“Hubo un enorme retroceso en las relaciones laborales en el país durante los 17 años de dictadura”, señaló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respecto de las principales consecuencias que dejó el régimen militar.
Jara indicó que tras el retorno a la democracia, en 1990, “hasta la fecha se han llevado a cabo diversas iniciativas para la recuperación de los derechos laborales conculcados en los años de dictadura”. Así, durante su gestión, en el ministerio se ha avanzado en “el concepto de trabajo decente bajo la premisa del diálogo social tripartito, que es la forma en que avanzan las relaciones laborales modernas, donde gobierno, trabajadores y empleadores se sientan a conversar y buscar puntos en común sobre diversos temas”.
Recordó que una de las primeras medidas que tomó la dictadura, tras asumir el poder fue prohibir el derecho a huelga y a reunión, además de declarar proscrita a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). “Luego aplicó un golpe muy duro al movimiento sindical al imponer dos cuerpos legales: uno sobre sindicatos y otro sobre negociación colectiva, que implicó limitar el derecho a huelga y a la sindicalización en el país”, señaló.
Añadió que la influencia del Plan Laboral, de 1979, puso como pilares la negociación colectiva exclusivamente a nivel de empresa, eliminando los componentes de negociación multinivel y la participación del Estado. Por otro lado, daba lugar a una huelga que no paraliza las actividades; y, además, posibilitó la existencia de grupos negociadores que le restaron poder a los sindicatos.
“Sin duda, el reemplazo en huelga limitó el rol de esta acción para mejorar las condiciones laborales e hizo que, en la práctica, resultara inoficioso, quitando un derecho fundamental a los trabajadores organizados”, afirmó la ministra. Agregó: “También al dejar exclusivamente la negociación colectiva a nivel de empresa, dejó en manos del empleador el poder de decidir las materias a tratar, las que se basaban, en la práctica, sólo en materias remuneracionales y con una asimetría de poder en claro desmedro de los trabajadores. Además, se agregó la creación y formación de grupos negociadores por parte del empleador, con el objetivo de acotar el poder de los sindicatos”.
Otro punto en contra de los trabajadores, mencionó la ministra, ocurrió en 1980, cuando la Junta Militar aprobó, “a puertas cerradas y sin ningún debate democrático, una reforma estructural al sistema de pensiones, la que se materializó a través de la publicación del DL 3.500. Al año siguiente debutó el nuevo sistema, cuyo eje está en la capitalización individual y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas y con fines de lucro. Con esta reforma el individualismo reemplazó a la solidaridad y desplazó el rol del Estado en la seguridad social”.
Los desafíos tras la dictadura han sido equilibrar la balanza en las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. “En ese sentido, como Gobierno hemos propuesto una serie de materias, que van en esa dirección. A las anteriormente mencionadas, que ya son ley de la República o están en tramitación, también están en nuestra agenda materias como negociación multinivel, igualdad salarial, un sistema de seguridad social justo, actualizar la Política Nacional de Seguridad en el Trabajo y, lo central y más urgente; reformar el actual sistema de pensiones para que garantice mejorar las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados”.
La ministra concluyó también con uno de los mayores desafíos impuestos por este Gobierno: “Sigue siendo una tarea permanente la búsqueda de verdad y justicia por los compatriotas desaparecidos, por los trabajadores que le faltan a nuestro país”.
