Por Américo Ibarra Lara. Director Instituto del Ambiente Construido. Observatorio en Política Pública del Territorio. Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Universidad de Santiago de Chile
Al cierre de un gobierno, las evaluaciones económicas se vuelven inevitables. Más allá de los discursos, lo que queda son las cifras y las decisiones que marcaron el rumbo económico. Y en este caso, al poner “las cartas sobre la mesa” la evidencia da cuenta de una suma de errores que no pueden ser ignorados: déficit fiscal creciente (3.55% del PIB es el último dato sobre el déficit estructural para fines del año 2025), estimaciones de ingresos poco realistas (para el año 2025 se estimó un meta de crecimiento en los ingresos fiscales del 8,4% y en efecto este solo alcanzó al 6,3%) y expectativas de crecimiento que nunca se materializaron.
Uno de los principales desaciertos fue la subestimación del déficit fiscal. Durante gran parte del período se insistió en que las cuentas públicas estaban bajo control, pero la realidad demostró lo contrario. El gasto aumentó sin una estrategia clara de sostenibilidad y las medidas de ajuste llegaron tarde o de manera insuficiente. El resultado es un Estado más endeudado y con menor margen de maniobra para enfrentar contingencias futuras.
A ello se suma el optimismo excesivo en las proyecciones de ingresos. Se construyeron presupuestos sobre supuestos de recaudación que no se cumplieron, lo que obligó a improvisar correcciones y a recurrir a endeudamiento adicional. Este error no es menor: cuando los ingresos se sobreestiman, se genera una ilusión de holgura que termina debilitando la credibilidad de la política fiscal.
Las expectativas de crecimiento también fueron un punto crítico. Se anunciaron tasas de expansión que nunca se alcanzaron, y la brecha entre lo proyectado y lo real erosionó la confianza de los agentes económicos. La falta de un diagnóstico más prudente y de políticas efectivas para dinamizar la inversión y el empleo dejó al país con un desempeño inferior al esperado.
En medio de este panorama, la designación por parte del nuevo gobierno de un director de presupuesto con gran experiencia aumenta las expectativas de lograr una gestión más rigurosa que permita ordenar las cuentas fiscales y avanzar hacia el cumplimiento de la regla fiscal. Este nombramiento y tareas delineadas son claves para recuperar credibilidad y dar señales de responsabilidad frente a los mercados y la ciudadanía.
Las cartas están sobre la mesa: déficit fiscal, ingresos mal calculados y crecimiento incumplido son parte de la herencia económica del actual gobierno y el desafío para las nuevas autoridades es lograr corregir el rumbo en un tiempo acotado. La lección es clara: la responsabilidad fiscal y la honestidad en las proyecciones no son detalles técnicos, sino pilares que comprometen el crecimiento económico, el desarrollo del país y la confianza pública.
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
