En la madrugada del 17 de diciembre, el Gobierno y los gremios que integran la Mesa del Sector Público alcanzaron un acuerdo en el marco de la negociación anual de reajuste salarial, según reportó el medio El Mostrador. El pacto contempla un incremento general de 3,4 % en las remuneraciones del sector estatal para 2026, además de medidas complementarias que favorecen especialmente a funcionarias y funcionarios con menores ingresos.
El entendimiento, resultado de intensas conversaciones lideradas por el Ministerio de Hacienda, considera también un aumento del 5 % en las remuneraciones mínimas, junto con la entrega de bonos focalizados, cuya magnitud y destinatarios no fueron detallados en el comunicado oficial.
El acuerdo incluye otros elementos orientados a mejorar las condiciones laborales en la administración pública, con énfasis en la estabilidad del empleo y la promoción de derechos laborales. De acuerdo con el Ejecutivo, se trata de un avance que busca fortalecer la función pública en un marco de gobernabilidad.
Un acuerdo con foco en la dignidad del empleo público
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó positivamente el resultado del proceso, señalando que “hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública”. En la misma línea, sostuvo que esta negociación completa un ciclo de cuatro años de acuerdos consecutivos con la Mesa del Sector Público, lo que contribuye —dijo— a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, enfatizó el equilibrio que representa este entendimiento. “Se trata de un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”, señaló.
Valoración desde el mundo sindical
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidente José Manuel Díaz afirmó que “considerando la realidad que estamos viviendo, hemos llegado a un acuerdo que satisface a la mayoría de la Mesa”. La coordinación de la Mesa del Sector Público, encabezada por Laura San Martín, también destacó los avances del acuerdo, subrayando que este reafirma principios fundamentales como la estabilidad laboral y la libertad sindical en el empleo público.
Tramitación legislativa del acuerdo
El Ejecutivo anunció que en los próximos días ingresará al Congreso Nacional el proyecto de ley que materializa los términos del acuerdo alcanzado. Esta iniciativa debe ser discutida y aprobada por el Parlamento para que los beneficios pactados puedan entrar en vigencia dentro de los plazos previstos.
El Gobierno no especificó fechas ni detalles adicionales sobre la tramitación, pero indicó que el objetivo es que las medidas comiencen a aplicarse en 2026, como parte del ajuste anual de remuneraciones del sector estatal.
Compromiso con la estabilidad y la negociación permanente
El cierre de esta negociación se enmarca en un ciclo de continuidad en el diálogo entre el Estado y las organizaciones sindicales del sector público. Desde el Gobierno se resaltó que este tipo de acuerdos fortalecen la institucionalidad de la función pública, garantizando no solo el reajuste de remuneraciones, sino también un entorno laboral respetuoso de los derechos colectivos.
En tanto, los representantes gremiales valoraron la posibilidad de avanzar en condiciones más estables para las y los trabajadores del Estado, reafirmando su disposición a mantener canales de diálogo permanentes con las autoridades.
