La informalidad laboral, que afecta a la mitad de los trabajadores en América Latina y el Caribe, ha dejado de ser vista como una anomalía temporal del desarrollo para convertirse en un componente estructural del sistema económico regional. Así lo plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su más reciente nota técnica publicada en noviembre de 2025, donde revisa la evolución conceptual del fenómeno, los avances en su medición y las implicancias para la formulación de políticas públicas eficaces.
A lo largo de las últimas cinco décadas, el concepto de informalidad ha atravesado una transformación profunda. Desde sus inicios en los años 70, cuando se asociaba con el autoempleo de subsistencia, hasta su definición actual, que incluye una amplia gama de ocupaciones tanto dentro como fuera del sector formal, la informalidad ha demostrado ser un fenómeno dinámico, diverso y multicausal.
Uno de los grandes aportes del documento es precisamente esta revisión histórica de las teorías sobre la informalidad. Inicialmente, los enfoques dualistas sostenían que los trabajadores informales eran excluidos del sector formal por rigideces estructurales, como salarios mínimos altos o procesos de selección exigentes. Según esta visión, el desarrollo económico absorbería progresivamente esa fuerza laboral en empleos formales.
Más tarde, las perspectivas estructuralistas —como las de Moser y Portes— interpretaron la informalidad como parte inherente del sistema capitalista global, en donde las grandes empresas subcontratan tareas a unidades informales para reducir costos y flexibilizar procesos. Aquí, la informalidad ya no es un rezago, sino un engranaje subordinado pero funcional del aparato productivo.
La tercera corriente teórica destacada por la OIT es el enfoque legalista o del escape. En este caso, se plantea que trabajadores y microempresas pueden optar por permanecer en la informalidad tras evaluar los costos y beneficios de cumplir con la normativa vigente. Esta elección, sin embargo, no siempre refleja una verdadera autonomía: muchas veces es la única opción viable ante marcos legales complejos o sistemas de protección social insuficientes.
Estos enfoques han confluido en propuestas integradoras, como el modelo de mercados laborales multisegmentados. Este reconoce que la economía informal contiene distintos bloques: uno de subsistencia, otro de microempresarios estratégicos y un tercero intermedio con fuertes vínculos con el sector formal. Esta clasificación permite una lectura más precisa de las trayectorias laborales y de los obstáculos para la formalización.
Una evolución conceptual con impacto en las políticas públicas
El cambio de paradigma no es solo semántico. Comprender la informalidad como un fenómeno estructural obliga a repensar las herramientas de intervención del Estado. Según el informe, la persistencia del trabajo informal incluso en contextos de crecimiento económico pone en cuestión la idea de que el desarrollo por sí solo resolverá el problema. Por el contrario, se requieren políticas integradas que aborden causas estructurales como la segmentación laboral, la desigualdad de acceso a oportunidades, la debilidad institucional y las rigideces del mercado.
Además, el reconocimiento de formas híbridas de informalidad —por ejemplo, trabajadores sin contrato en empresas registradas— demanda una mirada más matizada por parte de las autoridades laborales. La OIT propone avanzar hacia estrategias diferenciadas, que consideren el tipo de actor, su nivel de vulnerabilidad y su ubicación dentro del entramado productivo.
La informalidad como desafío político, económico y ético
Los impactos negativos de la informalidad son múltiples. Para los trabajadores, implica la falta de acceso a derechos laborales, protección social y estabilidad. Para las empresas, puede suponer baja productividad, competencia desleal o dificultades para escalar. Para el Estado, se traduce en menor recaudación fiscal, debilitamiento de la seguridad social y menor efectividad de las políticas públicas.
En ese sentido, el informe advierte que aun cuando ciertos actores opten voluntariamente por desempeñarse en la informalidad, eso no implica necesariamente que hayan alcanzado un nivel de bienestar aceptable. En muchos casos, se trata de decisiones forzadas por la ausencia de opciones reales, lo que interpela no solo a los gobiernos, sino también al conjunto del tejido económico y social.
Este nuevo enfoque impulsa a los países a crear marcos normativos flexibles, políticas públicas adaptadas y sistemas estadísticos capaces de captar las múltiples dimensiones del fenómeno. La formalización, concluye la OIT, debe dejar de ser vista como una imposición burocrática y pasar a ser entendida como una estrategia de inclusión, equidad y desarrollo sostenible.
