En octubre de 2025, el medio The Bureau of Investigative Journalism reveló el caso de Crussh, una popular cadena de cafés en Londres frecuentada por parlamentarios y periodistas, que tras perder dos juicios por despido injustificado, evitó pagar las indemnizaciones ordenadas por los tribunales. A pesar de que las decisiones judiciales favorecieron a los trabajadores, la empresa fue declarada insolvente y nunca cumplió con los pagos, lo que expone graves falencias en la ejecución de los fallos laborales en Reino Unido.
Uno de los casos más representativos es el de Raf, exgerente de zona que trabajó durante 20 años en la empresa y que fue degradado a tareas operativas tras una reestructuración empresarial. La experiencia lo llevó a renunciar y emprender acciones legales. El tribunal le otorgó una compensación de más de 30 mil libras esterlinas en febrero de 2025, pero al momento del fallo Crussh ya había cerrado sus ocho locales restantes y cesado sus operaciones comerciales.
Semanas más tarde, Raf recibió un mensaje de uno de los directores de la empresa, Bulent Mustafa, celebrando que no hubiera recibido “ni un centavo” de la indemnización. El texto, enviado por WhatsApp, incluía expresiones ofensivas que reflejaban no solo una falta de respeto, sino también un desprecio por la sentencia judicial: “I wish you had the balls of a real man to say it to my face… So go fck yourself”, escribió Mustafa.
A pesar del cierre, los mismos directivos reabrieron uno de los locales —ubicado en Millbank, cerca del Parlamento británico— bajo el nombre Artisan Fork. Aunque opera en la misma ubicación, con el mismo equipo y modelo de negocio, se constituyó como una empresa distinta, por lo que legalmente no tiene ninguna obligación de pagar las deudas de Crussh Retail Ltd.
No se trata de un caso aislado. La investigación del medio británico reveló que miles de trabajadores que ganan juicios laborales en Reino Unido no reciben lo que les corresponde, y en cientos de estos casos esto se debe a que las empresas son liquidadas antes de que puedan ser forzadas a pagar. El sistema permite que las compañías se disuelvan sin rendir cuentas a sus extrabajadores, incluso cuando estos han demostrado haber sido despedidos injustamente.
Crussh ya había pasado por una situación similar en octubre de 2024, cuando el tribunal ordenó pagar 20 mil libras a otra extrabajadora tras constatar que también había sido despedida de manera injusta. Poco después, la empresa volvió a declararse insolvente. Aunque no hay indicios formales de que estas insolvencias hayan sido deliberadas para evitar el pago de compensaciones, el patrón genera serias dudas sobre la capacidad del sistema para garantizar justicia.
En su momento de mayor expansión, la cadena operaba 34 locales y tenía presencia en supermercados, centros deportivos y empresas de catering. Sin embargo, tras la pandemia y la pérdida de importantes contratos, fue adquirida por un grupo de inversionistas liderado por Jason Collins, un empresario tecnológico vinculado a la firma Apogee, vendida en 2018 a Hewlett Packard por 380 millones de libras. La nueva administración dividió la operación en dos empresas: Crussh Retail Ltd, a cargo del personal y locales, y Healthier Tastier Foods Ltd, que gestionaba la cocina central. Esta última fue la primera en entrar en proceso de administración tras registrar pérdidas.
El proceso legal fue una experiencia agotadora para Raf. Pasó más de un año y medio enfocado en el caso, gastó más de mil libras en asesoría legal y contó con apoyo de organizaciones benéficas, pero realizó gran parte del trabajo solo. Estudió leyes, aprendió a interrogar testigos y enfrentó a abogados con experiencia, lo que le generó un cuadro de ansiedad generalizada. Comparó el estrés del juicio con la enfermedad terminal de su madre: “Fue un infierno absoluto… Nunca imaginé pasar por algo así”.
Si bien el sistema de insolvencias permite que el gobierno cubra parcialmente los montos adeudados, Raf solo pudo recuperar cerca de la mitad del dinero. El resto parece inalcanzable. En el proceso de liquidación, los directivos declararon una deuda cercana al millón de libras, pero solo 23 mil en activos líquidos. Las propiedades, equipos y contratos no figuran en los documentos de insolvencia, ya que pertenecían a sociedades subsidiarias creadas para cada sucursal.
Desde el ámbito político, figuras como Andy McDonald, exparlamentario a cargo de políticas laborales del Partido Laborista, han advertido sobre la urgencia de fortalecer el cumplimiento de las sentencias judiciales. McDonald señaló que lo ocurrido con Crussh refleja las enormes dificultades que enfrentan los trabajadores para hacer valer sus derechos, y propuso que los directores y dueños de empresas sean directamente responsables por el incumplimiento de fallos laborales.
“La idea de que empleadores, ubicados a metros del Parlamento, se nieguen a pagar lo que deben, debería reforzar la necesidad de tomar medidas urgentes”, declaró el exdiputado.
Para organizaciones como Free Representation Unit, que prestó apoyo a Raf, lo ocurrido representa una victoria parcial para el trabajador, pero una evasión total de responsabilidad por parte de la empresa. Su asesora legal señaló que este tipo de casos demuestra cómo los mecanismos existentes son insuficientes para proteger a quienes más lo necesitan.
Lejos de arrepentirse, Raf sigue convencido de que hizo lo correcto. Aunque amigos le sugirieron abandonar el caso, él eligió resistir: “Cada vez que uno siente que ha sido tratado de forma ilegal, debe levantarse y luchar por sus derechos”.
