El economista francés Gabriel Zucman ha sido convocado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para encabezar una iniciativa sin precedentes: diseñar un marco internacional que permita gravar de forma efectiva a los multimillonarios. El anuncio, publicado por El País en noviembre de 2025, marca un punto de inflexión en la política fiscal global y pone en el centro del debate una idea que Zucman considera no solo necesaria, sino ética y elemental.
El objetivo es claro. Según el encargo recibido por el economista, se trata de proponer un impuesto internacional que permita redistribuir las cargas fiscales de manera más equitativa, en un contexto donde las grandes fortunas han logrado eludir los sistemas tributarios nacionales mediante estructuras complejas y opacas. “No es una idea radical, sino el mínimo exigible”, señaló Zucman al medio español, subrayando que la evasión fiscal de los más ricos ha erosionado la legitimidad de los sistemas democráticos.
La desigualdad creciente y la baja tributación de los ultrarricos son el trasfondo político de esta iniciativa. Zucman, reconocido por su trayectoria en el estudio de la evasión fiscal y los paraísos fiscales, ha trabajado junto a líderes como Joe Biden y Emmanuel Macron. Ahora, con el respaldo institucional del Consejo Europeo, busca construir una propuesta concreta que pueda ser discutida a nivel internacional a lo largo de 2025.
Redistribuir la carga: el porqué del nuevo impuesto
El punto de partida es contundente: los multimillonarios actuales pagan, en proporción a su riqueza, menos impuestos que las clases medias. Esta situación no solo es regresiva, sino que mina la cohesión social. Para Zucman, el sistema fiscal actual es incapaz de dar respuesta a la concentración extrema de riqueza, y por eso propone una transformación estructural a escala global.
El economista plantea que, así como se ha logrado establecer un impuesto mínimo global para las grandes empresas —acuerdo alcanzado en 2021 con más de 140 países—, también es posible implementar un esquema similar para las grandes fortunas. La fórmula incluiría una tasa mínima efectiva, aplicada a partir de cierto umbral patrimonial, de forma que ningún multimillonario pueda escapar a la contribución fiscal.
“No hay ningún obstáculo técnico insalvable”, afirma Zucman. Según el economista, los principales desafíos son políticos, no técnicos. La resistencia proviene de la falta de voluntad de algunos gobiernos para confrontar los intereses del capital concentrado. No obstante, destaca que ya hay países —como Brasil o Colombia— interesados en promover este debate desde espacios multilaterales como el G20 o las Naciones Unidas.
Una propuesta global con foco práctico
El grupo que liderará Zucman trabajará con un enfoque técnico pero orientado a la acción. Su misión es presentar recomendaciones claras y operativas: tasas impositivas sugeridas, modelos de implementación, mecanismos de cooperación entre países, y posibles sanciones para quienes no se adhieran al marco.
Además, el informe contemplará cómo repartir la recaudación entre países, teniendo en cuenta tanto la residencia de los contribuyentes como la ubicación de sus activos. En otras palabras, se tratará de evitar que la riqueza fluya hacia jurisdicciones más laxas, fomentando una mayor equidad entre economías desarrolladas y en desarrollo.
Zucman también subraya que este nuevo impuesto no pretende reemplazar los sistemas nacionales, sino complementarlos. Su lógica es la de un “mínimo común denominador” que garantice que todos los multimillonarios contribuyan, al menos, con una fracción mínima de su riqueza al sostenimiento de los bienes públicos.
Un momento decisivo para la equidad fiscal
La coyuntura actual abre una oportunidad política única. La acumulación acelerada de riqueza en pocas manos, la sofisticación de las estrategias de evasión y el descontento ciudadano frente a la injusticia tributaria han generado un consenso creciente sobre la necesidad de reformar las reglas del juego. En este contexto, la propuesta de un impuesto global a los ultrarricos se presenta como una respuesta concreta y viable.
Aunque el camino será complejo, Zucman se muestra optimista. Considera que la arquitectura fiscal internacional está comenzando a cambiar, y que una política ambiciosa en este terreno podría marcar un antes y un después en la historia de la justicia fiscal global. El informe final del grupo será entregado en 2025, y su impacto dependerá de la capacidad de los gobiernos para transformar esas recomendaciones en acuerdos vinculantes.
