La revolución tecnológica no es una promesa del futuro. Ya ocurrió. En 2025, más de la mitad de los trabajadores estadounidenses —el 52%— declaraban estar preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en sus empleos, según Pew Research. Y no se trata de un miedo abstracto: el 42% de quienes ya usan IA en su trabajo creen que esta reducirá sus oportunidades laborales. Quienes más saben sobre la tecnología son, paradójicamente, los más inquietos.
El resto del mundo lo sabe y está actuando. La Unión Europea promulgó en 2024 la primera regulación integral sobre inteligencia artificial del planeta —el “Reglamento de IA de la UE”—, en vigor desde agosto de ese año. En el ámbito laboral, clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA usados en contratación, evaluación de desempeño y decisiones de despido: los empleadores deben notificar a los trabajadores antes de implementarlos, garantizar supervisión humana en las decisiones y otorgar el derecho a solicitar explicaciones sobre los criterios aplicados.
Desde febrero de 2025, el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo quedó directamente prohibido. España incorporó ya en 2021 —a través de la llamada ‘Ley Rider’— el derecho de todo trabajador a conocer los parámetros de los algoritmos que afectan sus condiciones laborales, directamente en el “Estatuto de los Trabajadores”; en 2026 avanza en la implementación del “Reglamento Europeo de IA” en el ámbito del trabajo. Francia tiene el “Compte Personnel de Formation”, una cuenta individual de formación que sigue al trabajador durante toda su vida laboral, independientemente del empleador. Singapur ha invertido más de 5.000 millones de dólares singapurenses en el programa “SkillsFuture” desde su lanzamiento en 2015, garantizando acceso universal a capacitación continua a lo largo de toda la vida laboral. Alemania co-gobierna su sistema de formación profesional a través del modelo dual (Berufsausbildung): el Estado, los empleadores y los sindicatos diseñan y reforman conjuntamente los estándares, según lo establece la “Ley Federal de Formación Profesional” (Bbig) y la “Ley de Constitución de las Empresas”. Ningún cambio relevante al sistema se construye sin ese tripartismo.
El informe OcdeSkills Outlook 2023 —la publicación de referencia de la Ocde, organismo del que Chile es miembro desde 2010— es categórico: los sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida son indispensables para garantizar que los individuos tengan las competencias necesarias para el crecimiento económico y la cohesión social. Los países deben priorizar el acceso para adultos con bajos niveles de calificación, trabajadores mayores y quienes están en empleos precarios, eliminando barreras de tiempo, costo e información. La formación laboral no es política social. Es infraestructura de competitividad.
En febrero de 2026, Daron Acemoglu y Simon Johnson —ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, junto a James Robinson, precisamente por demostrar cómo las instituciones determinan si una economía es inclusiva o extractiva— publicaron junto a David Autor el documento “Building pro-worker artificial intelligence”. Su argumento es tan simple como perturbador: la IA puede hacer más valiosas las habilidades humanas o volverlas prescindibles. Cuál de los dos caminos siga no depende de la tecnología en sí, sino de decisiones políticas, institucionales y de incentivos capaces de orientar su desarrollo hacia el trabajo humano, no solo hacia la automatización.
“La IA tiene una capacidad sustancial para automatizar el trabajo y desplazar a los trabajadores. Simultáneamente, creemos que la IA tiene un potencial igualmente transformador para actuar como un multiplicador de fuerza para las habilidades y la experiencia humana”, escriben Acemoglu, Autor y Johnson. La diferencia entre ambos futuros no es tecnológica. Es política.
Uno de los premios Nobel de Economía 2025, Joel Mokyr, historiador económico que ha estudiado la relación entre revolución tecnológica, conocimiento e instituciones, ha insistido en una lección que se repite desde la Revolución Industrial: las transiciones tecnológicas no son buenas ni malas por sí mismas. Lo que determina si crean prosperidad ampliada o desigualdad brutal es la capacidad de las instituciones para sostener la difusión del conocimiento, la adaptación productiva y la reconversión de quienes quedan expuestos al cambio. Las sociedades que invirtieron en ese puente lo cruzaron. Las que lo ignoraron generaron décadas de fracturas sociales.
