Una reciente acción judicial ingresada al Tribunal Constitucional podría redefinir los límites del poder del Congreso Nacional para desvincular a sus funcionarios de confianza. La causa, presentada el 10 de diciembre y difundida por el medio Diario Constitucional, impugna la validez del artículo 26 letra b) del Reglamento del artículo 3‑A de la Ley N° 18.918, que permite poner término a los contratos de personal parlamentario simplemente por “pérdida de confianza”.
El requerimiento solicita que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dicha disposición, argumentando que vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución, entre ellos, el principio de legalidad en el ejercicio del poder público, el derecho a la protección del trabajo y el debido proceso.
Según lo planteado en el recurso, la norma permitiría desvincular a trabajadores sin una causal objetiva ni procedimiento reglado, afectando la seguridad jurídica de quienes prestan servicios al interior del Congreso. En consecuencia, se plantea un posible conflicto entre el principio de autonomía institucional del Parlamento y los límites constitucionales que resguardan derechos laborales básicos.
En términos técnicos, la impugnación cuestiona que una norma infralegal —como un reglamento interno— pueda contradecir los principios establecidos en la Constitución y en normas laborales de jerarquía superior. Particularmente, se alude a la protección de los trabajadores frente a despidos arbitrarios, consagrada en el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental.
Un reglamento bajo la lupa del Tribunal Constitucional
El artículo impugnado forma parte de un reglamento que establece las condiciones de contratación y desvinculación del personal que asesora a senadores y diputados, habitualmente conocido como personal de exclusiva confianza. Este tipo de contratación, aunque común en los distintos órganos del Estado, ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones por su falta de regulación uniforme y por la discrecionalidad que otorga a las autoridades empleadoras.
La norma en cuestión señala que la relación laboral puede extinguirse por “pérdida de confianza”, sin necesidad de fundamentar esta decisión ni entregar garantías procedimentales. Esto, a juicio de la parte requirente, desconoce derechos laborales mínimos y puede fomentar arbitrariedad, al no contemplar ninguna instancia de revisión ni control sobre las causas reales de despido.
La acción de inaplicabilidad presentada busca evitar que la norma se aplique en un caso concreto que se encuentra en curso ante los tribunales de justicia, por lo que su revisión por parte del Tribunal Constitucional podría sentar un precedente sobre la aplicación de este tipo de disposiciones en el futuro.
El conflicto entre potestad organizativa y límites constitucionales
Uno de los puntos clave del debate es la delimitación del margen de autonomía del Congreso Nacional para dictar normas que regulen su funcionamiento interno, frente al deber de respetar el marco constitucional que ampara a todos los trabajadores, incluidos aquellos que prestan servicios en organismos del Estado.
Aunque se reconoce que las instituciones públicas necesitan cierta flexibilidad para contratar y prescindir de personal de confianza, especialmente en cargos de carácter político o técnico, la impugnación sostiene que esta potestad no puede ejercerse sin respetar principios constitucionales esenciales, como el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y la prohibición de discriminaciones arbitrarias.
La revisión del Tribunal Constitucional podría abrir un espacio de reflexión sobre los estándares mínimos que deben cumplir las relaciones laborales dentro del Estado, especialmente en un momento donde diversas reformas apuntan a fortalecer la transparencia, la estabilidad y la probidad en el empleo público.
Posibles implicancias del fallo
Si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento y declara inaplicable la norma impugnada, se generaría un cambio relevante en la forma en que el Congreso administra sus relaciones laborales, al menos en los casos que involucren despidos fundados únicamente en la pérdida de confianza.
Ello podría obligar a establecer procedimientos más formales y justificados para la desvinculación de personal de apoyo parlamentario, y eventualmente influir en otros organismos del Estado que utilizan figuras contractuales similares.
En caso contrario, si el Tribunal desestima la impugnación, se consolidaría la práctica actual de desvinculación por confianza como una atribución discrecional legítima de las autoridades parlamentarias, reforzando la noción de que los empleos de carácter político o asesor están exentos de ciertas garantías aplicables al empleo común.
Sea cual sea la decisión, este proceso se transforma en una oportunidad para revisar críticamente los equilibrios entre eficacia institucional y respeto a los derechos fundamentales, un tema central en la gestión moderna del empleo público y que interpela directamente a quienes diseñan, aplican o impugnan políticas de recursos humanos en el Estado.
