Por Américo Ibarra. Director Instituto del Ambiente Construido. Observatorio en Política Pública del Territorio. Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Universidad de Santiago de Chile.
Noticias referidas a escasez de medicamentos y paralizaciones en consultorios (Cesfam) dan cuenta de la vulnerabilidad que enfrentan los pacientes frente a un sistema que no logra garantizar el servicio sea por falta de insumos básicos o recursos. Cualquiera sea la causa, resulta evidente que como sociedad enfrentamos un problema estructural que se ve desbordado en el momento en que los Cesfam, que operan bajo una lógica de metas de gestión, en contextos de carencia, podrían tener incentivos en favor de la sub-información de casos y atenciones.
El modelo de financiamiento vigente vincula el cumplimiento de indicadores con el pago de bonos e incentivos, cuestión que busca estimular la eficiencia y premiar la productividad. Sin embargo, en la práctica, cuando los recursos son insuficientes, los equipos se ven presionados a cumplir metas más que a reflejar con transparencia la realidad de la demanda asistencial. La consecuencia es que muchas atenciones no se registran o se reportan de manera parcial, porque hacerlo implicaría reconocer un déficit que afectaría directamente los ingresos del establecimiento y de sus funcionarios.
Los usuarios experimentan la falta de medicamentos, la suspensión de actividades y la precariedad de los servicios, pero los informes oficiales muestran cifras que aparentan estabilidad o incluso éxito en la gestión. Este círculo vicioso erosiona la confianza pública. La brecha entre la experiencia ciudadana y los reportes institucionales se convierte en un problema por el momento inabordable. No se trata solo de un déficit administrativo, sino de un dilema ético: ¿cómo puede un sistema de salud primaria sostener su credibilidad si oculta o maquilla la magnitud de sus carencias?
No es el propósito poner la atención en un solo consultorio, sino exponer una situación generalizada en que los funcionarios por un lado paralizan actividades denunciando precariedad y falta de recursos y por el otro deben cumplir indicadores que condicionan sus remuneraciones. Así dicho, la transparencia se transforma en un indicador casi inalcanzable. La paradoja es que los Cesfam logran sus metas de gestión en el papel, mientras la comunidad enfrenta la realidad de la escasez y falta de atención.
Estas prácticas si son generalizadas tienen una implicancia muy significativa en los procesos de planificación sanitaria. Si los datos reportados no representan la real carga asistencial, las autoridades estarán diseñando políticas sanitarias sobre diagnósticos incompletos. Situaciones como esta, vienen a subestimar la magnitud de la demanda, asignando menos recursos de los necesarios y perpetuando la precariedad. Es evidente, entonces que la falta de información o una veraz solo viene a comprometer la capacidad del Estado para responder con eficacia.
Pareciera entonces que se vuelve urgente revisar los mecanismos de financiamiento y los mecanismos de evaluación en el cumplimiento de la gestión. Los incentivos no pueden estar diseñados de manera que promuevan el ocultar problemas, sino que deben estimular la transparencia y la mejora continua. Reconocer las carencias es el primer paso para superarlas; negarlas solo profundiza la crisis.
Los Cesfam, atrapados entre la precariedad y la presión por cumplir metas, terminan invisibilizando parte de la realidad asistencial. El desafío es construir un sistema que premie la honestidad y la calidad, no la simulación de resultados.
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
