Cuando el calendario marque el inicio del 2026, cerca de 900 mil trabajadoras y trabajadores en Chile comenzarán a recibir un salario mínimo de $539 mil. Esta cifra marca el cierre de un ciclo de alzas históricas impulsadas por el Gobierno del presidente Gabriel Boric en coordinación con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y representa un hito en la agenda político-laboral de la actual administración. Según se informó a RH Management, el reajuste entrará en vigencia en enero como parte del segundo tramo contemplado en la última ley aprobada por el Congreso, cuyo primer aumento —de $510 mil a $529 mil— rige desde mayo pasado.
Este avance no solo refleja un cambio cuantitativo: es el resultado de una estrategia política de diálogo social sostenido entre el Ejecutivo y la CUT, que ha permitido consolidar una política salarial centrada en la mejora de las condiciones de vida de las y los trabajadores, sin pasar por alto la estabilidad económica ni el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas.
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Pablo Chacón, destacó que “esta alza del salario mínimo es el corolario del trabajo realizado durante nuestro Gobierno por mejorar la vida y los derechos de las y los trabajadores y de sus familias”. Subrayó además que medidas como la Ley de 40 Horas y este aumento sitúan a una familia promedio por encima del umbral de la pobreza, reflejando una política pública que no renuncia a la justicia social aun en escenarios complejos.
Desde Hacienda, el ministro Nicolás Grau valoró que los incrementos se hayan concretado junto a un control efectivo de la inflación: “Este Gobierno ha cumplido con los trabajadores que más necesitan al Estado, subiendo el salario mínimo desde $350 mil a $539 mil. Y lo hemos hecho acompañando a las pymes y cooperativas en ese camino y al mismo tiempo que bajamos la inflación de 14% a 3,4%”.
Diálogo social como eje de la reforma
La primera negociación por el salario mínimo en la gestión de Boric tuvo lugar en 2022, rompiendo una sequía de seis años sin acuerdos con la CUT. En ese primer pacto se logró pasar de $350 mil a $380 mil en mayo, y luego a $400 mil en agosto. La ley contempló también una cláusula especial que permitió un aumento a $410 mil en enero de 2023 si la inflación acumulada superaba el 7%, lo que efectivamente ocurrió.
En 2023, la alianza entre el Ejecutivo y la CUT se consolidó con un nuevo acuerdo que llevó el sueldo mínimo a $440 mil en mayo, $460 mil en septiembre y, finalmente, $500 mil en julio de 2024, superando incluso el cronograma inicialmente comprometido. Se sumó, además, un reajuste automático de $510 mil en enero de 2025 según el IPC del segundo semestre de 2024.
Cada una de estas leyes incluyó subsidios específicos para las MiPymes, aspecto que fue clave para que el proceso no solo fuera viable políticamente, sino también sostenible en términos económicos.
Compromisos cumplidos
El último tramo del aumento salarial —de $529 mil a $539 mil— cierra una etapa en que el Gobierno no solo elevó el salario mínimo en más del 50%, sino que lo hizo integrando factores sociales, económicos y territoriales. La ley recientemente aprobada también contempla un mecanismo de compensación a las MiPymes, en caso de que la variación del salario mínimo supere la inflación de 2025.
De esta manera, la administración de Boric entrega una hoja de ruta que combina crecimiento inclusivo con diálogo social efectivo, consolidando una visión donde el trabajo digno y los derechos laborales ocupan un lugar prioritario en la política pública.
