Por RH Management
El Presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código del Trabajo e introducir un sistema de negociación colectiva multinivel —sectorial, intermedia y de empresa— con el objetivo explícito de corregir lo que el propio mensaje presidencial identifica como una fragmentación histórica del sujeto negociador en Chile. En el texto, el Ejecutivo sostiene que la negociación colectiva no es solo una herramienta laboral, sino un pilar democrático y económico, clave para mejorar la calidad de vida, fortalecer la libertad sindical y avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza.
La iniciativa busca superar un modelo centrado casi exclusivamente en la empresa, heredado del Plan Laboral, que —según el diagnóstico oficial— ha debilitado la capacidad de coordinación entre actores, reducido la cobertura efectiva de la negociación y limitado su impacto distributivo. En su lugar, el proyecto propone habilitar acuerdos sectoriales que establezcan pisos comunes, mecanismos intermedios de coordinación (por ejemplo, en cadenas productivas o entre empresas principales y contratistas) y mantener la negociación a nivel de empresa, resguardando que los instrumentos superiores no reduzcan derechos ya adquiridos.
Reglas del trabajo
Más allá del diseño jurídico, el proyecto se inserta en una estructura de ingresos que la Encuesta Casen 2024 describe con claridad. Según los resultados trabajados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el 60% de los hogares del país se concentra entre los deciles I y VI de ingreso autónomo per cápita, con ingresos mensuales por persona que no superan los $414.000. Esto significa que seis de cada diez hogares viven con ingresos per cápita inferiores a ese umbral, configurando una amplia franja de población con márgenes económicos estrechos y alta vulnerabilidad ante shocks laborales, inflacionarios o sanitarios.
En los tramos más bajos, el diagnóstico es aún más crítico: el 10% de menores ingresos registra ingresos autónomos per cápita cercanos a $30.700 mensuales, mientras que el segundo y tercer decil alcanzan aproximadamente $126.000 y $191.000, respectivamente. Casen 2024 establece que el 6,5% de la población vive bajo la línea de la pobreza por ingresos y un 2,0% en pobreza extrema, con una línea de pobreza situada en torno a $216.000 mensuales por persona.
En el extremo superior, la concentración es evidente: el decil X presenta un ingreso autónomo per cápita promedio cercano a $2.467.000 mensuales, y un ingreso laboral promedio del hogar que supera los $4.700.000, reflejando una brecha estructural difícil de cerrar solo con crecimiento económico. El coeficiente de Gini del ingreso autónomo se sitúa en torno a 0,49, y el del ingreso monetario en 0,46, niveles elevados en comparación internacional.
Este es el telón de fondo material sobre el que se proyecta la discusión sobre negociación ramal: una economía organizada en capas rígidas, con salarios medianos bajos, alta desigualdad y una mayoría de hogares que se mueve en una zona de fragilidad económica.
Salarios y bienestar
Desde la perspectiva de la gestión de personas, esta estructura de ingresos no es neutra. En los últimos años, distintos estudios y reportajes especializados desarrollados por RH Management han mostrado que el malestar psicológico en el trabajo no puede leerse solo como un problema individual, sino como una expresión de condiciones estructurales: incertidumbre laboral, presión financiera permanente y escasa capacidad de incidencia sobre las reglas que ordenan el trabajo.
En ese sentido, el mensaje presidencial conecta —al menos en su intención— con una discusión más amplia sobre calidad de vida laboral. La promesa implícita es que una mayor coordinación salarial y condiciones mínimas sectoriales podrían reducir la competencia por precarización, entregar mayor previsibilidad y disminuir la exposición al estrés crónico asociado a ingresos insuficientes o inestables. No es una garantía automática de bienestar, pero sí una apuesta institucional por modificar variables que inciden en la salud mental desde el diseño del trabajo.
La negociación ramal, sin embargo, no concita apoyo unánime ni siquiera en sectores progresistas. Una de las críticas más elaboradas apunta al riesgo de rigidez y exclusión. El argumento es que los acuerdos sectoriales tienden a ser definidos por actores con mayor poder negociador —grandes empresas y sindicatos fuertes— lo que puede dejar fuera a pymes, con menores niveles de productividad y márgenes más acotados, así como a sindicatos pequeños con baja capacidad de incidencia.
