Por RH Management
El 11 de diciembre de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva orientada a limitar el avance de regulaciones estatales sobre inteligencia artificial en Estados Unidos y a centralizar la política federal bajo un marco menos gravoso para la industria. La medida creó una fuerza de litigio en el Departamento de Justicia para impugnar normas estatales consideradas incompatibles con esa orientación. Más que un episodio aislado, la decisión expresa una disputa de fondo: quién define las reglas de una tecnología que ya está reorganizando inversión, empleo y poder dentro de las empresas.
Fue la culminación de un año de presión del sector tecnológico. Los mismos inversionistas y ejecutivos que acompañaron al presidente desde su asunción —entre ellos David Sacks, inversionista de capital de riesgo convertido en zar de IA de la Casa Blanca— habían intentado primero incluir en la gran ley presupuestaria una moratoria de diez años sobre cualquier regulación estatal de la IA. El Congreso la rechazó; la orden ejecutiva buscó el mismo resultado por otra vía. La agenda de fondo es explícita: menos impuestos, menos regulación, menos Estado, con los tecnocapitalistas participando directamente en el diseño de las reglas de su propio despliegue.
Chile transita su propia versión de esa agenda. El gobierno de José Antonio Kast, instalado en marzo de 2026, ha hecho del ajuste fiscal, la rebaja de impuestos y la desregulación tres pilares declarados de su programa: un recorte de gasto público de unos 6.000 millones de dólares en 18 meses y una reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%. Son opciones legítimas de política económica, y parte de su diagnóstico tiene base real. Pero una de sus primeras decisiones concretas tocó el nervio de esta editorial: el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, presentado en abril, elimina la franquicia tributaria del Sence —el principal instrumento de capacitación laboral del país, unos 300 millones de dólares anuales— sin proponer un reemplazo funcional equivalente.
Como documentamos en nuestro reportaje “El debate Sence: una mala política no se corrige con un vacío”, el diagnóstico oficial es compartido incluso por críticos de la medida: la evaluación de la Dirección de Presupuestos no encontró efectos significativos en salarios ni estabilidad laboral, el 88% del gasto se concentra en grandes empresas y la Contraloría documentó abusos. El instrumento funciona mal; eso no está en disputa. Lo que sí lo está es la respuesta: eliminarlo sin alternativa y sin diálogo social con los afectados, cuando entre el 50% y el 60% de la capacitación de trabajadores con baja y media empleabilidad pasa por esa vía —unas 670.000 personas al año— y cuando la irrupción de la IA vuelve la reconversión más urgente que nunca. Ningún país desarrollado que detectó fallas similares —Singapur, Alemania, Francia, Australia— respondió retirando el financiamiento: todos rediseñaron con más institucionalidad, no con menos.
En Chile, ese riesgo no recaerá primero sobre una abstracción llamada “mercado laboral”, sino sobre trabajadores administrativos, analistas junior, operadores, técnicos y personas de baja y media empleabilidad cuyo margen de reconversión depende precisamente de instituciones que hoy se discuten como gasto. La pregunta no es cuánta IA puede adoptar una empresa, sino cuánta responsabilidad está dispuesta a asumir por el trabajo que transforma.
Mientras tanto, la inteligencia artificial ya entró a las organizaciones y empezó a cobrar su cuenta laboral. En Estados Unidos, los recién graduados abuchean a los oradores que promocionan la IA en ceremonias de graduación mientras las tecnológicas que la promueven ejecutan despidos. En España, la gran banca redujo más de 8.000 puestos en un año en paralelo al auge de la IA, según datos de Europa Press y Cinco Días que recogimos en nuestra línea editorial. Y la economía enseña dónde golpea más fuerte: como han mostrado Daron Acemoglu y Simon Johnson —profesores del MIT y premios Nobel de Economía 2024 junto a James Robinson por sus estudios sobre instituciones y prosperidad—, una tecnología solo beneficia a quienes trabajan si estos tienen voz y poder para disputar una parte de las ganancias. Donde los sindicatos son débiles y las instituciones laborales delgadas, la IA tiende a sustituir cuando no existen contrapesos laborales e institucionales. Es el escenario que el historiador israelí Yuval Noah Harari anticipó en “Homo Deus” con un nombre brutal: la “clase inútil”, millones de personas sin valor económico para el sistema y, por lo mismo, sin poder político.
