Por Ana María Fernández, *doctora en ciencias del trabajo, Universidad de Murcia, España. Académica de la facultad de economía y negocios de la Universidad Alberto Hurtado
El pasado 14 de abril el presidente Gabriel Boric firmó la reforma laboral que reduce la jornada semanal de 45 a 40 horas. La ley, que prontamente será publicada en el diario oficial, regula una reducción paulatina a lo largo de los próximos cinco años, pasando a 44 horas semanales el primer año, a 42 al tercer año y finalmente a 40 al quinto año.
Algunos se preguntan cuáles son los principales riesgos económicos que podría tener esta reducción de horas laborales, temiendo que eventualmente se pudiera asociar a un descenso en la productividad y una mayor dificultad en la organización del trabajo especialmente en el caso de las pymes o en el caso de actividades que requieren de procesos continuos.
La reducción viene acompañada de gran flexibilidad. Se considera la posibilidad de que empresa y trabajador acuerden que la jornada de 40 horas se realice bajo un cálculo promediado dentro de un período de hasta 4 semanas, siempre y cuando semanalmente no se superen las 45 horas semanales ni las 40 horas durante más de dos semanas. Si el trabajador está sindicalizado, el acuerdo deberá ser con este órgano de representación de las y los trabajadores. De este modo Chile avanza en el camino señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para las empresas que requieran labores de continuidad, se permite acordar jornadas de hasta 42 horas semanales y compensar esas 2 horas en exceso con días adicionales de descanso, para lo cual el acuerdo deberá registrarse ante la Inspección del Trabajo. En cualquier caso, incluidas las horas extraordinarias no se podrán superar las 52 horas semanales, ni las 30 horas semanales en los casos de jornada parcial. Además, el proyecto modifica la media hora de colación por una hora y establece que se considerará como tiempo trabajado.
El caso más extremo se configura a través del establecimiento de la jornada 4×3, que considera 4 días de trabajo de 10 horas por cada 3 días de descanso. La norma, aunque viene a modificar el Código del Trabajo, considera ajustes para los trabajadores y trabajadoras consideradas en los regímenes especiales (como las trabajadoras de casa particular, los de la minería, los del mar o los de hotelería y restauración, entre otros).
Sin embargo, es necesario señalar dos aspectos muy relevantes. Primero, que los datos demuestran que la jornada efectiva de trabajo promedio semanales actualmente no alcanzan las 37 horas semanales en los casos de trabajadores formales (OIT, 2023). Segundo, que en el país actualmente existen más de 500 empresas certificadas de diverso tamaño y localización geográfica, con jornadas de 40 horas semanales. Estas empresas han declarado esta medida como exitosa, observando trabajadores más motivados y aumentos en la productividad laboral.
Por lo tanto es muy previsible que el impacto negativo sea bastante acotado y que en términos globales sea positivo, sobre todo si consideramos que la reforma también considera medidas especiales de conciliación de la vida laboral y familiar para madres, padres y cuidadores de hijos e hijas menores de 12 años, que favorecerían tanto la corresponsabilidad en los cuidados al interior de las familias como indirectamente una mayor participación de la mujer en el mercado laboral que actualmente bordea el 50% (más de 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres). Este aspecto es de especial relevancia si se tiene en consideración que esta tasa es baja en nuestro país en comparación a nuestros vecinos y que existe una relación directa entre participación y PIB.
La estrategia de reducción de jornada en nuestro país no es una excepción. Conocido es el caso de la jornada francesa de 35 horas hace más de dos décadas, pero actualmente otros países de la OCDE como Reino Unido, Portugal o España están adoptando medidas, algunas con carácter experimental con jornadas de trabajo en torno a las 35 horas semanales. La apuesta tras esta reducción es mejorar las tasas de ocupación de la población, así como las dificultades que presenta conciliar vida laboral y familiar, un aspecto que está poniendo en jaque a las sociedades con la llamada crisis de los cuidados. Esta reforma nos coloca a la cabeza de nuestra región en esta estrategia.
La política pública de empleo del actual gobierno pretende avanzar hacia la mejora de las condiciones laborales en el país, pues este proyecto de reducción de jornada viene tras el acuerdo del aumento en el salario mínimo. El mecanismo adoptado en ambos casos, que ha sido el diálogo social, asegura que los límites de aseguramiento sean a través de mecanismos accesibles por parte de las empresas, es decir, que no se ponga en riesgo las actividades económicas. Pero, además, en ambos casos se acompañan con medidas de apoyo a las pymes que son las que presentan las mayores dificultades en estos ajustes y que a la vez son las que mayor empleo proveen en el mercado laboral. Queda claro que, en el ámbito de las relaciones laborales, los actores sociales se han situado ante la materia en términos de oportunidad y no como un riesgo.
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Se asume así por parte de las empresas, una posición de responsabilidad en las situaciones que están viviendo las familias, especialmente las más vulnerables, que se enfrentan a una alta inflación y donde su capacidad económica se encuentra restringida, algo que es especialmente valorable.
Sin embargo, aunque los desafíos de productividad se encuentran situados fundamentalmente en las empresas, la política pública debe ser decidida en el firme apoyo a estas. En el último informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI, 2022), Chile es el país más innovador de Latinoamérica, pero seguimos teniendo importantes desafíos en diversificación productiva, financiamiento y escalamiento. El espíritu innovador está presente, pero se requiere de medidas que favorezcan la inversión y la recualificación de las y los trabajadores, muy especialmente, aunque no en exclusividad por supuesto, en el caso de las pymes que se enfrentan a mayores restricciones de acceso al crédito.
La nueva ley considera apoyos para la capacitación de trabajadores a través de SENCE, pero se debe ir mucho más allá. Fundamental es apostar por sectores pujantes donde Chile presenta una ventaja competitiva, como por ejemplo las energías renovables, la industria del litio o los servicios puede ser una medida acertada, pero sin duda se requiere un mayor apoyo del Estado, con paquetes coordinados que permitan la focalización tanto por actividad económica como por tamaño de empresas.
Conjugar un modelo de desarrollo que sitúe el foco en aumento de la productividad laboral a través de la innovación y la tecnologización de los procesos productivos va de la mano de promover generación de puestos de trabajo de mayor cualificación, mejores salarios y mejores condiciones laborales. En este sentido mi visión es que esta reforma laboral sitúa a Chile como referente para la región, pero con estos desafíos por delante.
Esta columna fue publicada en Interferencia
