La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa de 60 UTM aplicada a una empresa de seguridad por negar la modalidad de teletrabajo a operarios de call center con hijos menores de 14 años. Según publicó Diario Constitucional, el tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la compañía y mantuvo la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que había validado la sanción impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia.
El caso se concentró en una discusión central para la gestión de personas: si la empresa podía excluir de manera unilateral el teletrabajo cuando se trataba de trabajadores con responsabilidades de cuidado y cuyas funciones, de acuerdo con lo asentado en la causa, sí eran compatibles con esa modalidad. La respuesta judicial fue negativa, al confirmar que no existían fundamentos suficientes para impedir ese esquema laboral.
En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada desestimó la impugnación de la empresa y respaldó íntegramente la resolución que mantuvo la multa. La reclamación judicial ya había sido rechazada en primera instancia y, con esta decisión, la sanción quedó firme en el marco del recurso de nulidad interpuesto por la parte reclamante.
La controversia se originó luego de que la empresa sostuviera que la autoridad administrativa habría excedido sus atribuciones al interpretar los contratos de trabajo y concluir que las labores de los ejecutivos del call center podían desarrollarse bajo teletrabajo. Su planteamiento apuntó a que ese análisis correspondía exclusivamente a los tribunales de justicia.
Interés superior del cuidado y funciones compatibles
La Corte descartó ese argumento. En su razonamiento, sostuvo que la autoridad laboral sí puede analizar e interpretar las materias vinculadas con la prestación de servicios de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. El fallo indicó que el servicio “puede y debe analizar e interpretar aquello que se le presenta vinculado con la prestación de servicios de los trabajadores”, y agregó que reducir su actuación a la sola constatación de infracciones evidentes o reconocidas terminaría por vaciar de eficacia la normativa laboral y debilitar la protección de los trabajadores.
La resolución también precisó que las atribuciones investigativas de la autoridad administrativa no interfieren con la competencia de los tribunales para conocer, resolver y hacer ejecutar lo resuelto en materia laboral. Con ello, el tribunal desechó la tesis de una supuesta extralimitación y concluyó que la inspección actuó dentro del marco de sus competencias legales.
Junto con rechazar esa causal, la Corte desestimó además la alegación subsidiaria referida a una eventual infracción a las reglas de la sana crítica. La sentencia explicó que el juzgado laboral sí había valorado la prueba rendida y que, sobre esa base, concluyó que la empresa no logró acreditar que las funciones fueran incompatibles con el teletrabajo.
Uno de los elementos relevantes del caso fue la evidencia operativa recogida en la causa. Según quedó establecido, los trabajadores ya habían realizado esas labores a distancia durante tres años sin inconvenientes, utilizando herramientas como VPN y escritorio virtual para replicar el entorno de oficina. Ese antecedente fue clave para descartar que existiera una imposibilidad real para desarrollar el trabajo desde el domicilio.
De ese modo, la decisión judicial no solo mantuvo la multa de 60 UTM, sino que además reforzó un criterio relevante para el mundo laboral: cuando las funciones pueden ejecutarse remotamente y existen condiciones técnicas ya probadas, la negativa empresarial a otorgar teletrabajo a trabajadores con hijos menores de 14 años no queda entregada a una mera decisión discrecional. En este caso, la justicia entendió que la restricción carecía de sustento suficiente frente a la compatibilidad efectiva de las tareas con el trabajo a distancia.
La sentencia, así, vuelve a situar la conciliación laboral y familiar como un eje concreto de análisis en la organización del trabajo. Más que una discusión abstracta sobre modalidades laborales, el fallo examina cómo se ejercen las facultades empresariales frente a personas con responsabilidades de cuidado y frente a funciones que, en los hechos, ya habían sido desempeñadas a distancia sin afectar su ejecución.
Con esta resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago cerró el intento de anular la sanción aplicada en 2024 y confirmó por completo la decisión anterior. El resultado deja vigente la multa impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia y respalda el criterio adoptado por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago respecto de la procedencia del teletrabajo en este caso.