La negociación colectiva en la constitución política de 1980 versus la propuesta de nueva constitución

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Por Karla Varas Marchant, profesora asociada en la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Bajo la constitución política de 1980 y el modelo de relaciones colectivas del Código del Trabajo – heredero del plan laboral de la dictadura militar –, la negociación colectiva es un derecho marginal e intrascendente para los efectos de generar una justa redistribución de la riqueza. 

Esto, principalmente porque se estructura a nivel de empresa, tal como mandata la constitución vigente (art. 19 nº 16 inciso 5), lo que atomiza y dispersa a los trabajadores/as, con la consecuente pérdida de poder negociador. 

Por otro lado, en el esquema de regulación del Código del Trabajo, se distinguen dos tipos de negociación: la reglada y no reglada. La primera, es reservada a los sindicatos de empresa y dentro de sus prerrogativas se contempla el fuero sindical y el eventual ejercicio del derecho de huelga en caso de que fracasen las negociaciones directas de las partes. Además, de iniciarse un proceso negociador bajo estas reglas (arts. 327 y siguientes), el empleador está obligado a sentarse a negociar con el sindicato, ya que, de lo contrario, se entiende que acepta el proyecto de contrato colectivo presentado por este.  La segunda modalidad, en tanto, es abierta para cualquier tipo de organización sindical, pero es de carácter voluntaria y no contempla fuero ni la posibilidad de recurrir al derecho de huelga (art. 314).

Además, el modelo del Plan Laboral (vigente en su núcleo o corazón), permite que junto con los sindicatos convivan grupos o coaliciones transitorias de trabajadores/as que se reúnen para el solo efecto de negociar colectivamente. Usted pensará: pero qué bien, cada trabajador/a podrá decidir libremente si prefiere negociar por medio de un sindicato o formar un grupo negociador: ¡Viva la libertad!… Sin embargo, ello no es así, ya que esa figura fue introducida para dividir a los trabajadores/as y deslegitimar el accionar del sindicato – órgano que históricamente ha representado y defendido los intereses de la clase trabajadora, lo que ha sido demostrado por las múltiples denuncias de prácticas antisindicales que se ventilan en sede administrativa y judicial cuando operan grupos negociadores en la empresa.

Bajo este escenario, la negociación colectiva en Chile no se ha desarrollado en condiciones de equilibrio, ya que la fragmentación que genera el modelo de negociación por empresa y con grupos negociadores, opera en perjuicio de una de las partes: los trabajadores/as representados por sus sindicatos. A esta realidad se añaden otros vicios o defectos del sistema: falta de transparencia o incumplimiento de proporcionar la información necesaria para la preparación del proyecto de contrato colectivo (art. 316); mala fe negociadora al utilizar como estrategia la negativa preliminar a todo lo que pida el sindicato en su proyecto; utilización desviada de la institución de los servicios mínimos, entre otros. 

El desequilibrio negociador generado por las bases normativas del sistema y las malas prácticas empresariales ha derivado en que la negociación colectiva en Chile escasamente pueda llegar a cumplir el rol al que está llamado: ser una herramienta de redistribución de la riqueza, produciéndose lo que hace muchos años declarara el Tribunal Federal Alemán: la negociación colectiva en Chile es realmente un mendigar colectivo. A ello se suma la baja cobertura que tiene la negociación colectiva – a cuántos trabajadores llega – (Durán y Gamonal, 2019), cuestión que está en directa relación con el nivel de la negociación. 

Un modelo así es insostenible ya que perpetua injusticias y desigualdad, lo que deriva en descontento y frustraciones (el estallido social de octubre de 2019 así lo demostró). De ahí que la propuesta de nueva constitución nos entregue un nuevo horizonte, para por fin decir adiós a uno de los legados de la dictadura militar: el modelo del plan laboral.

¿Qué nos ofrece la propuesta constitucional en esta materia?

El artículo 47 de la propuesta constitucional parte consagrando en términos amplios y con alcance universal el principio de libertad sindical, esto es, los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, tanto para los trabajadores/as del sector público como del privado. 

En relación con el derecho de negociación colectiva, el proyecto de nueva Constitución reconoce al sindicato como titular exclusivo de la representación de los trabajadores/as, lo que es consecuente con la historia del movimiento obrero, con el hecho de que son los sindicatos los órganos de representación y defensa permanente de los intereses de los trabajadores/as, así como con la normativa internacional sobre la materia (Convenios Nº 87 y 98 de la OIT). Además, es consecuente con la propia naturaleza de la relación laboral, ya que tal como indicaba Kahn-Freund (1987), el poder del lado de los trabajadores no es individual, sino que colectivo y, la representación de los intereses colectivos de la clase trabajadora históricamente ha sido entregada a los sindicatos. 

De ahí que las afirmaciones vertidas la semana pasada en una columna de la abogada Ignacia López publicada en Diario Financiero no sean efectivas. La propuesta de nueva Constitución no priva a los trabajadores/as de representarse por sí mismos, sigue siendo posible la negociación individual de condiciones laborales. Ahora, las posibilidades de que una negociación individual sea beneficiosa para el trabajador/a es escasa, ya que como hemos dicho, individualmente considerado el trabajador/a no detenta poder alguno. De este modo, el reconocimiento de la titularidad sindical opera en el ámbito de la representación colectiva de los intereses de los trabajadores/as, representación que, aunque parezca majadero, históricamente ha estado radicada en los sindicatos. Esa supuesta determinación “libre” a la que aboga la columnista es la fórmula que por años ha regido en nuestro país y que ha operado como una práctica antisindical, ya que es el empleador el que, para desincentivar la sindicalización, orquesta y promueve la creación de grupos negociadores. 

