En su columna de opinión publicada en Estado Diario, Jocelyn Aros, asociada senior del grupo Laboral de Albagli Zaliasnik, aborda la creciente judicialización de las resoluciones relacionadas con las jornadas excepcionales de trabajo, en el contexto de la implementación de la “Ley de 40 horas”.
Aros destaca que, aunque la ley establece un marco regulatorio claro para la aprobación y renovación de estas jornadas, las empresas han recurrido a los tribunales laborales para impugnar las decisiones de la Inspección del Trabajo, en casos donde las solicitudes de jornadas excepcionales han sido rechazadas o no renovadas. En varias ocasiones, los tribunales han fallado a favor de las empresas, cuestionando la falta de fundamentación en las resoluciones administrativas.
A través de ejemplos recientes de jurisprudencia, Aros subraya cómo los tribunales han corregido decisiones de la Inspección que carecían de argumentos sólidos o que imponían requisitos no previstos en la ley. Según la autora, esta tendencia judicial permite a las empresas reclamar ante los tribunales cuando consideran que las resoluciones administrativas afectan su funcionamiento, especialmente en un contexto donde la regulación de la jornada laboral sigue siendo objeto de ajustes y controversias.
La abogada concluye que la judicialización es una herramienta válida para que los tribunales laborales revisen tanto los aspectos formales como de fondo de las decisiones administrativas, con miras a garantizar un adecuado equilibrio entre el cumplimiento normativo y las necesidades operativas de las organizaciones.
