¿La legislación laboral actual da respuesta al futuro del trabajo?

El mundo del trabajo está en constante evolución y cambio, y al parecer, nuestra legislación laboral no da respuestas a los desafíos que vivimos. ¿Cuáles son las dimensiones del derecho laboral sobre las que hay que hacer hincapié? ¿Cómo deberían estar reguladas en nuestra constitución? José Luis Ugarte, abogado laboralista, investigador y doctor en derecho del trabajo de la Universidad de Salamanca, busca responder estas interrogantes y expone su fórmula 3x3.

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El pasado 15 de noviembre tuvo lugar vía zoom una charla acerca del ciclo laboral, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). El objetivo fue revisar el desafío que el futuro del trabajo supone para la regulación del derecho del trabajo, particularmente desde su estructura constitucional. El expositor fue José Luis Ugarte y moderó Sergio Gamonal, director académico del magíster en derecho laboral y seguridad social (UAI).

José Luis se centra en su propuesta constitucional frente a los desafíos laborales y cambios tecnológicos.  Su mirada se fundamenta en dos objetivos: en primer lugar, poder para los trabajadores y en segundo lugar, limitación para la explotación, pero ¿cómo se logra esto constitucionalmente hablando?

Es justamente ahí donde surge lo que él denomina “fórmula 3×3”. El experto  propone que el derecho chileno del trabajo debe responder a este desafío desde tres normas o principios para darle poder a los trabajadores y tres normas para limitar la explotación.

Con respecto al poder de los trabajadores, cree que es sencillo resolverlo desde el punto de vista jurídico, ya que pasa por tres instituciones que la consagración constitucional reconoce: el sindicato, como único sujeto negociador, el derecho a huelga autónoma y la negociación colectiva. Esta última dice relación con reconocerle a las y los trabajadores chilenos la posibilidad de negociar en distintos niveles, y por otro lado una propuesta de negociación que se expanda en materias que los trabajadores y empleadores estimen convenientes. Es decir, ampliar las posibilidades de negociar como autonomía contractual que es. “El obstáculo a esta primera dimensión es la voluntad política, y no la jurídica constitucional”, subraya el abogado experto en derecho laboral.

Ahora bien, en relación con la segunda dimensión de su propuesta, esta tiene que ver con el intercambio, la limitación para la explotación (contratación de fuerza de trabajo). Acá lo importante es cómo fijar límites al legislador y al empleador en términos de lo socialmente aceptable para el lugar de trabajo, como articular un mínimo social en torno a las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo para otro, o subordinado.

En este punto subraya tres cosas: la protección del trabajador como principio constitucional, el derecho al trabajo como principio constitucional y la desconexión digital como norma constitucional. ¿Pero por qué? Vamos uno por uno.

Protección del trabajo, significa comprometerse desde el punto de vista constitucional a un piso mínimo (higiene, seguridad, sindicalización, entre otros). Tener una base en la que a partir de cierto punto no se admiten condiciones en una actividad tan relevante para la vida de todos, como lo es el trabajo.

Derecho al trabajo, esto hace referencia al derecho del trabajador a no ser privado de su trabajo arbitrariamente (principalmente la causal de necesidad de la empresa). Aquí habría que discutir si nos parece que el derecho al trabajo, que se encuentra en todas las constituciones del continente, no es algo que sea razonable sostener como garantía mínima socialmente hablando. Esto permitiría evitar normas que garanticen o faciliten el despido arbitrario de los trabajadores, detalla el doctor.

Y por último, la desconexión digital, “como frenar que el lugar de trabajo persiga a los empleados a todos los rincones de su vida”, enfatiza. La respuesta es un derecho que todavía está en construcción. En otras palabras, la elaboración de una propuesta constitucional atendida a la nueva realidad del trabajo tecnológico que no considera la desconexión digital como un derecho fundamental. “Queda corta desde el punto de vista de lo que ocurre actualmente, esto ante la constatación del fracaso del derecho al descanso, para resistir la invasión del trabajo en nuestros espacios vitales, poner un límite. Pero esto es más difícil que lo colectivo, porque estos últimos tres derechos no están en nuestro texto constitucional propiamente tal”, recalca José Luis.

Esto quiere decir que para implementarlos se requeriría una incorporación formal. Por lo tanto, hay una tarea técnica que cumplir. “Tiene que ocurrir un proceso constituyente o de reforma para incorporar estas tres dimensiones, no para garantizar el poder sino para poner un límite social a lo que llamamos, trabajo o explotación laboral en los términos ya señalados”, argumenta.

¿Cuáles son tus dudas? ¿Lo qué plantea José Luis está en tu radar actual? ¿Ves espacios de mejora en el bienestar de las y los trabajadores desde su mirada?

Quieres ver y escuchar la charla completa, acá más información.

 

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