Por Patricia Guerrero, Académica Facultad de Educación UC, Jefa de Liderazgo Estudiantil y Bienestar Celited y Magdalena Garcés Ojeda, Académica Escuela de Psicología UC, Jefa programa Diplomado salud mental y bienestar psicosocial en el trabajo
En las últimas semanas, la suspensión de clases por amenazas de tiroteos difundidas en redes sociales o escritas en los baños ha sido el gran tema a nivel nacional. El fenómeno, que escaló desde el asesinato de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, el 27 de marzo, se ha replicado con velocidad considerando la amplitud que adquiere este tipo de fenómenos en redes sociales. La lectura más fácil —y la más recurrente— es leerlo como un problema de seguridad escolar o como un efecto de imitación adolescente. Esa lectura es corta y, sobre todo, deja intactas las causas.
El psicoanalista experto en trabajo Christophe Dejours sostiene que el trabajo es el laboratorio en el que se experimenta primero la sociedad: lo que aparece como sufrimiento individual en una oficina, una fábrica o un aula es, casi siempre, un síntoma colectivo que se incubó antes en el cuerpo social. La escuela es hoy ese laboratorio. Y lo que está revelando es serio: una sociedad que fragmentó sus mecanismos de cuidado, individualizó el malestar y dejó al sistema educativo a cargo de contener una violencia que lo excede por completo. Lo distintivo es que, en este laboratorio, el síntoma se vuelve público de inmediato: cuando una escuela cierra sus puertas, lo nota todo el barrio y afecta a toda esa comunidad escolar.
Hay una conversación que la sociedad chilena viene postergando: le hemos pedido a la escuela que lo haga todo —enseñar, contener, alimentar, diagnosticar, mediar, prevenir— y al hacerlo la hemos quebrado. Que adolescentes amenacen a su propia comunidad educativa, lejos de ser una anomalía, es coherente con un ecosistema donde el bien común perdió valor pedagógico y donde el aprendizaje se ha vuelto el terreno en el que se descarga la frustración acumulada.
La escuela es hoy el principal espacio de cuidado de niños, niñas y adolescentes en un país donde muy pocas familias cuentan con redes de apoyo. Pero los organismos del Estado que deberían acompañar a las familias están casi ausentes del establecimiento: no hay personal acompañando los almuerzos y los patios, no se organizan actividades en vacaciones para que los padres puedan trabajar, no hay talleres al cierre de la jornada. Mientras tanto, el equipo escolar se desangra en lo administrativo: docentes con un currículum extenso y mal comprendido sumado a tareas burocráticas; profesionales de inclusión que pasan más tiempo justificando presupuesto que con los estudiantes; encargados de convivencia con la oficina ocupada por niños y niñas que no sostienen tantas horas seguidas de clase formal. La escuela cuida sola. Y ese cuidado, sostenido por años sin condiciones mínimas, tiene un costo humano que hemos preferido no mirar.
Las cifras lo muestran con nitidez. El Informe de Seguridad Social 2025 de Suseso indica que un 34,4% de los centros de trabajo evaluados en Chile presenta riesgo psicosocial medio o alto, y el sector educativo está entre los más críticos, solo superado por salud y administración pública. Las dimensiones más afectadas son carga de trabajo (45,3%) y exigencias emocionales (41%). Datos de la Asociación de Municipalidades confirman un aumento superior al 300% en enfermedades profesionales de salud mental en docentes durante 2023.
Esos números no describen fracasos individuales: describen los síntomas de un trabajo organizado de manera tal que enferma a quienes lo sostienen. La evidencia internacional —y la nuestra— es contundente: las intervenciones eficaces en riesgos psicosociales actúan sobre la organización del trabajo, no sobre la persona. El autocuidado individual, predilecto en las políticas educativas chilenas de la última década, no modifica las causas. Y la propia normativa nacional señala lo mismo: la prevención debe dirigirse al origen del riesgo.
¿Por dónde empezar? Por los adultos. Los equipos directivos están convocados a conducir sus escuelas hacia un liderazgo que considere el bienestar como dimensión estratégica y no como gesto decorativo. El primer paso es crear espacios estables de encuentro entre docentes y profesionales: no jornadas extensas ni talleres aislados, se puede aprovechar un espacio en el mismo consejo de profesores, organizados por un equipo de bienestar dotado de dos o tres horas semanales asignadas. Cuando los adultos de una escuela tienen dificultades de vínculo entre sí, no se les puede pedir que enseñen comunidad. Hay que construirla primero entre ellos, luego se podrán ir integrando estudiante y el resto de la comunidad.
A respecto, podemos aprender mucho de las cárceles juveniles en Canadá, sustentadas en una premisa que organiza ese sistema de manera simple y radical: cuando un joven delinque, la sociedad le falló, y por tanto es la sociedad la que debe volver a darle una oportunidad. En Chile seguimos tratando los problemas colectivos como si fueran responsabilidades individuales. El bien común no se enseña en una asignatura: se construye en la sala de clases, en el patio, en la manera en que los adultos de una escuela se tratan entre sí —y en cómo el resto de las instituciones de cuidado decide estar, o no estar, junto a ellas.
Las amenazas de esta semana no son un asunto policial. Son una pregunta dirigida al conjunto de la sociedad. Y la respuesta no puede seguir descansando en quienes ya están agotados sosteniendo lo que el resto abandonó.
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
