Los cambios laborales que impulsa el gobierno de Pedro Castillo

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El año 2021, la tasa de informalidad laboral en Perú marcó el peak más alto durante los últimos 11 años alcanzando un 76,8%, impacto que estima el ingreso de casi 700.000 trabajadores en el sector informal respecto del periodo pre pandemia. El indicador ajustado al periodo del trimestre abril-junio, registra un alza de 1,1 (27,1%) en contraste con el mismo periodo del año 2020. Un fenómeno similar ocurre con las expectativas de contratación de personal, a 3 y 12 meses, las que registraron una disminución en todo el territorio peruano. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), dos factores han afectado con mayor impacto en esta situación: la precarización del empleo y la reducción de los niveles de ingresos.

En este contexto, el gobierno del Perú está desplegando una agenda laboral que apunta a beneficiar a un segmento específico que representa al 5% del ecosistema laboral, contrario a lo esperado, pues se desatendió el fenómeno de la precariedad del empleo. De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Llyc, la agenda incluye el anteproyecto del Código del Trabajo, modificaciones en materia de tercerización laboral y relaciones colectivas del trabajo, entre otras iniciativas.

Las reacciones a estas iniciativas no tardaron en llegar, con un transversal desconcierto entre los especialistas, líderes empresariales e incluso, el mismo Consejo Nacional del Trabajo (Cntpe), quienes critican que los proyectos tienen sesgos y representan un retroceso en productividad laboral y mayor rigidez del mercado. Esta situación contribuiría al clima de incertidumbre para las empresas y los inversionistas quienes deben observar con cautela sus contrataciones.

Actualmente la viabilidad de la agenda está en manos del legislativo. Independientemente del resultado de estas normativas, ya algunas empresas optan hoy por interponer acciones legales al respecto. 

Anteproyecto del código del trabajo

El 13 de abril, el gobierno publicó una resolución ministerial sobre el anteproyecto del Código del Trabajo. Según las disposiciones del ejecutivo normadas en la resolución ministerial n°232 del año 2021, se creó una comisión sectorial a cargo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, la cual no incluyó una convocatoria para los miembros del consejo. La propuesta fue actualizada desde el enfoque de la actual política del gobierno peruano, como consta en las actas del acuerdo. Dirigentes del sector concluyen que este proyecto, altera y desconoce el trabajo realizado por el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo con sus respectivos consensos.

Los especialistas identifican cuatro grupos dentro de las modificaciones: artículos mantenidos según su consenso, artículos modificados sin consenso, artículos sin consenso pero que acogen propuesta de trabajadores y/o del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, y por último, un grupo de artículos que no están dentro de la Ley General del Trabajo. Los últimos grupos, aseguran, generan el malestar con la población laboralmente activa y se desmarcan de los consensos del consejo que son elementales para dar legitimidad a una nueva normativa.

En opinión de especialistas en el ámbito, modificaciones tales como nuevos plazos máximos de contratos de hasta 18 meses por inicio de actividades y de un año por actividades coyunturales, la indemnización por despido arbitrario sin tope, la eliminación de la categoría de trabajadores de confianza, la incorporación de 45 minutos de refrigerio de la jornada de trabajo, el ajuste del sueldo mínimo cada dos años sin tener en cuenta criterios de inflación o situación de la empresa, entre otros, tendrían un impacto económico negativo en las organizaciones que, finalmente, podrían optar por pasar a la informalidad respecto a la contratación de mano de obra.

Actualmente, cerca de 200 proyectos en materia laboral están en el Congreso y muchos de estos poseen un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, esto significa que se encuentran listos para ser debatidos. El actual secretario de estado en dicha cartera, Alejandro Salas, señaló que existen 41 proyectos que requieren una articulación entre el ejecutivo y el legislativo anunciando su absoluta predisposición para colaborar en esas instancias.

Tercerización laboral

El 22 de agosto entró en vigencia el Decreto Supremo que regula los servicios de tercerización, el cual fue publicado durante la dirección de la anterior ministra Betssy Chávez. 

La norma, según explican los especialistas y los gremios, es desproporcionada e inconstitucional porque impide la contratación de trabajadores tercerizados en áreas de seguridad, operación, mantenimiento o mano de obra minera, sector cuyas actividades califican dentro del precepto legal de las “actividades nucleares” del negocio.

Otros efectos previstos por los expertos es que las empresas que prestan estos servicios podrían declararse ilegales conforme al decreto vigente, y por consiguiente, continuar sus operaciones en situación de incumplimiento pasando a la informalidad o, peor aún, cerrando los negocios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la tercerización como un fenómeno global que no es ilegal según opinan los especialistas. Por su parte, entre los 40 países miembros de la Ocde, México es el único Estado que prohíbe la tercerización laboral.

El Congreso impulsó dos proyectos para dejar sin efecto la normativa, sin embargo, el Pleno del Parlamento no discutió estas iniciativas por falta de consenso entre las bancadas legislativas.

Relaciones colectivas de trabajo

El 24 de julio, el Ejecutivo publicó el decreto supremo n°14 que modifica artículos del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo. Este no fue discutido ni expuesto a diálogo previo con los integrantes del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. 

Esta norma se aplica respecto de los trabajadores del sector privado sin distinciones, y además, establece que los trabajadores independientes pueden constituir un sindicato, negociar y levantar una huelga. 

Según explican los especialistas en la materia, el estado está formulando esta política en base a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

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