Más de tres millones de empleados públicos en España verán aumentados sus sueldos en un 11,5 % acumulado entre 2025 y 2028, tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras (Ccoo) y UGT. Según informó el medio La Vanguardia, el pacto incluye una primera subida del 2,5 % con efecto retroactivo desde enero de 2025, a la que seguirán incrementos progresivos cada año hasta completar la mejora total, que también considera el efecto de arrastre sobre complementos salariales.
El anuncio del acuerdo se produjo el martes 26 de noviembre en el Palacio de Zurbano, sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, donde la ministra María Jesús Montero encabezó la reunión con las organizaciones sindicales. La propuesta fue firmada por los dos sindicatos mayoritarios, mientras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) —la tercera organización convocada— indicó que consultará a sus bases antes de tomar una decisión definitiva.
El plan de aumentos contempla una subida fija del 2,5 % en 2025, seguida por un 1,5 % en 2026. A este último año se suma un 0,5 % adicional si la inflación interanual (IPC armonizado) supera el 1,5 % en ese período. En 2027 se aplicará un incremento del 4,5 %, y en 2028 un 2 %. Considerando los efectos compuestos, el alza total superará el 11,5 %, lo que busca compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años anteriores.
Aunque el acuerdo se formalizó tras negociaciones en el actual mandato, la ministra Montero destacó que “es la continuidad del pacto alcanzado en octubre de 2022”, lo que da cuenta de una hoja de ruta sostenida entre el Ejecutivo y las centrales sindicales en materia de función pública.
Mejoras estructurales en el empleo público
Además del componente salarial, el acuerdo incluye una serie de compromisos que apuntan a mejorar las condiciones estructurales del empleo público. Entre ellos destaca la eliminación progresiva de la tasa de reposición, una medida que desde hace años limita la contratación en el sector público y ha sido objeto de críticas por su impacto en la dotación de personal y la calidad de los servicios.
También se contemplan avances en carrera profesional, procesos selectivos, permisos, jubilación parcial y condiciones de trabajo, en un intento por modernizar la gestión de personas en el ámbito estatal. Estos cambios se consideran clave para atraer y retener talento, especialmente en áreas críticas como salud, educación y administración general.
Contexto político y sindical
El pacto se concreta en un contexto político marcado por la reciente investidura del presidente Pedro Sánchez y la conformación de un nuevo gobierno de coalición. Desde el Ejecutivo, se presenta como una muestra de estabilidad institucional y compromiso con los trabajadores públicos. Para los sindicatos firmantes, en tanto, representa una respuesta a demandas largamente planteadas.
Por su parte, Csif, el sindicato que optó por no firmar de inmediato, señaló que “el acuerdo no garantiza plenamente la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años”. La organización someterá la propuesta a votación interna antes de definir su posición definitiva.
Pese a esa disidencia, el gobierno considera que el respaldo de las dos principales centrales sindicales otorga legitimidad suficiente al pacto, tanto desde el punto de vista social como institucional.
Implicancias para la gestión pública
Con este acuerdo, el Estado español busca no solo atender la dimensión salarial, sino también fortalecer la estructura y funcionamiento del empleo público. En un contexto de inflación moderada y presión fiscal, la fórmula de subidas fijas combinadas con cláusulas de revisión por IPC permite cierto margen de flexibilidad financiera sin renunciar a compromisos con los trabajadores.
Asimismo, la progresiva eliminación de la tasa de reposición podría abrir la puerta a una renovación generacional en la administración pública, con efectos potenciales sobre la eficiencia y la innovación en la gestión.
Desde una perspectiva de gestión de personas, el acuerdo representa un paso relevante en la articulación entre negociación colectiva, sostenibilidad presupuestaria y calidad del empleo público.