En ese mismo momento, China ensayó una respuesta distinta. No una protección plena del trabajo —sus grietas son visibles—, sino una señal institucional inusual: acelerar la adopción de IA sin permitir que la sustitución laboral se convierta, al menos formalmente, en la primera respuesta empresarial. Según reportó The Wall Street Journal a fines de mayo de 2026, en el verano de 2025 el viceprimer ministro He Lifeng —principal responsable de la política económica del gabinete de Xi Jinping y negociador de China ante Estados Unidos en la guerra arancelaria— convocó a los mayores empleadores del país, entre tecnológicas, bancos y fabricantes de automóviles, con una sola pregunta: ¿cómo afectará la IA a sus plantillas?
Las respuestas fueron difíciles de digerir: la implementación plena de la tecnología podría eliminar el 30% o más de los puestos actuales. A fines de ese año, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social recomendó a los empleadores —en particular a las tecnológicas con plantillas jóvenes— abstenerse de despedir trabajadores durante la adopción de la IA. Y hoy, a las empresas que quieren ejecutar despidos masivos se les exige explicarlos y, en algunos casos, demostrar que los recortes no se deben a la sustitución de puestos por inteligencia artificial.
Dos diseños divergentes frente a la misma tecnología. Uno reduce contrapesos justo cuando más los necesita; el otro intenta reforzarlos porque su historia le enseñó lo que cuesta perderlos. Esta editorial —que cruza nuestra serie sobre China con nuestra línea sobre IA y trabajo— intenta entender esa diferencia y lo que significa para quienes gestionan personas en Chile.
La memoria detrás de la decisión
Para entender por qué Beijing reaccionó así, no basta la coyuntura. En nuestra serie sobre China venimos documentando que la obsesión por la estabilidad no es un capricho del Partido Comunista: es memoria histórica. Un país marcado por las guerras del opio, los puertos abiertos por la fuerza, las concesiones extranjeras del llamado siglo de la humillación, las guerras civiles y la hambruna no mira con ingenuidad el desorden. Yung Han Shen —fundadora de Asia Consulting, vicepresidenta de la Cámara Chileno-China de Comercio y entrevistada por esta plataforma— lo resumió con una corrección elocuente: la reacción china a ese siglo no es orgullo, “es dignidad”.
El doctor Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre, historiador e investigador de la Universidad de Chile entrevistado para nuestro reportaje “China vista desde el trabajo”, identificó el lugar exacto que ocupa el empleo en ese edificio: en China, la promesa principal del Estado no es subsidiar sino asegurar crecimiento y empleo. “La función del gobierno es darte empleo”, nos dijo. “El bienestar no se consigue con subvenciones estatales, sino que se consigue con trabajo.” El empleo no es una variable económica más: es el fundamento de la legitimidad y del orden social.
Desde ahí se entiende la secuencia que describe el WSJ. El dato que ordenó todo no fue tecnológico sino social: un desempleo juvenil urbano del 16% entre los 16 y 24 años, con millones de graduados compitiendo por empleos escasos. Esta plataforma ya había registrado esa vulnerabilidad en septiembre de 2024, cuando el desempleo juvenil chino batía récords —18,8%— y el propio gobierno lo declaraba prioridad por sus riesgos para la estabilidad social. Con ese mapa, la campaña estatal de adopción acelerada de la IA —bautizada “AI+”, lanzada en agosto de 2025 e incorporada al XV Plan Quinquenal con la meta de llevar la penetración de la IA al 90% de la economía en 2030— dirigió la tecnología primero hacia manufactura y logística, sectores menos sensibles al desplazamiento del empleo de oficina, y no hacia los escritorios donde se concentra el empleo joven. Kyle Chan, investigador de la Brookings Institution especializado en el desarrollo tecnológico chino, lo resume en el reportaje: China intenta equilibrar dos prioridades fundamentales, estabilidad social y crecimiento de la productividad, y la IA podría obligar a Beijing a tomar decisiones difíciles.
