Por M. Alejandra Inostroza. Académica, Escuela de Trabajo Social UC e investigadora Micare y Rodrigo Finkelstein. Investigador postdoctoral, Escuela de Trabajo Social UC. Docente y autor de libros sobre salud y bienestar laboral.
En Chile, la informalidad laboral suele entenderse de forma binaria: lo formal como “legal y virtuoso” y lo informal como “ilegal y problemático”. Esta dicotomía es injusta y limita el diseño de políticas, porque la “informalidad” no es un bloque homogéneo: existen informalidades con orígenes, motivaciones y trayectorias distintas que requieren respuestas específicas.
Una fuente visible es la informalidad asalariada, que emerge cuando la economía formal externaliza riesgos, fragmenta la cadena de valor o recurre a figuras contractuales que diluyen responsabilidades. Allí la respuesta es clara: inspección eficaz, sanciones disuasivas, responsabilidad solidaria a lo largo de las cadenas de suministro y reglas que eviten el falso “independiente” sin autonomía real.
La informalidad reproductiva, otra vertiente anclada en la organización social del cuidado. La sobrecarga doméstica empuja a muchas personas –especialmente mujeres– a buscar flexibilidad fuera de la formalidad. Fortalecer una oferta pública de cuidados (salas cuna, jardines, centros diurnos y apoyos territoriales), junto con jornadas adaptables con cotización proporcional y teletrabajo regulado, puede reducir la necesidad de optar por arreglos precarios para compatibilizar ingresos y cuidado.
En los ciclos de desaceleración aparece, además, la informalidad de subsistencia: hogares que ingresan a actividades informales por exclusión del empleo formal. La respuesta es contracíclica: creación de empleo transitorio de calidad, transferencias acotadas vinculadas a capacitación y programas puente que faciliten el tránsito hacia la formalización cuando mejora el ciclo.
Finalmente, persiste la informalidad no remunerada en unidades familiares y comunitarias: trabajo sin pago ni protección. Allí conviene extender pisos de seguridad social no contributiva –salud, invalidez y vejez– y habilitar vías de formalización simples para actividades de apoyo al emprendimiento familiar, evitando cargas burocráticas que desalienten su regularización.
En síntesis, no enfrentamos una sola “informalidad”, sino varias; y, de forma transversal, opera la informalidad interseccional acumulada, que combina condiciones como ser migrante, mujer, joven, indígena, rural o en situación de discapacidad, multiplicando barreras y riesgos. Reconocer esto como eje de diseño, implementación y evaluación –regular asimetrías, proveer cuidados, habilitar trayectorias de formalización y garantizar derechos– es imprescindible para que las políticas estén a la altura de la diversidad que buscan transformar.
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
