En una publicación en LinkedIn, se informó la presentación de un amicus brief ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Cisco Systems, Inc., et al. v. Doe I, et al., con el respaldo de Oxfam America y profesores de economía y ciencia política, entre ellos Joseph Stiglitz y Simon Johnson. El escrito busca apoyar a los demandados en una causa que discute si una corporación estadounidense y sus ejecutivos pueden ser responsables cuando prestan asistencia a una entidad que comete graves violaciones a los derechos humanos, en un contexto donde la tecnología, la vigilancia y la gestión del trabajo aparecen como factores centrales del debate.
El documento plantea que la responsabilidad civil por complicidad, bajo el Alien Tort Statute y la Torture Victim Protection Act, puede funcionar como un incentivo para que las empresas eviten participar directa o indirectamente en abusos. La tesis central es que las compañías, al ser actores sensibles a sanciones económicas, reputacionales y legales, están en mejor posición para prevenir que sus productos, servicios o cadenas de suministro sean utilizados para vulnerar derechos fundamentales.
El caso adquiere especial relevancia para la gestión de personas porque el brief conecta la discusión jurídica con un fenómeno cada vez más presente en las organizaciones: el uso de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial y la vigilancia digital, para monitorear, controlar o disciplinar a trabajadores. En ese punto, el documento advierte que estas herramientas pueden ser utilizadas por gobiernos o empleadores extranjeros para reprimir trabajadores, reducir salarios y generar ventajas comerciales artificiales basadas en condiciones laborales abusivas.
Tecnología laboral
El escrito sostiene que la responsabilidad por complicidad es particularmente relevante cuando empresas estadounidenses venden tecnologías sensibles de seguridad, inteligencia o vigilancia a gobiernos extranjeros. En esos mercados, indica el documento, los Estados suelen preferir proveedores locales, por lo que cuando recurren a una compañía extranjera puede deberse a la ausencia de alternativas nacionales con capacidades equivalentes.
Desde esa lógica, el brief plantea que una firma tecnológica estadounidense no siempre es fácilmente reemplazable. Por lo mismo, si enfrenta responsabilidad por colaborar con abusos de derechos humanos, podría tener incentivos concretos para incluir cláusulas contractuales, condiciones de uso y mecanismos de control orientados a evitar que sus herramientas sean utilizadas con fines represivos.
El argumento apunta directamente al vínculo entre innovación tecnológica y responsabilidad empresarial. Para el documento, las compañías no solo deben responder por lo que hacen dentro de sus propias operaciones, sino también por el impacto que sus productos y servicios pueden tener cuando son utilizados por terceros en contextos de alto riesgo.
En una de sus afirmaciones centrales, el brief sostiene que “la responsabilidad por complicidad permite a la parte lesionada buscar rendición de cuentas de estas corporaciones”. La frase sintetiza una mirada que desplaza el foco desde la mera disponibilidad tecnológica hacia las consecuencias humanas, laborales y sociales de su implementación.
Derechos humanos
El documento también rechaza la idea de que exigir responsabilidad a las empresas por complicidad pueda frenar la inversión extranjera directa en países menos desarrollados. Según el brief, no existe evidencia creíble de que la eventual responsabilidad bajo el ATS haya reducido la inversión en esos mercados, pese a que esta figura ha estado presente durante décadas en la discusión judicial estadounidense.
Por el contrario, los autores sostienen que el respeto a los derechos humanos puede favorecer la estabilidad política, el desarrollo económico y la atracción de capital. En esa línea, el escrito afirma que la protección de derechos fundamentales y libertades civiles se asocia con mejores condiciones para el crecimiento, el desarrollo de capital humano y la inversión de largo plazo.
El punto es relevante para líderes de personas, sostenibilidad y transformación organizacional porque cuestiona una premisa frecuente: que los estándares de derechos humanos son solo un costo de cumplimiento. El brief propone una lectura distinta, donde la prevención de abusos, la debida diligencia y la accountability corporativa pueden fortalecer la legitimidad social de las empresas y su capacidad de operar en entornos complejos.
El texto también aborda la competencia empresarial. Frente al argumento de que las compañías estadounidenses quedarían en desventaja frente a competidores extranjeros menos regulados, el documento responde que la responsabilidad por complicidad puede nivelar la cancha. Las empresas que ya cumplen estándares de derechos humanos no tendrían que absorber los mismos costos de ajuste que aquellas que operan sin políticas ni controles adecuados.
Gestión responsable
Para el mundo del trabajo, el elemento más sensible aparece en la relación entre vigilancia, salarios y empleo. El brief advierte que tecnologías de vigilancia, incluida la IA, pueden ser usadas sobre fuerzas laborales extranjeras para extraer trabajo en condiciones abusivas, afectando además la competencia con trabajadores de Estados Unidos. En ese marco, la responsabilidad empresarial no se limita a evitar daños reputacionales, sino que se vuelve parte de una discusión más amplia sobre comercio justo, empleo decente y gobernanza tecnológica.
El documento señala que la represión de trabajadores y la presión artificial sobre salarios pueden generar ventajas comerciales que no se explican por productividad o eficiencia, sino por vulneraciones a los derechos humanos. Así, la tecnología aplicada al control laboral aparece como una nueva frontera para la gestión ética de las organizaciones.
La discusión instala un desafío directo para las empresas que desarrollan, venden o implementan herramientas digitales: anticipar los riesgos laborales y humanos de sus soluciones antes de que estas sean desplegadas. En tiempos de transformación digital, el control sobre el uso de la tecnología ya no puede quedar separado de la estrategia de personas, compliance, sostenibilidad y liderazgo.
El amicus brief concluye que la responsabilidad por complicidad puede promover mejores incentivos económicos, proteger derechos humanos y evitar que tecnologías avanzadas sean utilizadas para dañar trabajadores. Para RH Management, el caso ofrece una señal relevante: la transformación del trabajo no solo se juega en la adopción de IA, sino también en las reglas, criterios y responsabilidades que definen su uso.
RH Management invita a profesionales de gestión de personas, liderazgo, operaciones, compensaciones, tecnología y transformación organizacional a participar en el “Estudio cuantitativo RHM 2026: El trabajo en transformación”. La iniciativa busca reunir evidencia sobre las principales tensiones, brechas y desafíos del mundo laboral en Chile. Participa aquí: https://es.surveymonkey.com/r/TN7FGH7
