Por Magdalena Garcés Ojeda y Pamela Frías. Académicas Facultad Psicología Universidad Alberto Hurtado. Doctorantes Psicología Universidad Diego Portales. Investigadoras Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de poder.
En medio de la crisis social que afecta a nuestro país, abundan las preguntas respecto de sus causas. Para algunos fue una verdadera sorpresa, un fenómeno casi sobre natural: “una invasión alienígena” – en palabras de la Primera Dama – explicación que sólo refleja la distancia y lejanía de la clase dirigente respecto de aquello que ocurre en la cotidianeidad de la vida de la gran mayoría de chilenas y chilenos, que hoy armados de cucharas, sartenes y cacerolas han salido a protestar.
Investigando sobre el lugar que tiene el mérito en los procesos de selección de personas en Chile -barrera de entrada a cualquier oportunidad de trabajo-nos ha llamado la atención en los resultados obtenidos hasta ahora, la falta de consenso que existe respecto de lo que es el mérito en sí. Para algunos de los entrevistado/as, en su mayoría psicólogos/as que trabajan en gestión de personas y que alguna vez han tomado parte en procesos de reclutamiento y selección de personal, el concepto de mérito se relaciona con esfuerzo, talento y la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, por las competencias que se posee, más que por un simple “pituto”.
Al respecto, quienes realizan procesos de reclutamiento y selección de personas, nos refieren dudas sobre lo que es el mérito en la práctica, y las distintas concepciones que existen de aquello que por definición pareciera residir en el esfuerzo de una persona, y que se ha ido transformando en un concepto altamente psicologizado y despolitizado, mermando su significación y profundo vínculo con lo político, cultural y social. Así, nuestra investigación, nos ha ido mostrando que quiénes se dedican al reclutamiento y selección de personas, se sienten interpelados éticamente a realizar esfuerzos por facilitar oportunidades en materia de talento y esfuerzo, al mismo tiempo en su ejercicio cotidiano se ven obligados a responder a demandas que resultan en un fenómeno paradójico, en el que se sienten atrapados.
En este sentido, aun cuando las y los entrevistados, señalan que lo que se les pide hoy es promover procesos “meritocráticos”, para los cuáles se ha destinado importantes esfuerzos en desarrollar diversas herramientas técnicas (modelo de gestión por competencias, entrevistas estructuradas, instrumentos psicométricos que miden habilidades etc.) e iniciativas legales (promulgación de la nueva ley de inclusión, cuotas de género, Art. 2 Código del trabajo sobre discriminación laboral y estándares establecidos para la de alta dirección pública) que legitimen el mérito en los procesos de selección, en la práctica, refieren sentirse atados de manos. A pesar de sus esfuerzos profesionales y técnicos, las decisiones de contratación siguen pasando por el filtro socioeconómico, las redes y el status social. Así también, medidas adoptadas para garantizar el mérito y la integración, tales como, cuotas de género, ley de inclusión, ley de discriminación, etc., logran ser sorteadas a través de un sinfín de subterfugios, tales como llamados a concursos públicos cuyas vacantes ya han sido asignadas pero que se hacen por seguir el protocolo establecido, logrando de esta manera, socavar alternativas reales y concretas de acceso a mejores oportunidades de trabajo.
Así, la evidencia empírica, nos muestra como aun cuando el mérito a nivel discursivo constituye un valor y virtud social, en la práctica, se desvanece y relativiza, de acuerdo con el lugar que se ocupa socialmente y la condición de poder de quiénes finalmente influyen en las decisiones de contratación. En este escenario, entendiendo el trabajo como una de las principales fuentes de distribución de equidad social, cabe preguntarnos, por el modo en que, aquellos que – volviendo a citar a la primera dama – debieran comenzar a “compartir sus privilegios”, serán capaces de promover y facilitar oportunidades concretas y reales de movilidad social, que aporten a construir una sociedad más justa y equitativa, que responda al anhelo de relaciones más democráticas y menos abusivas, sin evadir su responsabilidad en aquello.
