Las inspecciones del trabajo están adquiriendo un rol cada vez más decisivo en la formalización laboral en Iberoamérica, según plantea el informe técnico Las inspecciones del trabajo y la formalización laboral. Innovaciones y desafíos en Iberoamérica, elaborado por la OIT a partir del análisis de 18 países de la Red iberoamericana de inspecciones del trabajo y de encuestas aplicadas durante 2025 a sus representantes.
El documento sostiene que estas instituciones son una pieza central para garantizar condiciones de trabajo decente mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, y recuerda que su papel en la formalización ha sido reconocido expresamente por la OIT tanto en la Recomendación 204 de 2015 como en la resolución adoptada en 2025 sobre los medios para abordar la informalidad y promover la transición a la formalidad.
Más allá de la función fiscalizadora, el informe instala una tesis de fondo: el fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral y el perfeccionamiento de su eficacia y eficiencia siguen siendo una prioridad para los actores tripartitos del mundo del trabajo, porque su desarrollo puede transformarse en un factor estructural y de gobernanza clave para acelerar los procesos de transición hacia la formalización.
Institucionalidad, coordinación y capacidad de acción
Para llegar a esa conclusión, el estudio revisó el marco normativo internacional vigente, analizó los perfiles institucionales de las inspecciones del trabajo que integran la red y examinó acciones innovadoras implementadas en distintos países. El levantamiento combinó información primaria obtenida mediante encuestas con revisión de marcos normativos, procedimientos y otras fuentes secundarias, en un proceso que luego fue validado y actualizado por los respectivos puntos focales nacionales.
Las intervenciones identificadas fueron agrupadas en cinco modalidades ligadas, en distinto grado, a la transición hacia la formalización: fortalecimiento institucional; promoción de la formalización laboral y de la cultura del cumplimiento; planificación e inteligencia inspectiva; colaboración, cooperación y alianzas; y sanciones u otros modelos disuasorios.
Ese mapa de experiencias permite al informe afirmar que la formalización laboral no depende únicamente de sancionar incumplimientos. También exige capacidades estatales para detectar riesgos, priorizar sectores, coordinar información con otras instituciones, acompañar procesos de cumplimiento y sostener estrategias con continuidad. En ese marco, las inspecciones aparecen descritas como un aliado estratégico para la reducción de la informalidad, siempre que cuenten con respaldo institucional, recursos y atribuciones adecuadas.
El análisis subraya además que la región ya dispone de experiencias innovadoras potencialmente replicables. Entre ellas se observan políticas nacionales orientadas a la formalización, planes preventivos, inteligencia inspectiva basada en focalización y cruces de datos, campañas masivas, acuerdos de formalización y acciones dirigidas a sectores con mayor vulnerabilidad o mayores tasas de incumplimiento.
Persisten brechas frente a la informalidad
Pese a esos avances, el informe advierte que la informalidad laboral sigue siendo un desafío histórico que no ha logrado erradicarse del mundo del trabajo. A los problemas tradicionales se suman ahora nuevas tensiones derivadas de la globalización, la automatización, la revolución tecnológica y digital, los cambios demográficos y la crisis climática, todos factores que han impactado los mercados laborales y los mecanismos para garantizar el cumplimiento normativo.
En ese escenario, una de las alertas más relevantes del documento apunta a la brecha entre la innovación de los modelos de negocio y organización del trabajo y la adaptación de los marcos regulatorios. El texto señala que muchas inspecciones deben seguir aplicando leyes laborales pensadas para empleo presencial, a tiempo completo y subordinado a un solo empleador, aun cuando el contexto actual está marcado por nuevas modalidades como el teletrabajo o el trabajo en plataformas.
También se identifican desafíos legales, institucionales, operativos, culturales y tecnológicos, además de particularidades que afectan especialmente a ciertos grupos y sectores, como trabajadores rurales, del servicio doméstico, personas migrantes y trabajadores de plataformas digitales.
Frente a ello, el informe recomienda seguir profundizando los mecanismos de cooperación con instituciones relevantes, modernizar la institucionalidad mediante nuevas tecnologías que mejoren la planificación estratégica y habiliten modalidades de actuación masiva, fortalecer el diálogo social tripartito, perfeccionar el efecto disuasorio del régimen sancionador y avanzar en fórmulas eficaces para la restitución de derechos vulnerados.
La conclusión es clara: para que la inspección laboral cumpla un papel efectivo en la formalización, no basta con ampliar controles. También se requiere estabilidad jurídica para resguardar la independencia e imparcialidad de los inspectores, procesos de reclutamiento que aseguren dotación suficiente y capacitación continua para enfrentar transformaciones cada vez más rápidas y complejas en el mundo del trabajo.
