderados o severos de depresión, 19% soledad y 8,6% insomnio moderado o severo.
La dimensión social
El mundo laboral chileno tampoco está al margen. La Superintendencia de Seguridad Social, Suseso, informó que, en 2024, los trastornos mentales volvieron a ser el principal diagnóstico detrás de las licencias médicas electrónicas, con 33,1% del total. A eso se suma otro dato difícil de relativizar: según el Informe de Enfermedades Profesionales 2024 de la propia Suseso, 72% de las enfermedades profesionales calificadas no asociadas a Covid correspondieron a diagnósticos de salud mental. Eso no prueba por sí solo una relación causal simple entre empleo y sufrimiento psíquico, pero sí obliga a dejar de tratar el fenómeno como un asunto periférico o estrictamente clínico.
Hasta aquí, las cifras describen una crisis. Lo decisivo viene después: cómo la interpretamos. Porque una cosa es reconocer que hay más sufrimiento, más ansiedad, más tratamientos y más demanda asistencial. Otra muy distinta es concluir que estamos frente a una suma de fragilidades individuales desconectadas entre sí. Ahí entra con fuerza el libro “Sedados. Cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental”, del académico y psicoterapeuta británico James Davies, publicado originalmente en 2021 y editado en español por Capitán Swing en 2022. Davies fue formado en Oxford, es profesor en Roehampton, trabajó como psicoterapeuta en el sistema británico de salud y ha desarrollado una crítica sostenida a la psiquiatría contemporánea y a la dependencia de fármacos prescritos.
Davies parte con una comparación tan simple como demoledora. Recuerda que, a fines de los años 70, la probabilidad de sobrevida de una niña o un niño con leucemia rondaba el 20%, mientras que hoy bordea el 80%. En otras palabras, la medicina logró en varias áreas avances espectaculares. La psiquiatría, sostiene, no puede mostrar un salto comparable. Y subraya el contraste con un dato provocador: solo en Estados Unidos se habían gastado ya unos 20 mil millones de dólares en investigación psiquiátrica y neurobiológica sin un progreso equivalente en suicidios, hospitalizaciones o recuperación. Su pregunta no es antimédica. Es más incómoda para el sistema: si el despliegue terapéutico se amplía, pero los resultados globales no mejoran de manera equivalente, entonces el problema no es solo de cobertura. También puede ser de enfoque.
A partir de ahí, Davies retrocede hasta Marx y Engels. No lo hace para agitar una consigna vieja, sino para rescatar una intuición todavía fértil: las sociedades producen mecanismos que ayudan a soportar lo intolerable cuando no cambian las condiciones que lo producen. En el libro, Marx aparece no solo como el autor de la frase sobre el opio del pueblo, sino como alguien que veía en ciertos sedantes sociales una manera de adormecer el impulso de reforma. Davies toma esa intuición y la actualiza: el sufrimiento puede seguir siendo real, pero puede ser reformulado de modo que deje de apuntar a sus causas sociales y pase a ser administrado como un problema del individuo.
La tesis Davies
Su tesis central es conocida, pero no por eso menos potente: desde la década de 1980, gobiernos y grandes corporaciones habrían impulsado una concepción de salud mental funcional a un tipo ideal de persona resiliente, optimista, individualista y, sobre todo, económicamente productiva. Bajo esa lógica, la recuperación se estrecha hasta confundirse con la vuelta al rendimiento; el sufrimiento se atribuye a mentes o cerebros defectuosos más que a condiciones sociales, políticas y laborales dañinas; y las intervenciones más promovidas son justamente aquellas que mejor se integran a un mercado de soluciones individualizadas.
Esa hipótesis ayuda a mirar con más cuidado el auge contemporáneo de la medicalización. Conviene, sí, no simplificar. Un aumento en el uso de medicamentos no equivale automáticamente a sobremedicalización. Los organismos internacionales advierten que esa alza puede responder a una combinación de factores: una mayor carga real de malestar mental, mejor detección clínica, cambios en las guías terapéuticas, más acceso a tratamiento o prescripciones más prolongadas. Ese matiz importa, porque obliga a leer los datos con seriedad y evita convertir la discusión en una oposición estéril entre defensa irrestricta de los fármacos y rechazo automático de la farmacología. Pero ese mismo matiz no vuelve irrelevante la tendencia; al contrario, la hace más exigente de interpretar.
Ese aumento del uso de antidepresivos no demuestra por sí solo una sobremedicalización, pero sí muestra que una parte creciente del sufrimiento psíquico está siendo procesada dentro del sistema sanitario y farmacológico. Panorama de la salud 2025, de la Ocde, indica que, entre 2013 y 2023, el consumo de antidepresivos aumentó más de 40% en los países miembros y que Chile estuvo entre los casos donde ese incremento fue superior al doble.
