Mérito y trato igualitario para recuperar la confianza pública

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Por Eduardo Abarzúa, Director Magíster en gestión de personas en organizaciones Universidad Alberto Hurtado. Publicado en RHM 89.

Desde la creación del Sistema de Alta Dirección Pública año 2003 estableció como requisito criterios de profesionalización y experiencia directiva para más de 945 cargos de I y II nivel jerárquico. Así hoy son elegidos por concurso público cargos como el Superintendente de Salud, el director del SERNAC, por nombrar algunos. Lo que hace la ADP es localizar un espacio nuevo de desempeño entre el actor político y el funcionario de planta, donde se requieren las mejores capacidades gerenciales y neutralidad política, pues se trata de instituciones que mayoritariamente implementan políticas públicas. Efectivamente se trató de un cambio cultural, se equilibró la exclusiva confianza política como criterio de selección con el mérito y el libre e igualitario acceso a los cargos.

La capacidad de nuestro modelo de ADP de equilibrar correctamente esta ecuación mérito- confianza política, mostró su límite en los cambios de coalición. Los tránsitos Bachelet- Piñera- Bachelet, han significado en promedio la desvinculación de más del 64% de altos directivos. Los cambios de coalición pusieron en evidencia la debilidad de la formula en diferentes componentes y que llegó la hora de corregir.

Es evidente que el mérito y el trato igualitario en la selección, se ven debilitados cuando puede postular quien ocupa el cargo de manera provisional y transitoria (PyT) y, peor aún, ha sido “elegido” por la misma autoridad que llama al concurso. La formula también queda desequilibrada cuando para desvincular sólo hace falta invocar la pérdida de confianza sin necesidad de fundar la decisión en otros criterios como podría ser el desempeño. Como se ve, estos dos factores, la posibilidad de que postule quien ocupa un cargo transitoriamente mientras se concursa y la posibilidad de desvincular sin restricción, se han combinado generando un efecto que amenaza las bases del sistema: la confianza ciudadana en el servicio público, la posibilidad de atraer a los mejores directivos para gestionar el Estado y consolidar un estamento de directivos profesionales para Chile.

Ante lo anterior el Consejo de Alta Dirección Pública ha elaborado diversas propuestas de mejoramiento que buscan fortalecer la concursabilidad y el mérito. Varias de ellas están contempladas en el proyecto enviado por ejecutivo el pasado 1 de julio al congreso y que vale la pena destacar:

• Eliminar la posibilidad de nombrar Provisionales y Transitorios (PyT) y, cuando se produzca una vacante, la función la deberá ejercer el subrogante legal o algún ADP en ejercicio, mientras se realiza el concurso.

• Facultar al Presidente de la República, durante los tres primeros meses del período presidencial, para que nombre directamente los directivos de hasta 15 instituciones que sean prioritarias para su programa de gobierno.

• Fortalecer el convenio de desempeño estableciendo períodos para su suscripción y revisión. Asegurando y haciendo público su registro y, estableciendo incentivos económicos según rango de cumplimiento.

Por supuesto un sistema con estos valores reforzados debe extenderse para seleccionar a los directorios de las empresas públicas, a los directivos vinculados a compras y licitaciones públicas, la superintendencias, a los cargos claves de la gestión municipal, etc. Sólo así tendremos un Estado profesional al servicio de la ciudadanía y respetado por ella.

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