La Ley Karin, que entró en vigencia en agosto de 2024 para fortalecer la prevención y sanción del acoso y la violencia en los espacios laborales, ya muestra sus primeros efectos. En los seis meses transcurridos desde su implementación, grandes empresas concentraron la mitad de las denuncias registradas, con un 86,7% de los casos vinculados a acoso laboral. Según el informativo jurídico de febrero de 2025 de Lizama Abogados, las fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo derivaron en 323 multas y una recaudación que supera los 700 millones de pesos, revelando el alto nivel de incumplimiento y la necesidad urgente de mejorar los protocolos internos.
Durante este primer periodo, la Ley Karin exigió a los empleadores incorporar protocolos de prevención de acoso y violencia en los Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad, además de establecer procedimientos obligatorios para investigar denuncias al interior de las organizaciones.
En cuanto al impacto cuantitativo, el 50% de las denuncias se concentraron en grandes empresas, mientras que un 18% correspondió a medianas y un 29% a micro o pequeñas empresas. Solo un 3% no pudo ser identificado debido a falta de datos en la base de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
La tipología de los casos también fue reveladora: un abrumador 86,7% de las denuncias se refirió a acoso laboral, seguido por un 6,7% de denuncias por violencia en el trabajo y un 6,6% por acoso sexual.
Estas cifras muestran un patrón que tensiona especialmente a las grandes organizaciones, donde la presión por mantener ambientes de trabajo saludables se cruza con estructuras jerárquicas que a veces dificultan la denuncia oportuna.
A la par de las denuncias, la Dirección del Trabajo realizó 326 fiscalizaciones entre agosto y diciembre de 2024 enfocadas en materias vinculadas a la Ley Karin. En 228 de ellas se detectaron infracciones, lo que derivó en la aplicación de 323 multas por incumplimiento del protocolo de prevención del acoso, falta de actualización del mismo y otras infracciones relacionadas.
El total recaudado por estas sanciones alcanzó los $707.012.346, lo que da cuenta de una fiscalización activa por parte de la autoridad y de un proceso de adaptación aún en curso para muchas organizaciones.
Una de las claves del nuevo marco normativo es que ya no basta con tener políticas generales: los empleadores deben asegurar la existencia y operatividad de mecanismos concretos, como canales confidenciales de denuncia, procesos de investigación internos y medidas de protección durante todo el procedimiento.
En paralelo, el informe también recoge una aclaración del dictamen N°E516610 de la Contraloría General de la República, que reforzó algunos aspectos centrales de la Ley Karin. En particular, precisó que las conductas de acoso —laboral o sexual— pueden sancionarse con cualquier medida disciplinaria contemplada en las leyes N°18.834 y 18.883, sin que la destitución sea obligatoria como única opción.
Además, la Contraloría avaló que órganos públicos, como la Comisión para el Mercado Financiero, puedan incluir ejemplos de conductas inadecuadas en sus protocolos preventivos, incluso si estos van más allá de los mínimos legales, siempre que cumplan con el principio de prevención exigido por la ley.
También se reiteró el derecho de las personas denunciantes a reclamar ante la Contraloría si no están conformes con la resolución de sus casos. En este sentido, el marco normativo busca no sólo sancionar, sino también generar confianza en los procedimientos internos y externos de protección.
Pasados seis meses de implementación, la Ley Karin se posiciona como una herramienta clave en la transformación de la cultura laboral en Chile. El desafío ahora será consolidar buenas prácticas, reducir la incidencia de acoso y asegurar que el cumplimiento no sea meramente formal, sino parte de una estrategia real de bienestar organizacional.
