La Organización Internacional del Trabajo enfrenta en 2026 una profunda crisis financiera en su sede de Ginebra, provocada por el retraso de las contribuciones obligatorias de varios Estados y encabezada por una deuda de Estados Unidos que alcanza los 257 millones de francos suizos, situación que ya está restringiendo su capacidad para supervisar derechos laborales y promover el trabajo digno, según informó El País.
El impacto de la falta de recursos quedó reflejado en la decisión de no enviar una misión a Panamá para revisar denuncias relacionadas con la libertad sindical. Integrantes del organismo buscaban examinar presencialmente la situación, pero la iniciativa fue descartada por “escasez de fondos”, de acuerdo con Jesús Gallego, secretario de Política Internacional de UGT.
La deuda estadounidense equivale al 70% de todas las contribuciones pendientes con la organización. Estados Unidos debería financiar el 22% del presupuesto institucional, pero mantiene obligaciones impagas por 257 millones de francos suizos, equivalentes a 280 millones de euros. Ningún otro país registra una deuda de magnitud similar.
Efectos concretos
La OIT reconoció que atraviesa una “difícil situación financiera y de liquidez” debido al retraso en los pagos obligatorios de sus Estados miembros. El organismo señaló que los atrasos han afectado su flujo de caja y que trabaja con los países involucrados para lograr la regularización de las contribuciones.
Aunque Estados Unidos concentra la mayor parte del problema, la organización también registra deudas de China por 38 millones de francos suizos, Venezuela por 23,3 millones, Italia por 10,7 millones, Argentina por 7,2 millones y México por 4,3 millones. Representantes sindicales españoles anticipan que, si la situación no se corrige, podrían producirse recortes de personal y otras medidas internas.
Cristina Faciaben, secretaria confederal de Internacional y Cooperación de Ccoo, sostuvo que existe preocupación entre los trabajadores de la organización ante la posibilidad de perder sus puestos. A su juicio, la crisis amenaza a una institución que funciona como referente mundial para establecer normas laborales mínimas y sostener principios de justicia social.
La relevancia de la OIT se explica, entre otros factores, por su estructura tripartita. A diferencia de otros organismos de Naciones Unidas, en sus decisiones participan gobiernos, empleadores y trabajadores. Su órgano de gobierno está compuesto por representantes de 28 Estados, 14 delegados sindicales y 14 representantes empresariales.
Esta estructura permite que los distintos actores del mundo laboral intervengan en la creación de convenios internacionales. Cuando un país ratifica estas normas, sus disposiciones pueden llegar a ser exigibles por los trabajadores ante los tribunales nacionales. Por ello, la reducción de la capacidad operativa de la OIT puede afectar no solo su funcionamiento administrativo, sino también el desarrollo y la vigilancia de estándares internacionales de derechos laborales.
Disputa interna
La crisis financiera coincide con cuestionamientos sindicales sobre la orientación política que ha seguido la institución bajo la dirección general de Gilbert F. Houngbo, quien asumió el cargo en 2022. Gallego afirmó que resulta cada vez más difícil incorporar conceptos relacionados con el colectivo Lgtbi+ o defender derechos como la huelga dentro de las discusiones del organismo.
Faciaben también cuestionó la gestión de Houngbo y sostuvo que el organismo ha cedido ante presiones políticas y económicas. Ambos representantes sindicales consideran que el director general busca aumentar la influencia estadounidense con la expectativa de que Washington pague su deuda y respalde su continuidad. La OIT no respondió a las consultas específicas sobre esta presunta influencia.
La controversia incluye dos intentos fallidos de incorporar a candidatos estadounidenses en cargos relevantes. En 2025 estuvo cerca de concretarse el nombramiento de Nels Nordquist, asesor económico de Donald Trump, en un puesto de nueva creación vinculado con la dirección política del organismo. La designación no prosperó debido a las resistencias internas y a la deuda pendiente de Estados Unidos. En abril de 2026 ocurrió una situación similar con Sheng Li, cuyo nombramiento tampoco se concretó.
Desde el sector empresarial español, la Ceoe señaló que la organización opera en un escenario complejo por factores geopolíticos, financieros y de capacidad de acción. La entidad advirtió, además, sobre la pérdida de confianza y legitimidad que afecta a las organizaciones internacionales y llamó a evitar que el debate sobre la OIT sea instrumentalizado desde perspectivas políticas o nacionales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, también afirmó que la OIT se encuentra en crisis y sostuvo que las dificultades financieras no deberían resolverse poniendo en riesgo los valores fundacionales de la institución. Sus declaraciones se produjeron mientras avanza el proceso de renovación de la dirección general, que culminará en noviembre de 2026. Aunque se ha mencionado una eventual candidatura de Díaz, su ministerio no confirmó esa posibilidad.
La falta de liquidez, las restricciones operativas y la disputa sobre el rumbo institucional sitúan a la OIT ante un escenario decisivo. Más allá de sus efectos internos, la crisis compromete la capacidad de un organismo central para la elaboración de normas laborales, la supervisión de la libertad sindical y la promoción internacional del trabajo digno.
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