A pocos días del ingreso al Congreso del proyecto de ley que impulsa la negociación ramal o multinivel, el gobierno concretó este lunes 5 de enero una reunión clave con los presidentes de las comisiones de Trabajo del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. El encuentro tuvo por objetivo coordinar la estrategia legislativa que permita avanzar con una de las reformas laborales más relevantes de la actual administración. Así lo informó La Tercera, medio que reportó los detalles de la cita y los principales actores involucrados.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, encabezó la instancia junto a Andrés Giordano y Gastón Saavedra, presidentes de las comisiones de Trabajo de la Cámara y el Senado, respectivamente. La reunión se suma a las gestiones realizadas previamente con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con quienes el Ejecutivo definió los principales ejes de la iniciativa. El objetivo es claro: construir una hoja de ruta viable que permita instalar el debate en un Congreso fragmentado y con plazos legislativos acotados.
El proyecto forma parte del programa de gobierno y se plantea como una modernización del sistema de relaciones laborales, orientada a instalar un modelo de negociación colectiva por sectores o ramas productivas. Sin embargo, enfrenta resistencias explícitas desde sectores de la oposición, particularmente desde Renovación Nacional (RN), cuyos parlamentarios han expresado preocupaciones por los eventuales efectos sobre el empleo y la competitividad de las empresas.
Desde el oficialismo, la visión es distinta. Parlamentarios del Partido Socialista (PS), como también dirigentes sindicales, han reiterado que la negociación ramal es una demanda histórica del mundo del trabajo y una herramienta que podría mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores. En esa línea, destacan que el proyecto permitiría avanzar hacia acuerdos sectoriales que integren productividad, condiciones laborales y diálogo sostenido entre empleadores y representantes sindicales.
Tensión política y tiempos ajustados
Más allá del contenido del proyecto, el desafío principal del Ejecutivo es político. Con menos de un año legislativo real antes del cierre de actividades parlamentarias por las elecciones de 2025, el margen para una discusión profunda y consensuada es limitado. De ahí la relevancia de las reuniones con las comisiones de Trabajo, espacios que no solo procesarán el articulado del proyecto, sino que también pueden facilitar —o bloquear— su avance.
Según informó La Tercera, el Ejecutivo busca asegurar una “estrategia coordinada” con los presidentes de ambas comisiones, lo que supone también una lectura realista del escenario político. Aunque el ministro Boccardo ha sostenido conversaciones con diversos actores, el respaldo en ambas cámaras sigue siendo incierto.
Desde RN, las críticas se concentran en los riesgos que, según señalan, la negociación ramal podría implicar para las pequeñas y medianas empresas, al instalar estándares que no consideran las particularidades de cada organización. Estas advertencias se suman a una mirada escéptica sobre el impacto de este tipo de reformas en el dinamismo económico y el empleo formal.
Negociación colectiva multinivel: una apuesta estructural
El proyecto que el gobierno pretende ingresar al Congreso se basa en una lógica de negociación colectiva multinivel, en la que coexisten tres niveles: empresa, rama o sector, y ámbito intersectorial. La propuesta busca coordinar estos niveles de forma complementaria, reconociendo la heterogeneidad del mundo productivo chileno, pero también promoviendo espacios comunes de diálogo sobre salarios, condiciones de trabajo y productividad.
En el modelo planteado, los acuerdos sectoriales tendrían un carácter referencial o vinculante según el tipo de negociación, y se prevé que ciertas materias puedan ser reguladas en este nivel si existe consenso entre las partes. El Ejecutivo sostiene que esta fórmula permitiría generar estándares mínimos por sector, fortaleciendo la representación sindical sin afectar la autonomía de las empresas.
No obstante, la implementación de esta arquitectura requiere no solo de mayoría legislativa, sino también de una sintonía fina con el empresariado y los actores sindicales. El gobierno parece estar apostando por una legitimación progresiva del proyecto, comenzando por asegurar un espacio en la agenda parlamentaria y abriendo el debate público sobre sus alcances.
Un camino cuesta arriba
El escenario no es sencillo. A la oposición técnica de ciertos sectores políticos se suma el escepticismo empresarial y la falta de un consenso amplio sobre los efectos económicos de una reforma de este tipo. En ese contexto, la estrategia del Ejecutivo parece orientarse a construir alianzas tácticas con sectores moderados del oficialismo y la centroizquierda, buscando al menos iniciar la tramitación durante el primer semestre de 2026.
El tiempo es un factor clave. El calendario electoral condiciona el ritmo del Congreso y reduce las posibilidades de discusión legislativa efectiva. Por eso, el movimiento del gobierno para reunirse con las comisiones de Trabajo marca no solo el inicio de una ofensiva legislativa, sino también una señal política: el Ejecutivo quiere dejar instalado el debate, aunque su aprobación final no se alcance en esta administración.