Por otro lado, no es efectivo que se entregue a las federaciones y centrales sindicales una representación forzosa. De hecho, la propuesta constitucional no habla de esas específicas organizaciones sindicales, sino que utiliza una fórmula amplia, sin referirse a una estructura sindical específica. No es efectivo, por tanto, que los trabajadores perderán libertad, ya que el propio texto constitucional les reconoce la facultad de constituir “las organizaciones sindicales que estimen convenientes, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y de realizar sus actividades sin intervención de terceros”. Al contrario de lo sostenido en su columna, el proyecto de nueva constitución otorga más libertad y autonomía a los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales.

La propuesta constitucional fija una opción: sólo a través de las organizaciones sindicales se podrá ejercer el derecho de negociación colectiva, lo que es consecuente con su carácter permanente, historia y, por lo demás, una opción común en el derecho comparado (Francia, España, Portugal, Argentina, Brasil, México y Uruguay, entre otros). La posibilidad de negociar vía grupo negociador es excepcionalísima. Por ejemplo, en el caso francés, únicamente en empresas pequeñas, cuando no se alcanza el quórum de constitución de sindicatos. Así, a diferencia del actual estado de cosas del modelo chileno, un grupo negociador única y exclusivamente podría actuar en ausencia de sindicato y cuando no se alcanza el quórum de constitución.  

Reforzando la fórmula de la autonomía, la propuesta constitucional señala que serán las trabajadoras y los trabajadores los que deberán elegir el nivel en que se desarrollará la negociación, incluida la negociación ramal, sectorial y territorial, dejando atrás un modelo de negociación exclusivamente a nivel de empresa. Nuevamente más libertad para los trabajadores/as, ya que de un modelo que solo reconocía un único nivel de negociación – el de empresa –, pasamos a uno que reconoce la negociación multinivel, entregando a las y los trabajadores el poder de definir cuál será dicho nivel. De este modo, nuevamente no es efectivo lo que indica la abogada cuando sostiene en su columna que serían las organizaciones sindicales las que unilateralmente elegirían el nivel, ya que la norma expresamente dice “trabajadoras y trabajadores”, afirmación que por lo demás, desconoce la dinámica interna de las organizaciones sindicales, donde las decisiones son tomadas en asamblea, es decir, por las y los trabajadores.

En cuanto a que esta definición corresponda a las y los trabajadores, debemos indicar que es una consecuencia lógica del reconocimiento de la autonomía colectiva. 

La posibilidad de que la negociación colectiva pueda desarrollarse más allá de la empresa no es una novedad, ni para el derecho chileno, ni mucho menos en el derecho comparado. De hecho, en la totalidad de los países más productivos de la Ocde, concurre en algún grado la negociación colectiva por rama, y de los 7 países más productivos, en 6 este tipo de negociación colectiva es la predominante (Durán, 2015). En relación con la desigualdad, el estudio citado muestra que los países más igualitarios del mundo tienen esquemas donde está presente la negociación colectiva por rama, por lo que no es efectivo que el modelo que propone el proyecto de nueva constitución pueda producir “efectos inesperados que, lejos de mejorar las condiciones de vida de las personas, podrían dificultarlas y perpetuar la frustración existente”). 

Finalmente, en relación con las afirmaciones vinculadas con el derecho de huelga, es importante aclarar que no es efectivo que la huelga se alce como un derecho fundamental absoluto o sin límites, ya que ello sería contrario a la propia naturaleza que le reconoce la propuesta constitucional – la de un derecho fundamental –. De hecho, se mandata al legislador para establecer el régimen jurídico en materia sindical, de la huelga y negociación colectiva (art. 264 letra n), así como los límites necesarios para atender servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, salud o seguridad de la población (los denominados servicios esenciales en sentido estricto).

La propuesta de nueva constitución reconoce e institucionaliza el ejercicio del derecho de huelga, tanto en el sector privado como público, haciendo posible que se compatibilice con las necesidades sociales esenciales. Resulta obvio que la constitución no va a regular la forma y el contenido en que deberá ejercerse la huelga, ya que esas cuestiones son tareas del legislador. 

A diferencia de quienes intentan demonizar este derecho fundamental, la decisión de institucionalizar el derecho de huelga, tanto en el sector privado como público, genera más seguridad y certeza, ya que en el estado de cosas actual se verifican huelgas que no se han institucionalizado, afectando las expectativas de las personas que son afectadas por las mismas. Un modelo que hace eco a la realidad sindical y las múltiples finalidades y modalidades de la huelga otorgará más certezas que incertezas.

En definitiva, la propuesta de nueva constitución, a diferencia de lo que expresa la columna en cuestión, avanza a un modelo de mayor autonomía colectiva, con el objetivo de dar poder y voz a las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esto, atendido que la propuesta entiende que uno de los ámbitos más relevantes de la vida social de las personas es el trabajo y, para que ese trabajo no se ejecute en condiciones de explotación (jornadas laborales extensas, bajos salarios, abusos de poder, etc.), es necesario un reconocimiento amplio y robusto de los derechos de negociación colectiva y huelga. De esa manera se podrá cumplir el anhelo que describe la abogada en su columna: un modelo equilibrado que permita alcanzar pactos mutuamente convenientes, que deje atrás la estrategia del Caballo de Troya, donde unos ganan y otros pierden, como ocurre con el modelo de negociación de la constitución política de 1980 que fue descrito al inicio, donde los grandes perdedores son las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Esta columna se escribió en respuesta a la publicada por Ignacia López, socia de Cariola Diez Pérez-Cotapos en el DF. Acá puedes leerla.

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