Esa lección tiene 200 años. Y Chile vuelve a enfrentarla en un momento decisivo.
Nadie lo vio venir
A principios de 2026, el gobierno del Presidente Kast ingresó al Congreso un proyecto de ley para eliminar la franquicia tributaria del Sence, el mecanismo que permite a las empresas descontar de sus impuestos hasta el 1% de su planilla si destinan esos recursos a capacitar a sus trabajadores. Un sistema con 50 años de historia. Con fallas conocidas y documentadas. Pero también con una escala y una cobertura que ningún instrumento alternativo en Chile puede replicar.
El Gobierno ha defendido la eliminación de la franquicia como parte del “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”. Según el Ejecutivo, el instrumento tiene un costo fiscal cercano a US$300 millones anuales y arrastra problemas graves de impacto, concentración y mal uso. En el reportaje previo de RH Management sobre este debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “nadie que la haya analizado tiene una opinión positiva de su efecto” y que el país “malgastó una oportunidad”. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, agregó que existen estudios y antecedentes sobre usos indebidos de la franquicia. La evidencia citada por el Gobierno incluye una evaluación de la Dipres que no encontró efectos estadísticamente significativos en remuneraciones, meses trabajados o estabilidad laboral, además de una fuerte concentración del gasto en grandes empresas.
Ese diagnóstico no es menor ni debe ser descartado. La franquicia tiene fallas conocidas: bajo impacto medido en salarios, débil focalización, captura por empresas de mayor tamaño y casos documentados de mal uso. La controversia, por tanto, no está en negar esos problemas, sino en la respuesta institucional: si una política deficiente debe corregirse con un sistema mejor o simplemente desaparecer antes de que exista una alternativa equivalente para los trabajadores que hoy dependen de ella.
Según fuentes del sector recogidas en el debate público, la franquicia Sence representa entre el 50% y el 60% de la capacitación orientada a trabajadores con baja y media empleabilidad. Trabajadores adultos sin título universitario. Empleados de pymes. Personas en sectores en proceso de reconversión. Los más vulnerables a la automatización que Acemoglu, Autor y Johnson describen en su paper. Los primeros que la IA puede desplazar. Los últimos que pueden pagarse una alternativa.
Otras fuentes consultadas por RH Management, aseguran que el proyecto llegó al Congreso sin una instancia previa de diálogo social con organizaciones sindicales y sin que se conociera, al momento de la discusión, un mecanismo equivalente de reemplazo ni una evaluación pública específica sobre los trabajadores que hoy dependen del sistema. Llegó, en palabras de quienes lo vivieron, como una decisión tomada antes de conversar con sus principales afectados.
En países, como Alemania, Francia, Singapur, los sistemas de formación laboral se construyen con distintos grados de participación del Estado, las empresas y los trabajadores. No se trata de una referencia comparada decorativa: esa gobernanza es parte de la razón por la que esos sistemas logran mayor legitimidad, pertinencia y continuidad en el tiempo. En Chile, la crítica de fondo es que se propone desarmar un instrumento de 50 años antes de presentar una arquitectura alternativa suficientemente clara.
La discusión está documentado en el reportaje publicado por RH Management “El debate Sence: una mala política no se corrige con un vacío”, donde economistas y expertos advierten que el problema no es que la franquicia sea imperfecta —lo es—, sino que eliminarla sin alternativa no es modernización: es desprotección estructural.
Las y los trabajadores hablan
RH Management consultó a dirigentes sindicales de distintos sectores y centrales. Sus testimonios son contundentes. Estas fueron sus principales advertencias.
Mauricio Acevedo, presidente, Sindicato Salcobrand y de la Federación de Trabajadores de Farmacias; vocero, Alianza de Trabajadores del Comercio (Atcomer), y dirigente en la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Servicios y Afines (Constracops):
“Para reducirlo en una frase: es como querer quitarnos la única escalera que tiene el trabajador que no fue a la universidad. Yo soy un ejemplo. Después de 25 años pude ingresar a estudiar Administración de Empresas justamente a través de Sence. Quitarnos este beneficio es enormemente perjudicial. Nos quita herramientas incluso en procesos de negociación colectiva.”