Los tejedores de Hangzhou
En “IA y productividad: cuando el progreso no se reparte solo” recuperamos el caso con que Acemoglu y Johnson advierten sobre el espejismo del progreso automático: los tejedores manuales ingleses de la Revolución Industrial, beneficiados primero por la mecanización del hilado y arruinados después por el telar mecánico, sin instituciones que protegieran el tránsito. Dos siglos después, dos casos judiciales citados por The Wall Street Journal muestran qué pasa cuando esa protección existe, aunque sea por una vía que ningún manual occidental contempla.
El primero ocurrió en Hangzhou. Un supervisor de control de calidad de apellido Zhou —35 años, más de una década en su empresa, hipoteca al día, sostén de su familia— vio cómo en enero de 2025 la compañía empezó a usar IA para hacer su trabajo: revisar los errores del propio modelo de la empresa. Le ofrecieron reubicación con un 40% menos de salario; se negó y lo despidieron. El tribunal falló a su favor y ordenó pagarle una indemnización equivalente a unos 38.000 dólares por despido improcedente. Su abogado, Jiang Xiaotong, del bufete Zhejiang Yufeng, declaró al Journal que el caso envía una advertencia legal clara a todo el sector: las empresas no pueden usar la modernización mediante IA como excusa para despidos encubiertos y recortes salariales injustos.
El segundo caso, también recogido por el WSJ, ocurrió en Beijing. Un trabajador de apellido Liu, con quince años recopilando datos cartográficos para una tecnológica, perdió su empleo cuando la IA automatizó su función en 2024. También ganó. Y el gobierno municipal convirtió su caso en doctrina publicada: la IA no es razón válida para despedir, y el empleador debe capacitar y reasignar a los trabajadores cuyas funciones se vean afectadas.
El caso Zhou merece leerse con el lente de “La era de la irrelevancia”. Su abogado contó que a Zhou le aterraba la idea de ser reemplazado por la inteligencia artificial, y ese terror no es solo económico. Es lo que en esa editorial —siguiendo a Christophe Dejours, psiquiatra y psicoanalista francés referente de la psicodinámica del trabajo— llamamos la crisis de reconocimiento: el momento en que una persona descubre que el criterio acumulado durante una década ya no es considerado necesario porque un sistema produce resultados apenas suficientes. La frase administrativa que temíamos en ese texto —“su cargo ya no será necesario”— es exactamente la que los tribunales chinos acaban de declarar insuficiente.
La doctrina de Beijing, capacitar y reasignar antes que despedir, es —se comparta o no el régimen que la produce— una de las primeras respuestas institucionales a gran escala al problema que veníamos describiendo: la reconversión no puede ser una consigna motivacional; debe ser una arquitectura institucional.
También hay un código cultural detrás de esa norma. Claudia Labarca —periodista, doctora en Relaciones Internacionales y autora de “Ni hao Mr. Pérez, Buenos días Mr. Li”— ha mostrado que en los negocios chinos la credibilidad construida en el tiempo pesa tanto como el contrato. En ese marco, un empleador que despide a un trabajador de quince años porque un modelo aprendió su oficio no solo enfrenta un problema laboral: deteriora la confianza que sostiene la relación. El empleo, en ese código, no es apenas un costo individual; forma parte de lo común.
La IA favorable al trabajo, puesta a prueba
En “El trabajador convertido en dato” y en “La IA ya entró al trabajo” recogimos la distinción que Acemoglu y Johnson afinaron junto a David Autor —economista del MIT y una de las voces más influyentes en el estudio de tecnología, tareas y mercado laboral— en un ensayo publicado en febrero de 2026 por The Hamilton Project y Brookings: el debate no está entre usar o no usar IA, sino entre tecnologías que amplían el valor de las capacidades humanas y tecnologías que las sustituyen, degradan o vuelven prescindibles. Escribimos entonces que esa categoría —una IA favorable al trabajo— todavía no estaba instalada en Chile como criterio público. Lo que el WSJ describe es a China convirtiéndola en política industrial: los responsables de recursos humanos de las tecnológicas chinas están reorganizando los flujos de trabajo para que los empleados deleguen lo simple y repetitivo a la IA y se concentren en tareas más complejas y centradas en las personas, como la atención al cliente.
