Opinión

Licencias médicas: credibilidad y sostenibilidad

Pamela Gana Cornejo, especialista en seguridad social, aborda con profundidad la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema de licencias médicas en Chile. A partir de datos recientes y propuestas concretas, plantea una urgente reforma que combine eficiencia, justicia y sostenibilidad, sin caer en discursos simplistas o punitivistas.

Por Pamela Gana Cornejo. Especialista en seguridad social, gestión y políticas públicas Mucho se ha dicho sobre las licencias médicas desde que, en mayo pasado, la Contraloría General de la República reveló que un número significativo de funcionarios públicos viajó al extranjero mientras estaban con licencia, incumpliendo así su reposo. Más allá del impacto mediático de este hallazgo, lo ocurrido obliga a un debate esencial: ¿cómo garantizar que la licencia médica cumpla efectivamente su rol, sea creíble para la ciudadanía y financieramente sustentable para el sistema? La discusión de junio dejó en claro que quienes deben fiscalizar el correcto uso de la licencia –incluido el reposo– son la Compin y las Isapres, mientras que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) es la encargada de controlar que estas instituciones hagan bien su trabajo. No plantearé si esas funciones se han ejercido adecuadamente o no, sino que me centraré en algunos aspectos clave que debemos resolver para fortalecer el sistema. El 10 de junio pasado, en una reunión con gerentes generales de Isapres y la Compin, la Suseso presentó una propuesta basada en las nuevas atribuciones que le otorga la modificación a la Ley 20.585, vigente desde el 24 de mayo de 2025. Allí se delineó la creación de un “nodo de información”, que permitirá la interoperabilidad entre distintas instituciones (PDI, Registro Civil, SII, TGR, entre otras), facilitando la fiscalización de las licencias. La idea es que la Suseso actúe de nodo central de la información y la ponga a disposición para el “consumo” de Compin e Isapres para que puedan cumplir su rol fiscalizador, mientras la propia superintendencia refuerza su función de control. Ahora bien, fiscalizar el uso de la licencia médica no se limita a comprobar el reposo domiciliario: también implica verificar la existencia del vínculo laboral y que la persona no realice otra actividad remunerada durante ese período. Para todo aquello, la tecnología ofrece múltiples vías: desde el cruce de datos de remuneraciones y cotizaciones previsionales hasta la información de viajes o incluso registros de consumo o ubicación con el GPS del celular. Sin embargo, no se trata de instalar un sistema de vigilancia orwelliano al estilo 1984. Esa lógica, además de distópica, solo permite actuar ex post, lo que es poco eficiente. Necesitamos actuar antes de que la licencia sea aprobada y, por sobre todo, pagada al trabajador. Por eso, más que enfocarse únicamente en detectar incumplimientos a posteriori, lo fundamental es fortalecer el rol de contraloría médica al inicio del proceso, cuando se aprueba o rechaza una licencia médica. Es ahí donde se define si el sistema protege de manera justa a quienes realmente lo necesitan o si se abre espacio a abusos. Las cifras invitan a reflexionar: en 2023, apenas un 11,8% de las licencias fue rechazada en primera instancia. Tras los procesos de reclamación ante Compin y Suseso, esa cifra se redujo a 6,34%. Dados los hechos ya conocidos, ¿es razonable confiar en un sistema con tan bajos niveles de rechazo? La situación es aún más compleja en salud mental. En 2023, las Isapres rechazaron en primera instancia el 55% de las licencias por este motivo, mientras que Compin solo rechazó el 14% de las otorgadas a afiliados de Fonasa. Tras la revisión que realiza Compin a todas las licencias médicas rechazadas inicialmente por Isapres, y en adición a los casos reclamados, el rechazo en Isapres bajó a 27% en el grupo de patologías mentales. La situación es más compleja al considerar que las revisiones de Compin varían de manera importante a lo largo del país. ¿Podemos confiar en un sistema con criterios tan dispares? El debate más profundo no se puede seguir postergando. La credibilidad y la sustentabilidad de las licencias médicas requieren cambios de fondo. En esa dirección avanza el proyecto del “nodo de información” antes mencionado y los proyectos de ley en discusión en el Congreso: trasladar a Fonasa el rol de contraloría médica (eliminando la función de Compin), reducir los días de carencia y eliminar privilegios injustificados para los funcionarios públicos frente a los trabajadores del sector privado (fundamental en esto es que tengan días de carencia, estén sujetos al tope imponible y reciban el pago de la licencia desde su seguro de salud y no la mantención de la remuneración, como es actualmente). Estos son pasos correctos y deben implementarse, pero son insuficientes. Al menos, para empezar, hay cuatro aspectos a incorporar en la actual discusión:

Actualizar los criterios de aprobación de licencias médicas (DS N° 7 del Minsal). Estos deben equilibrar el derecho al reposo con la sostenibilidad del sistema, especialmente en salud mental. Para ello se requiere un trabajo conjunto y multidisciplinario entre Compin, Minsal, Fonasa, Suseso, Colegio Médico e Isapres, de modo que médicos, contralores y revisores compartan reglas claras y realistas. Además, se debe avanzar en que estos criterios sean implementados como obligatorios y no solo referenciales, como es en la actualidad.
Redefinir el rol de la Suseso. Hoy la institución revisa al año más de 125 mil reclamaciones de licencias médicas rechazadas por las instancias previas de revisión, gastando más de $1.800 millones anualmente en médicos externos. Esa función debería radicar sólo en Compin, con mejoras en su gestión y los controles adecuados en esa institución, mientras la Suseso debe asumir, además de su rol regulatorio, exclusivamente la fiscalización del sistema (incluyendo la fiscalización de contraloría médica de los seguros de salud), optimizando recursos y mejorando la supervisión. En esto último, además veríamos un ahorro de gasto fiscal.
Fortalecer las investigaciones a médicos que emiten licencias sin fundamento y sus sanciones, cuando corresponda. La Suseso, desde 2023, ha sido exitosa en estas investigaciones. Si comparamos 2024 con 2022 o años previos, el número de investigaciones creció al doble y su efectividad (medida como el porcentaje de sancionados sobre investigados) se cuadruplicó al primer semestre de 2025. Esto debería mejorar aún más en 2026, con el uso de modelos con IA para la detección temprana de licencias médicas sin fundamento, que desde 2024 está desarrollando la escuela de ingeniería industrial de la Universidad de Chile a solicitud de la Suseso.
Profundizar la gestión del riesgo de fraude en los diferentes actores del sistema. Esto incluye medidas de gestión de riesgo a ser implementadas por, al menos, Compin, Fonasa, Isapres, Cajas de Compensación, operadores de licencia médica electrónica y Suseso. Por ejemplo, se deben abordar acciones como prohibir la emisión de licencias desde el extranjero, limitar la cantidad de licencias que un médico puede otorgar al día, establecer tiempos mínimos entre licencias, reporte y bloqueo de emisión en caso de comportamiento anómalo en la emisión y entregar al médico información sobre las licencias previas del paciente según grupo diagnóstico, entre otras.

La licencia médica es un pilar de nuestra seguridad social. No puede quedar atrapada en la desconfianza ni ser utilizada como herramienta política, que incluye discursos grandilocuentes e histriónicos sin profundidad. Se requiere una mirada técnica, seria y responsable, que garantice protección efectiva a quienes realmente la necesitan y, central en esta discusión, preserve la sostenibilidad del sistema. Las personas trabajadoras verdaderamente enfermas –y nuestra seguridad social– se lo merecen. Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management