El problema de competitividad de la UE ha sido diagnosticado de manera equivocada al responsabilizar a los salarios y la regulación, cuando el principal obstáculo sería la caída de la inversión productiva, según informó el 30 de junio de 2026 la Confederación Europea de Sindicatos (Etuc), a partir de una investigación liderada por la economista Mariana Mazzucato y un equipo del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de UCL. El análisis examinó a las 300 mayores empresas no financieras que cotizan en bolsa en Europa, cuyas actividades representan alrededor del 40% del producto interno bruto del bloque.
El informe Labour Squeezed, Investment Stalled plantea que las políticas europeas han concentrado su respuesta en la moderación salarial, la flexibilización del mercado laboral y la desregulación. Sin embargo, sus resultados indican que el freno a la competitividad europea no provendría principalmente del costo del trabajo, sino de la forma en que las grandes compañías distribuyen y utilizan sus ganancias.
La investigación sostiene que las utilidades corporativas se han ido desconectando de la inversión en producción, innovación, productividad y empleos de calidad. En ese escenario, una mayor proporción de los beneficios empresariales ha sido destinada a dividendos, recompra de acciones y pagos a altos ejecutivos, mientras se debilita la reinversión necesaria para ampliar la capacidad productiva.
Capital detenido
Uno de los indicadores centrales del estudio es la caída de la inversión neta como proporción de las ganancias brutas. El porcentaje disminuyó desde un 18,9% hasta un 7,4%, una diferencia que refleja el menor volumen de recursos destinado por las compañías a fortalecer sus operaciones y sostener su crecimiento futuro.
Esta evolución se produjo mientras las ganancias brutas de las grandes empresas no financieras aumentaron un 151%. En el mismo periodo considerado por la investigación, las remuneraciones crecieron un 87%, casi la mitad del ritmo registrado por los beneficios corporativos. La comparación cuestiona la idea de que los salarios hayan sido el principal factor detrás de la pérdida de competitividad.
La brecha también se observa en la distribución de recursos hacia los accionistas. Como proporción de las ganancias netas, los dividendos y las recompras de acciones aumentaron desde un 27% hasta un 68%. Además, en el 69% de los casos analizados, las empresas que iniciaron procesos de reestructuración pagaron dividendos durante ese mismo año.
Estos antecedentes sitúan las decisiones de inversión y distribución de utilidades en el centro del debate sobre productividad, empleo y transformación empresarial. Para el informe, las reestructuraciones no pueden analizarse únicamente como respuestas inevitables a problemas de costos, debido a que en numerosos casos coexistieron con pagos a los accionistas.
El análisis describe este fenómeno como un avance del “capitalismo de renta”, un modelo en el que los ingresos dependen progresivamente de la propiedad de activos, posiciones financieras y poder de mercado, en lugar de la producción de nuevos bienes, servicios o capacidades. La consecuencia sería el tránsito desde una economía orientada a la creación de valor hacia otra enfocada en su extracción.
Ruta productiva
Frente a este escenario, la investigación propone que la recuperación de la competitividad europea debe basarse en un aumento de la inversión productiva y no en una reducción de salarios, derechos laborales o regulaciones. El objetivo sería volver a conectar las ganancias empresariales con la innovación, la productividad y la creación de empleos de calidad.
El informe también pone atención en el papel de los recursos públicos. Europa ha entregado 3,5 billones de euros en ayudas a las empresas, pero con escasas condiciones respecto del destino final de esos fondos. Para los autores, el apoyo estatal debería estar asociado a compromisos verificables en inversión, producción y trabajo de calidad, evitando que los recursos públicos terminen reforzando estrategias centradas principalmente en retornos financieros.
Esta propuesta supone revisar la relación entre el Estado y las compañías beneficiarias de apoyo público. En lugar de transferencias sin orientaciones claras, el estudio plantea dirigir el capital hacia objetivos económicos y sociales concretos, de manera que los riesgos asumidos colectivamente tengan resultados visibles en capacidad productiva, innovación y empleo.
Desde la perspectiva de la gestión de personas, los hallazgos muestran que la competitividad no depende exclusivamente de controlar los costos laborales. También está vinculada con las decisiones tomadas sobre reinversión, remuneraciones, reestructuraciones y distribución de ganancias. Reducir el espacio destinado a los trabajadores sin modificar la orientación del capital podría profundizar la pérdida de productividad que se busca resolver.
La principal conclusión es que salarios, regulación y protección laboral no deberían ser considerados obstáculos automáticos para el crecimiento. El desafío estaría en asegurar que las utilidades y los recursos públicos contribuyan a fortalecer la producción, la innovación y el empleo, en vez de quedar concentrados en mecanismos de extracción de valor que debilitan las capacidades de largo plazo de las organizaciones.
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