Un artículo de Fabio Bertranou, publicado en 2026 en la Revista de Economía Política de Buenos Aires, analiza cómo la nueva geopolítica energética está reconfigurando el empleo, los salarios y la estructura productiva de América Latina y el Caribe, a partir de las tensiones registradas en Medio Oriente desde fines de febrero y de sus efectos sobre los precios internacionales, las cadenas de suministro y las condiciones macroeconómicas.
El estudio sitúa esta coyuntura dentro de cinco tendencias estructurales que están definiendo el futuro del trabajo en la región: la transición demográfica, el cambio tecnológico, la transformación climática y productiva, la persistencia de la informalidad y los desafíos de gobernanza. Aunque estas dinámicas tienen un horizonte de mediano y largo plazo, la volatilidad energética y la fragmentación geopolítica pueden acelerar sus efectos sobre los mercados laborales.
El aumento de los precios internacionales del petróleo constituye uno de los principales canales de transmisión. El encarecimiento de los combustibles repercute directamente en el transporte, la producción agropecuaria y el precio de los bienes básicos, lo que reduce el poder adquisitivo de los salarios y deteriora las condiciones económicas de los hogares.
Presión salarial
El impacto adquiere una dimensión especialmente regresiva en economías con alta informalidad laboral. Una parte importante de los trabajadores de la región carece de mecanismos institucionales que permitan proteger sus ingresos frente a aumentos abruptos de precios, reajustes insuficientes o periodos de menor actividad económica.
A la inflación energética se suma el efecto de una eventual desaceleración del crecimiento mundial. Una menor demanda externa, la reducción de los flujos de capital y el debilitamiento del turismo pueden traducirse en menos creación de empleo y mayor volatilidad en los mercados laborales. Estas consecuencias se intensifican en sectores con una alta incidencia sobre la ocupación regional.
La agricultura enfrenta mayores costos de insumos y transporte, mientras que las empresas logísticas deben absorber incrementos en sus gastos operativos. El turismo, por su parte, puede verse afectado por el encarecimiento de los desplazamientos internacionales. La combinación de estos factores eleva el riesgo de pérdida de puestos de trabajo en actividades intensivas en empleo.
El documento identifica cinco canales mediante los cuales la crisis energética puede afectar el mundo del trabajo: inflación, desaceleración global, impactos sectoriales, restricciones fiscales y fragmentación geopolítica. Entre las consecuencias posibles se encuentran la caída del salario real, el aumento de la desocupación, la precarización laboral y una menor capacidad estatal para implementar políticas de protección.
Impacto desigual
Los efectos no se distribuyen de manera homogénea entre los países. Las economías importadoras netas de energía enfrentan presiones inflacionarias más intensas, deterioro de sus cuentas externas y mayores restricciones fiscales. Este escenario limita el margen disponible para financiar subsidios, medidas de protección social o políticas laborales contracíclicas.
Los países exportadores de petróleo y gas, en cambio, pueden obtener temporalmente mayores ingresos fiscales, disponibilidad de divisas y mejores términos de intercambio. Sin embargo, el análisis advierte que estos beneficios no deben sobredimensionarse, debido a la dependencia de los ciclos de precios y a la concentración productiva asociada a los recursos naturales.
Incluso en las economías favorecidas por precios altos, las ganancias no necesariamente se distribuyen de forma equitativa. El aumento de las materias primas también puede afectar el valor de la canasta de bienes y servicios básicos, mientras la falta de diversificación mantiene al empleo expuesto a cambios externos y periodos de alta volatilidad.
Las diferencias también responden a la composición de las matrices energéticas. Países como Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Brasil cuentan con una elevada participación de energías renovables. En contraste, varias economías de Centroamérica y el Caribe mantienen una fuerte dependencia de combustibles fósiles importados, lo que las vuelve más sensibles a las variaciones internacionales.
Respuesta institucional
El estudio plantea que las políticas públicas deben combinar protección de ingresos, sostenimiento del empleo y transformación productiva. Entre las respuestas consideradas se encuentran los subsidios focalizados, la protección social, el apoyo a Mipymes, la reconversión laboral, el reentrenamiento y la diversificación de las estructuras productivas.
Las restricciones fiscales representan, no obstante, un obstáculo relevante. El aumento del gasto en subsidios y deuda puede reducir la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas laborales, mientras las disrupciones en las cadenas globales de suministro pueden ampliar la informalidad, la desocupación y la precarización.
En el mediano plazo, la transición energética también abre oportunidades vinculadas con los minerales críticos y la reorganización de las cadenas de valor. Sin embargo, la generación de empleo formal y productivo dependerá de la existencia de políticas industriales, formación de capacidades, procesamiento local, redes de proveedores e inversión en infraestructura.
La trayectoria laboral de América Latina y el Caribe, por lo tanto, no dependerá únicamente de la duración de los shocks energéticos. La fortaleza de las instituciones, la capacidad de coordinación entre el Estado y el sector privado y la existencia de mecanismos efectivos de diálogo social serán determinantes para evitar que la volatilidad internacional profundice las brechas laborales existentes.
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