En una semana marcada por la discusión sobre los feriados irrenunciables y por reuniones entre el gobierno y el empresariado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, sostuvo, según declaró al medio El Dínamo el 20 de marzo, que el sector enfrenta tensiones laborales más profundas vinculadas con la jornada laboral, el artículo 22, la negociación colectiva, la sala cuna y la implementación de reformas recientes.
La principal advertencia del dirigente apunta a la necesidad de revisar los alcances de los recientes dictámenes sobre jornada laboral. Desde la mirada del comercio, la interpretación de la Dirección del Trabajo ha introducido una rigidez que no conversa con la realidad de sectores que operan en terreno y que requieren esquemas de organización distintos para responder a sus dinámicas cotidianas.
Pakomio ejemplificó esa preocupación con empresas que desarrollan operaciones fuera de las oficinas, como ocurre en ciudades como Puerto Montt o Concepción. En esos casos, afirmó, exigir controles de asistencia físicos a supervisores o prevencionistas de riesgos resulta impracticable y puede traducirse en hasta dos horas adicionales de traslado al día, con un efecto contrario al objetivo de resguardar la calidad de vida de los trabajadores. También planteó que esa interpretación entra en tensión con la Ley de Conciliación Vida Laboral-Personal, porque reduce la flexibilidad y la autonomía en la gestión del tiempo.
Reformas
Esa crítica se amplía al balance que el comercio hace sobre las reformas laborales impulsadas en este período. En particular, el presidente de la CNC señaló que la puesta en marcha de normas como la Ley de 40 Horas, la Ley Karin y la Inclusión Laboral ha estado marcada por contradicciones entre la ley, sus reglamentos y los dictámenes administrativos. En el caso de la reducción de jornada, agregó que la aplicación del artículo 22 y la rebaja proporcional de horas no dialogan con las necesidades de flexibilidad ni con acuerdos previos entre las partes.
Sala cuna
Otro punto que el gremio ubicó dentro de las tensiones pendientes es la demora en una solución para sala cuna. Pakomio afirmó que la CNC mantiene una postura propositiva para fortalecer el mercado laboral, pero cuestionó que la implementación de varias medidas esté generando incertidumbre. En ese marco, sostuvo que avanzar en una regulación de sala cuna es prioritario para promover una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, y advirtió que el retraso de una salida integral tiene costos relevantes.
Junto con ello, el dirigente planteó la necesidad de fórmulas de financiamiento tripartitas que distribuyan la responsabilidad y eviten que la medida se transforme en una carga excesiva para las empresas de menor tamaño. Desde esa perspectiva, el objetivo sería impedir que el costo de la maternidad continúe operando como un desincentivo para la contratación femenina y para el empleo formal.
Negociación
En materia de negociación colectiva, el foco del cuestionamiento se concentra en el Dictamen 451/16. Según Pakomio, ese criterio transgrede el tenor literal del artículo 360 del Código del Trabajo, ya que la norma establece que los servicios mínimos deben ser calificados antes del inicio de la negociación. Para el comercio, la interpretación administrativa abre un problema de certeza regulatoria en un ámbito especialmente sensible para la continuidad de las operaciones.
El dirigente advirtió que, al omitir la posibilidad de suspender los plazos mientras esos servicios no estén definidos, la Dirección del Trabajo genera una “grave incerteza jurídica”. A su juicio, ello puede derivar en escenarios en que una huelga se haga efectiva sin equipos de emergencia calificados, con riesgos para la seguridad de terceros y para la continuidad operacional de las empresas involucradas.
Ley Karin
La evaluación del sector sobre la Ley Karin también incorpora reparos. Pakomio sostuvo que la Inspección del Trabajo enfrenta una “carga excesiva de denuncias”, situación que, según afirmó, afecta tanto a las empresas como a los trabajadores. En el caso de las compañías, porque pierden operatividad durante procesos extendidos; en el de las personas, porque la lentitud de la autoridad puede hacer vencer los plazos para ejercer acciones legales.
Frente a ese escenario, la CNC planteó como necesidad avanzar hacia sistemas de mediación entre las partes que permitan resolver conflictos con mayor agilidad antes de judicializar o iniciar investigaciones administrativas extensas. En la visión del gremio, el resultado de estas reformas dependerá de una coordinación técnica capaz de evitar que la burocracia administrativa termine asfixiando la operatividad y la flexibilidad que el país requiere.
