En Santiago, a pocos días de cumplirse un año de vigencia de la Ley Karin, la dirección del trabajo (DT) emitió un nuevo dictamen que aborda aspectos prácticos y procedimentales que habían generado dudas entre empleadores y trabajadores. Según publicó Diario Financiero, el documento aclara que los denunciantes pueden desistir voluntariamente de sus acusaciones internas, fija criterios para la selección de investigadores y descarta la existencia de beneficios por cumplimiento ejemplar de la normativa.
El pronunciamiento especifica que la Ley Karin no impone exigencias formales de grados académicos para quienes llevan adelante las investigaciones. Sin embargo, recomienda que los empleadores prioricen a personas con formación acreditada en materias de acoso y género, idealmente respaldada por certificaciones emitidas por entidades educativas reconocidas por el Estado.
Respecto de la posibilidad de reducir o eliminar sanciones a empresas que demuestren cumplimiento proactivo, el dictamen es categórico: actualmente no existe base legal para conceder beneficios o morigerar multas por esa vía. Esta postura, no obstante, podría modificarse si las autoridades competentes introducen cambios normativos en el futuro.
Otro punto abordado es la aplicación de medidas de resguardo para las personas involucradas en las denuncias. La DT señaló que no es posible entregar orientaciones genéricas, ya que la determinación de acciones —como separar físicamente a las partes o brindar apoyo psicológico— depende de la evaluación particular de cada caso y de la gravedad de los hechos denunciados.
Derecho a desistir de una denuncia
Uno de los elementos más relevantes del dictamen es la confirmación de que los trabajadores pueden retractarse de su denuncia interna. Hasta ahora, este punto no estaba claramente definido, lo que generaba incertidumbre en los procesos internos de las empresas. Con esta aclaración, la DT establece un marco más claro sobre el alcance y las opciones disponibles para los denunciantes.
Un año de aprendizajes
La Ley Karin, vigente desde el 1 de agosto de 2024, fue diseñada para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, en concordancia con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Su implementación ha generado un aumento sostenido de denuncias y un mayor volumen de consultas a la DT, lo que ha obligado a la institución a reforzar su dotación y desarrollar nuevas herramientas de fiscalización.
Con este dictamen, la DT busca fortalecer la aplicación uniforme de la normativa y reducir las ambigüedades que afectan tanto a empleadores como a trabajadores, consolidando criterios procedimentales que hasta ahora podían variar de una empresa a otra.