Acevedo advierte además que la eliminación llega precisamente cuando más se la necesita. “Hoy día estamos en los tiempos que estamos viviendo. Quitarnos esta herramienta es cercenar una que es tremendamente relevante para la formación que no es vital solamente, sino estratégica.”
Agrega, “no me sorprende que la política laboral se cocine a puertas cerradas. Lo hemos vivido en otras oportunidades. El eslogan del gobierno siempre fue el diálogo. Aquí está demostrando todo lo contrario. Acá hay una historia que se pretende eliminar así, con el codo, dejando fuera a los trabajadores.”
Sobre el impacto de la inteligencia artificial, Acevedo es directo: “No estamos preparados. El sindicalismo está demasiado fragmentado. La automatización ya llegó y son muchos los puestos que se han ido eliminando, como el de cajera. Esperábamos que el tema de la reconversión laboral fuera el diálogo que debiéramos comenzar a tener. No es el caso. La reconversión laboral no existe”.
Carlos Gómez, vicepresidente y director en la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de Universidades del Estado (Fauech):
“Pierde una de las pocas vías reales de acceso a capacitación continua. El efecto de fondo es claro: el riesgo se traslada desde el sistema al individuo. En un país desigual, eso amplía la brecha entre quienes pueden pagar su formación y quienes no.”
Gómez pone el acento en el déficit institucional que revela la decisión: “Más que un problema técnico, revela un déficit de legitimidad. La formación laboral no es solo una política: es un espacio de co-construcción entre Estado, empresas y trabajadores. Cuando se decide sin diálogo, aparece un rasgo estructural de la cultura chilena: la brecha entre norma y práctica.”
Aclara, “Chile no tiene un sistema robusto de formación continua ni de reconversión a gran escala. En ese contexto, eliminar un instrumento existente sin reemplazo es especialmente riesgoso. La IA no solo destruirá empleos: transformará todos. Sin un sistema articulado, el país enfrenta ese cambio dejando a los trabajadores a su suerte.”
Myriam Barahona, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, Fenafuch:
“Lo que perdería efectivamente es el derecho a capacitarse y a educarse. Quedaría en desventaja con aquellos que sí tienen la posibilidad de estudiar. Perdería la posibilidad de tener mejores condiciones laborales, un mejor trabajo, un mejor ingreso. Y sobre todo ahora que está avanzando la inteligencia artificial en los trabajos: va a quedar en desmedro de otros trabajadores. Eso significa mano de obra barata.”
Barahona conecta la decisión con el impacto en la vida concreta de quienes menos tienen: “Es difícil que una persona que recibe un salario mínimo pueda invertir en su propia capacitación laboral. Entre comer y capacitarse pagando con su propio bolsillo es complejo. El Estado se desentiende de su función de protector.”
Y precisa: “Así como se pasó del colonialismo a la era industrial, hoy día estamos viviendo un proceso muy similar desde el ámbito del trabajo. Vamos a tener que ser hábiles para enfrentar este momento. Es muy complicado que a los trabajadores y trabajadoras se les quite el derecho a educarse para poder estar al nivel de lo que se viene”. Para Barahona, la discusión no puede quedar solo en el Gobierno o el Parlamento: debe incorporar a los trabajadores y a sus organizaciones en una política pública de reconversión.
Roberto Grandón, presidente de la Confederación Nacional de la Rama Bancaria (Conaban) y consejero nacional, CUT:
“Lo que necesitan los trabajadores es más capacitación, introducirlos en la tecnología. Incluso los dueños de las Pymes necesitan adquirir tecnología y necesitan capacitar a sus trabajadores. Perder eso cuando necesitamos más reconversión laboral, cuando necesitamos bajar los índices de desempleo, convierte a esta herramienta en algo fundamental. Quitarla de la forma en que se está haciendo es un error.”
Grandón señala un dato que suele perderse en el debate: la decisión no es solo sobre la franquicia. Es sobre un patrón más profundo de relacionamiento con los trabajadores.