Desde esta mirada, un piso salarial sectorial mal calibrado podría traducirse en dificultades de cumplimiento, incentivos a la informalidad o incluso pérdida de empleo formal en segmentos más frágiles del tejido productivo. No se trata de rechazar la negociación colectiva, sino de advertir que su impacto depende críticamente del diseño institucional y de los mecanismos de ajuste que acompañen su implementación.
A esta crítica se suma una segunda tesis: la mejora del bienestar no depende únicamente del salario monetario, sino del conjunto de recursos reales con los que cuentan los hogares. Desde esta perspectiva, fortalecer el llamado “salario social” —educación pública de calidad, salud accesible, sistemas de cuidado, vivienda— puede tener un efecto redistributivo potente sin trasladar todo el costo directamente a las empresas vía salarios. En la práctica, servicios públicos robustos en manos del Estado reducen el gasto de bolsillo de los hogares y elevan su nivel de vida efectivo, incluso cuando los salarios monetarios son moderados.
Instituciones en disputa
A este debate estructural se suma un factor decisivo: el tiempo político. El proyecto de negociación multinivel ingresa al Congreso en el tramo final del gobierno del Presidente Boric, sin un acuerdo político transversal previo y sin una mayoría legislativa clara que asegure su tramitación.
Además, el 11 de marzo asumirá un nuevo gobierno en el otro extremo del péndulo, junto con un Parlamento renovado con clara inclinación hacia la derecha, escenario en el que no se visualizan mayorías sólidas para avanzar en una reforma de esta magnitud. En ese contexto, la iniciativa aparece menos como una reforma con viabilidad inmediata y más como un gesto programático de cierre de ciclo, que busca dejar instalada una discusión de fondo sobre desigualdad, coordinación y poder en el trabajo.
Con o sin esta reforma, la pregunta de fondo permanece. ¿Puede Chile seguir gestionando salarios, bienestar y salud mental exclusivamente a nivel de empresa, en un contexto de ingresos bajos, alta desigualdad y elevada heterogeneidad productiva? ¿O necesita reabrir la conversación sobre reglas comunes, coordinación sectorial y el rol del Estado en la provisión de bienestar?
La negociación ramal no ofrece respuestas simples ni exentas de riesgos. Pero Casen 2024 confirma que el problema que intenta abordar no es retórico: es material, estructural y persistente.
Este debate puede leerse, además, desde la lente que reinstaló el Premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus contribuciones al estudio de cómo las instituciones moldean la prosperidad, la distribución del ingreso y la estabilidad social.
La tesis central de estos trabajos es clara: las economías no se explican solo por productividad o capital humano, sino por las reglas formales e informales que determinan quién tiene poder para coordinar, negociar y capturar valor. Desde esta perspectiva, la negociación ramal no es simplemente una política salarial, sino un intento de reconfigurar una institución clave del capitalismo chileno: el sistema mediante el cual se distribuye el poder negociador en el mercado del trabajo.
Leído así, el mensaje presidencial se inscribe en una disputa institucional de fondo. No se trata solo de si los salarios suben o bajan, sino de qué reglas organizan la relación entre empresas, trabajadores y Estado, y cómo esas reglas influyen en cohesión social, productividad y conflicto.
Para las gerencias de personas, el dilema que abre este debate es ineludible y va más allá de la suerte legislativa del proyecto. Casen 2024 muestra que una mayoría de hogares vive con ingresos ajustados y alta exposición a la incertidumbre. Los datos sobre salud mental laboral advierten que ese estrés no es marginal ni transitorio. Y la discusión sobre negociación ramal vuelve a poner en evidencia que el bienestar no se gestiona solo con políticas internas o beneficios aislados.
La pregunta, entonces, no es únicamente si la negociación multinivel es la herramienta correcta, sino qué rol están dispuestas a asumir las organizaciones en un contexto donde las reglas del trabajo están tensionadas. ¿Seguir abordando el malestar como un problema individual, desconectado de salarios y poder negociador? ¿O participar activamente en la conversación sobre coordinación, institucionalidad y responsabilidad compartida?
Si la negociación ramal no avanza, el problema no desaparece. La evidencia sugiere que alguien seguirá absorbiendo el costo del desajuste entre productividad, salarios y expectativas de vida digna. La pregunta —incómoda pero necesaria— es si ese costo seguirá recayendo silenciosamente en la salud mental de las personas y en trayectorias laborales cada vez más frágiles, o si el mundo del trabajo será capaz de anticiparse y rediseñar sus propias reglas antes de que el conflicto vuelva a imponerse por la vía del desgaste.