No es resistencia a la tecnología. Es rediseño del trabajo bajo una restricción que el Estado fijó con claridad: adopten, pero no despidan.
El contraste con Occidente no es de velocidad sino de arquitectura, y nuestra editorial “Cuando el poder incendia el orden” entrega el marco histórico para leerlo. Allí mostramos, con los historiadores económicos Francisco Comín, Ramon Ramon Muñoz y Enric Tello, que varios de los peores desastres modernos crecieron sobre una combinación peligrosa: élites económicas que creyeron que podían usar la demolición de contrapesos para asegurar su posición, Estados dispuestos a convertir la fuerza en argumento y trabajadores convertidos en el fusible automático de cada crisis. La factura, tarde o temprano, la pagaron casi todos, también quienes creyeron administrar el incendio desde un lugar seguro.
Visto desde ahí, el momento actual de Estados Unidos resulta inquietante: concentración extrema de poder económico en las oligarquías tecnológicas, una orden ejecutiva que busca anular la capacidad regulatoria de los estados sobre la IA, recortes de impuestos y de capacidad estatal, y la promesa de que el mercado absorberá a los desplazados. Es la configuración institucional que, según Acemoglu y Johnson, vuelve la tecnología contra el trabajo: productividad sin contrapesos, ganancia sin reparto, adopción sin pregunta. Mientras parte de Occidente gobierna la IA con lo que en este medio hemos llamado el “humor nocturno del poder” —decisiones que alteran costos, inversión y empleo anunciadas por redes sociales antes del amanecer—, China la inserta en una planificación estatal que combina metas productivas, tecnológicas y sociales, porque entiende que una sociedad que descuida a su gente debilita la base que hace posible su estrategia.
Las grietas del modelo
Nuestra serie se ha impuesto una regla: China no es un modelo para copiar, y sus costos son reales. Lo documentamos en “El trabajo en China” y en “China vista desde el trabajo”: la cultura 996 —de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana—, el sistema hukou que reproduce ciudadanías desiguales, los millones de trabajadores migrantes que construyeron el milagro sin participar plenamente de sus beneficios, y la advertencia del historiador Qin Hui sobre cuánto del éxito descansa en limitar el contrapoder de quienes trabajan.
La protección frente a la IA es real, pero selectiva. El reportaje del WSJ muestra su grieta más nueva: las empresas chinas están menos dispuestas que antes a contratar e invertir en trabajadores sin experiencia. John Xie, cofundador de una startup de software en Guangzhou, entrenó agentes de IA a los que bautizó “Investigador Junior Zhang” y “Asistente Li”; tras semanas de ajuste con datos de la empresa, afirma que reemplazan sin problemas a becarios y empleados junior con hasta dos años de experiencia. Al Journal le confesó que le preocupan sinceramente los jóvenes: los recién graduados tienen que pasar años adquiriendo experiencia, pero la IA puede dominar esas mismas habilidades en semanas o meses.
Ese no es un detalle lateral. Si el puesto junior —el primer peldaño donde se aprende el oficio y se ingresa a la trama del reconocimiento— es el que la IA absorbe mejor, prohibir despidos no resuelve el problema: lo congela. Se protege a quienes ya están adentro y se les cierra la puerta a quienes vienen llegando, precisamente la población cuya desafección Beijing más teme. Como advertimos citando a Joel Mokyr —historiador económico de Northwestern University y Premio Nobel de Economía 2025, junto a Philippe Aghion y Peter Howitt, por sus estudios sobre las condiciones del crecimiento sostenido—, la destrucción solo es creativa si también crea futuro. Beijing parece saberlo: en abril, un alto funcionario anunció cursos gratuitos para trabajadores calificados y programas de formación en IA para graduados universitarios. Habrá que ver si la reconversión corre más rápido que la sustitución.