Al respecto, argumenta: “La política más clara para enfrentar la automatización era precisamente la negociación ramal, en que cada sector puede conversar sus necesidades con los trabajadores y tener herramientas de reconversión laboral. Por eso es tan exitosa en países desarrollados. Los mejor posicionados para enfrentar el cambio tecnológico y la introducción de la IA son los países que tienen negociación ramal. Y este gobierno, sin mediar una sola conversación con nadie, retiró ese proyecto. Eso es la negación del diálogo democrático y la eliminación de la mejor herramienta que podríamos tener para enfrentar el cambio tecnológico.”
José Pérez, presidente, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef):
“Esto golpea a la buena política pública en materia de programas y también a la presencia en el territorio. No solo afecta a la capacitación tal como la conocemos. Afecta la intermediación laboral, las oficinas Omil, los subsidios al empleo. Tiene un impacto de cobertura territorial en regiones y provincias que no es menor para el acceso de los trabajadores.”
Pérez plantea que la eliminación sin diálogo no es solo una falta de forma: tensiona el sentido mismo de la función pública.
Enfatiza: “Creemos que es una falta de respeto. Es una actitud violenta desde el punto de vista de lo que significa el ejercicio de la función pública. La inteligencia artificial ya está incidiendo en las decisiones públicas, afecta a los derechos de la ciudadanía y también impacta en el empleo público. La tecnología no puede ser sin regulación. La IA no puede ser sin derechos. Toda innovación es con derechos. No hay términos medios.”
La escalera y el abismo
Mauricio Acevedo lo redujo a una imagen que vale más que cualquier cuadro macroeconómico: la franquicia Sence es la única escalera que tiene el trabajador que no fue a la universidad. Él lo sabe porque la usó. Porque a los 25 años, gracias a ese instrumento, pudo estudiar administración de empresas y convertirse en el dirigente sindical que hoy enfrenta al empleador con argumentos.
Esa escalera se acerca a lo que Acemoglu, Autor y Johnson describen cuando plantean que la inteligencia artificial puede ser pro-trabajador si aumenta el valor de las habilidades humanas, acelera la adquisición de nuevas competencias y permite crear tareas donde la experiencia de las personas siga siendo relevante. También dialoga con la lectura histórica de Mokyr: una revolución tecnológica no distribuye sus beneficios por inercia, sino cuando existen instituciones capaces de difundir conocimiento y sostener la adaptación productiva. Y coincide con la advertencia de la Ocde: la formación a lo largo de toda la vida debe llegar especialmente a adultos con baja calificación, trabajadores mayores y empleos precarios.
El mundo está debatiendo cómo construir más escaleras: más robustas, más pertinentes, más conectadas con el futuro del trabajo. Cómo asegurarse de que la reconversión llegue a quienes más la necesitan antes de que la automatización los deje atrás. Es un debate urgente, técnico y profundo, que involucra a sindicatos, gobiernos, empresas y académicos en políticas de Estado.
En Chile, en cambio, la discusión se ha concentrado en eliminar la escalera existente antes de conocer con suficiente claridad cuál será la siguiente.
Y lo hace con un déficit visible de diálogo social. Sin una alternativa suficientemente detallada. Sin preguntarle todavía a las y los trabajadores de pymes y de sectores en transición qué escalera van a usar cuando esta desaparezca.
La pregunta que el Gobierno aún no ha respondido con claridad no es si la franquicia Sence tiene fallas —las tiene, y son conocidas—. La pregunta es: ¿con qué la reemplaza? ¿Qué mecanismo va a financiar la formación del trabajador de comercio, de servicios, de manufactura o de una pyme cuando la automatización transforme su puesto? ¿Qué institución va a sostener la transición de quienes no pudieron ir a la universidad y no tienen recursos para pagar su propia reconversión?
Por ahora, esa respuesta no aparece con claridad. Y mientras el mundo discute cómo construir nuevas capacidades para enfrentar la inteligencia artificial, Chile corre el riesgo de retirar una de las pocas escaleras que todavía conectan trabajo, formación y movilidad laboral.