Chile, por tanto, no aparece como una excepción periférica, sino como una expresión especialmente intensa de una tendencia más amplia. En 2022 registró 94,3 dosis diarias definidas de antidepresivos por cada mil habitantes al día, uno de los niveles más altos del bloque. Esa unidad —la dosis diaria definida— no equivale al número exacto de personas medicadas: es una medida técnica internacional que permite comparar volúmenes de consumo entre países y seguir su evolución en el tiempo. Lo importante, más allá del tecnicismo, es la dirección de la curva: el recurso farmacológico ha ganado centralidad en la manera en que las sociedades contemporáneas responden a la depresión, la ansiedad y el insomnio.
Química del alivio
Y no se trata de una sola familia de fármacos. Los antidepresivos se utilizan principalmente para cuadros depresivos y varios trastornos de ansiedad; las benzodiacepinas, como clonazepam, alprazolam, lorazepam o diazepam, suelen indicarse para ansiedad intensa, crisis de angustia y, en ciertos casos, problemas de sueño; la quetiapina es un antipsicótico usado sobre todo en esquizofrenia y trastorno bipolar; y la zopiclona es un hipnótico destinado al tratamiento del insomnio. La discusión, entonces, no gira en torno a una simple pastilla para sentirse mejor, sino a un repertorio terapéutico amplio, cada vez más disponible, capaz de ofrecer una respuesta química específica para síntomas muy distintos. La pregunta de fondo no desaparece por eso; se vuelve más exigente: cuánto de ese malestar está siendo tratado con pertinencia clínica y cuánto está siendo absorbido por un sistema que alivia y contiene, sin modificar de manera suficiente las condiciones que lo originan o lo agravan.
Visto desde Chile, además, el fenómeno no se agota en la prescripción formal. Los datos más recientes de Senda muestran que el uso de tranquilizantes sin receta en población general subió de 1,8% en 2022 a 2,2% en 2024. En población escolar, el decimoquinto Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar situó ese consumo en 10,3% en 2023. En paralelo, el paisaje cotidiano de muchas ciudades vuelve visible otra realidad: farmacias, comercios de venta de alcohol y otros puntos de acceso a sustancias para aliviar, regular o evadir el malestar forman parte de la vida diaria con una naturalidad llamativa. No sería serio forzar una equivalencia estadística sin una base homogénea, pero la escena deja igualmente una pregunta de fondo: ¿qué revela de una sociedad que buena parte de sus respuestas más accesibles al malestar sean químicas?
Y es justamente en ese punto donde la tesis de James Davies gana fuerza: la crisis de salud mental no puede leerse solo como una suma de padecimientos individuales, porque también expresa una forma de organización social que empuja a administrar químicamente una parte del sufrimiento que no logra —o no quiere— resolver en su origen.
Por eso la crítica de Davies no debería leerse como una diatriba contra la psiquiatría, sino como una crítica a la reducción del sufrimiento a un problema estrictamente individual. En una de las zonas más interesantes del libro, su atención se concentra en el trabajo. Lo que cuestiona no es solo la dureza del empleo contemporáneo, sino el modo en que muchas respuestas institucionales convierten el malestar laboral en un déficit personal. Su observación es feroz y bastante actual para el mundo corporativo: si los programas de bienestar animaran realmente a examinar las causas organizacionales del desánimo, la desigualdad salarial, la prolongación de la jornada, el estancamiento de los sueldos o el deterioro de la protección social, probablemente serían menos cómodos para las empresas que los compran. Davies llega incluso a sugerir que la creciente crisis de malestar laboral podría entenderse menos como una epidemia de salud mental que como una epidemia de insatisfacción y desmotivación de trabajadores y trabajadoras.
Trabajo bajo presión
Ahí el libro toca una fibra especialmente relevante para RH Management. Porque obliga a preguntarse si parte del bienestar corporativo contemporáneo está siendo diseñado para cuidar mejor o, más bien, para sostener mejor la adaptación. No se trata de negar el valor de la terapia, de la contención o del acompañamiento psicológico. Se trata de preguntar qué ocurre cuando la organización ofrece apoyo, pero no revisa con igual seriedad la carga de trabajo, la calidad del liderazgo, la hiperdisponibilidad, las metas contradictorias, la injusticia interna, la arbitrariedad o la imposibilidad de desconexión. En ese punto, la intervención puede ayudar, pero también puede funcionar como un amortiguador que vuelve soportable lo que sigue estando mal diseñado. No por nada hoy la evaluación de los riesgos psicosociales es obligatoria en los lugares de trabajo mediante el cuestionario Ceal-SM/Suseso. Incluso el marco regulatorio reconoce así que el problema no se agota en la esfera individual.