La mesa, otra vez
Volvamos al cuadro completo, porque ahí está la tesis. Harari advirtió que la disrupción de la IA puede producir lo que ninguna revolución tecnológica anterior produjo: personas sin valor económico para el sistema y, por eso mismo, sin poder político. China leyó esa advertencia con los ojos de su propia historia —la que enseña que cuando el trabajo pierde su lugar, el orden entero se incendia— y decidió que la estabilidad social es una restricción innegociable de su estrategia tecnológica. Puede fallar, y sus grietas son visibles. Pero Estados Unidos y Chile parecen estar avanzando en una dirección distinta: adelgazar el Estado, recortar impuestos, desregular y dejar que quienes financian y venden la IA escriban las reglas de su despliegue, con los trabajadores convertidos en destinatarios tardíos de decisiones que ya reorganizan sus empleos.
La historia económica que recorrimos en “Cuando el poder incendia el orden” no permite optimismo ingenuo sobre ese diseño: cada vez que el poder económico operó sin contrapesos, la cuenta llegó por donde siempre llega —salarios, empleo, cohesión, y al final también los propios negocios.
Conviene no idealizar el otro extremo. En la mesa que armó He Lifeng tampoco estaban los trabajadores; estaban los empleadores, y el Estado habló por los demás, con la legitimidad y la opacidad que eso implica en un sistema sin sindicatos autónomos. Pero la comparación inoportuna no es entre China y un ideal de deliberación: es entre China y nosotros. En “La IA ya entró al trabajo” describimos la escena chilena: una conversación sobre el futuro del trabajo conducida desde gremios empresariales, consultoras y proveedores, donde los trabajadores aparecen como destinatarios de la transformación y no como sujetos capaces de discutirla. En China, al menos, alguien con poder hizo la pregunta laboral antes del despliegue y le puso una restricción al resultado. En Chile, la decisión más importante de la década en materia de personas está ocurriendo como un subproducto de la política de compras de software, y ahora, además, con el principal instrumento público de reconversión laboral camino a desaparecer sin que exista, sobre la mesa, el mecanismo que lo reemplazará.
Para los liderazgos de gestión de personas que leen esta publicación, la agenda que deja este cruce es precisa. Medir con datos propios, antes de que lo decida un proveedor, qué funciones son sustituibles y cuáles rediseñables. Identificar los puestos de entrada que la IA absorbe primero, antes de que la primera generación sin escalera lo descubra sola. Someter cada apuesta de automatización a una evaluación de impacto laboral y psicosocial previa, como exigimos en “IA y trabajo: poder, empleo y el costo oculto de la eficiencia”. Y adoptar voluntariamente la regla que los tribunales de Hangzhou y Beijing acaban de escribir y que ninguna legislación nos impide hacer propia: la IA puede tomar la tarea, pero la empresa responde por la persona, capacitación y reasignación antes que despido.
La pregunta final no es si China ganará su apuesta ni si su modelo puede ser replicado. La interpelación es más cercana: qué arquitectura institucional, empresarial y laboral está construyendo Chile para que la IA no convierta la eficiencia en una nueva forma de descarte. Cuando una sociedad reemplaza personas sin ofrecer nuevos espacios de aprendizaje, utilidad, pertenencia y reconocimiento, no está administrando una transición tecnológica: está fabricando, a escala, la irrelevancia que Harari anunció.
China, con todas sus opacidades, intenta no correr ese riesgo de manera visible y masiva, porque su historia le enseñó el precio del desorden. La nuestra también dejó advertencias: el salitre (1880-1914), la industrialización trunca 1938-1970), el crecimiento sin reparto (1990-1998). La pregunta es si estamos dispuestos a recordarlas antes de que la IA escriba el próximo capítulo. Porque la diferencia entre las organizaciones que habitan la incertidumbre y las que la padecen no estará en la cantidad de tecnología que adopten, sino en la responsabilidad que asuman por el trabajo que transforman.
