El presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo de 2026, anunció una serie de reformas orientadas a modificar la estructura del empleo público en Chile. Según informó el medio La Tercera, su programa de gobierno contempla una transformación al Estatuto Administrativo, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado mediante una gestión basada en mérito, desempeño y control del gasto.
La propuesta plantea establecer concursos públicos como regla general para la contratación en la administración estatal, reemplazando mecanismos discrecionales que hoy aún subsisten en distintos organismos. Además, se introduce la idea de evaluaciones anuales obligatorias, cuyo resultado podrá incidir en la permanencia del funcionario en su cargo. En casos de bajo desempeño sostenido, el sistema permitiría desvinculaciones más ágiles, buscando eliminar lo que se considera una “inamovilidad de facto” en algunos sectores del aparato público.
A esta lógica de mayor exigencia se suma un nuevo enfoque hacia el teletrabajo en el sector público, que, bajo el futuro gobierno, deberá estar estrictamente ligado a indicadores de productividad. En línea con ello, también se propone que los reajustes salariales y aumentos remuneracionales estén condicionados al cumplimiento de metas de desempeño y niveles de satisfacción usuaria.
Teletrabajo, desempeño y control del ausentismo
Uno de los énfasis del programa es el control del ausentismo laboral, especialmente vinculado al uso de licencias médicas. Para abordar esta situación, el plan incluye la verificación del historial de licencias antes de realizar nuevas contrataciones, así como el cruce de datos entre organismos públicos con el fin de detectar fraudes o usos irregulares del sistema.
En el caso de trabajadores que presenten licencias reiteradas o que estén siendo investigados por posibles abusos, la nueva administración pretende establecer herramientas más eficaces de fiscalización. Esta medida se enmarca en un objetivo más amplio: garantizar que los recursos públicos se destinen a funcionarios activos y comprometidos con su labor.
Asimismo, el programa contempla una revisión del sistema de calificaciones, para hacerlo más riguroso y transparente. Se espera que las evaluaciones anuales no sean solo un trámite formal, sino una herramienta efectiva de mejora continua y, en casos necesarios, de desvinculación cuando el rendimiento no cumpla con los estándares definidos.
Concursos públicos como eje central
Otro de los pilares de la propuesta es consolidar los concursos públicos como mecanismo principal de ingreso al aparato estatal, lo que implica eliminar gradualmente las contrataciones directas o por conveniencia política, salvo en casos debidamente fundados. Esta medida busca promover la meritocracia y garantizar que los cargos sean ocupados por personas con las competencias necesarias.
En paralelo, se pondrá especial atención en regular la contratación de asesores de confianza, con topes de gasto anuales y límites porcentuales respecto al total de funcionarios de cada servicio. En palabras del programa, se trata de “evitar excesos y usos discrecionales” que puedan afectar la eficiencia y credibilidad de la administración pública.
La revisión del Estatuto Administrativo incluirá también el fortalecimiento de los procesos de inducción, capacitación y formación continua, con el propósito de alinear el desarrollo profesional de los funcionarios con los desafíos actuales del Estado.
Nueva mirada sobre la carrera funcionaria
El rediseño del empleo público que plantea el futuro gobierno de Kast se presenta como una transición hacia un modelo de gestión más exigente y eficiente, donde el desempeño, la responsabilidad y la transparencia son ejes centrales. Si bien todavía no se detallan los mecanismos específicos para implementar cada una de estas medidas, el programa marca una hoja de ruta clara hacia una administración más orientada a resultados.
Este enfoque implica también una reestructuración cultural del sector público, donde se busca dejar atrás prácticas que favorezcan la estabilidad sin evaluación efectiva y avanzar hacia una lógica de compromiso con los usuarios del sistema. Desde esta perspectiva, la reforma al Estatuto Administrativo no solo apunta a modificar normas, sino también a transformar la forma en que se concibe y gestiona el trabajo en el Estado.
La implementación de estas políticas dependerá de la capacidad del próximo gobierno para articular mayorías parlamentarias, enfrentar resistencias internas y generar los consensos necesarios en un contexto institucional complejo. No obstante, el anuncio de estos cambios ya instala el debate sobre el futuro del empleo público en Chile y el rol que debe jugar el Estado en su modernización.