Chile entrega señales suficientemente fuertes como para que esa discusión no sea abstracta. Las atenciones de urgencia por salud mental pasaron de 235.705 en 2021 a 307.407 en 2023, según un estudio académico basado en registros nacionales. Y en el ámbito asistencial privado de alta complejidad, la señal también existe: Clínica Alemana informó a fines de 2025 que retomaría su expansión con proyectos previstos para 2026, entre ellos un centro de salud mental en La Dehesa, una de las comunas más ricas del país. Cuando una de las instituciones privadas más prestigiosas del país decide expandirse en esa dirección, está reconociendo que la demanda dejó hace tiempo de ser marginal. Lo mismo sucede con otro clínica privada, también ubicada en los barrios más acomodados de Santiago. La hospitalización en su área de salud mental, las más moderna, humana y con profesionales de punta, hace años que su capacidad está copada los 365 días. Señales evidentes que muestran que el sistema en algún lado no se soporta. Si los sectores más pudientes, con acceso a lo mejor de lo mejor en salud mental, sufren y padecen el malestar, ¿qué queda para los que no pueden pagar los costos de la atención médica?
En este sentido, la pregunta por el financiamiento tampoco puede dejarse al margen. Las cifras oficiales chilenas no siempre son fáciles de comparar entre sí, pero el cuadro general sigue siendo insuficiente. La evaluación sectorial publicada por Dipres indicó que en 2021 el gasto total en salud mental representó 2,4% del gasto total en salud en Chile. En paralelo, el Mental Health Atlas 2024 de la OMS mostró que la mediana del gasto público en salud mental a nivel mundial sigue en apenas 2% del presupuesto sanitario total, sin cambios desde 2017. Más allá de las diferencias metodológicas, ninguna de esas cifras permite hablar de una prioridad robusta y sostenida a la altura de la carga del problema.
En este punto, conviene volver a la línea de fondo de Davies. Su argumento no consiste en reemplazar la biología por la sociología ni en idealizar una alternativa política simple. De hecho, cuando recoge la postura del ex relator de la ONU Dainius Pūras, subraya que el objetivo no debiera ser abandonar la atención clínica, sino evitar que esta quede presa de un modelo excesivamente biomédico. La formulación es valiosa porque no niega el derecho a tratamiento, pero obliga a mirar los determinantes sociales del sufrimiento: pobreza, desigualdad, aislamiento, precariedad, deuda, inseguridad y deterioro de los vínculos. En palabras que Davies rescata, el objetivo debiera ser las relaciones, no los cerebros.
La interpelación a las gerencias de personas, entonces, no es menor. ¿Cuánto del malestar que aparece en licencias, rotación, fatiga, errores, ausentismo o desvinculación está siendo leído como un problema del trabajador y cuánto como un síntoma de la forma en que está organizado el trabajo? ¿Cuántas políticas de bienestar alivian sin corregir? ¿Cuántas veces una empresa compra contención, pero no revisa metas, tiempos, jefaturas, exigencias y condiciones efectivas de trato? ¿Cuánto del lenguaje de cuidado está operando como una política genuina y cuánto como una administración más sofisticada de los costos humanos del rendimiento?
No hay aquí una respuesta simple ni una salida puramente ideológica. Sería infantil concluir que todos los medicamentos sobran o que toda terapia sirve solo para disciplinar. No es cierto. Hay personas que necesitan tratamiento farmacológico, psicoterapia, hospitalización o intervenciones intensivas urgentes, y negarlo sería irresponsable. Pero también sería irresponsable que las organizaciones y el debate público sigan actuando como si el aumento del sufrimiento pudiera explicarse solo por cerebros descompensados o biografías privadas. La salud mental no se juega únicamente en la consulta: también se juega en el salario, en la deuda, en el barrio, en el tiempo disponible, en el tipo de jefatura, en la carga laboral, en la seguridad material y en la calidad de los vínculos.
Por eso, la discusión de fondo sigue siendo sistémica. No porque el capitalismo explique por sí solo todo sufrimiento, sino porque el tipo de capitalismo que describe Davies —más desigual, más individualizante, más orientado a la productividad y más proclive a privatizar los costos del malestar— empuja a convertir daños colectivos en problemas íntimos y tratables. Esa es la advertencia que el libro deja abierta y que el mundo del trabajo no puede seguir esquivando. Si una economía premia la adaptación a condiciones dañinas, la salud mental corre el riesgo de convertirse, cada vez más, en un dispositivo para seguir funcionando dentro de ellas.
Y ahí volvemos al punto de partida. Una sociedad puede multiplicar sus recursos de alivio y, aun así, no reducir las causas del sufrimiento. Cuando eso ocurre, no necesariamente está resolviendo su crisis. A veces, solo está perfeccionando la manera de vivir con aquello que todavía no se decide a cambiar.
